B) DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Con fecha 11 de marzo del presente año la Comisión de la UE a través de una Comunicación ha hecho pública la «Agenda de Justicia de la UE para 2020» [Documento COM (2014) 144 final , en adelante, la Comunicación ] por la que se establecen las grandes prioridades en materia de justicia para los próximos años. Una correcta valoración de conjunto sólo podrá hacerse con el documento que finalmente contenga el Plan de Acción, cuya definición y aprobación corresponde al Consejo Europeo (art. 68 TFUE). Por lo menos ese ha sido el modus operandi seguido en Programas anteriores. La presentación de esta Comunicación establece las orientaciones estratégicas en materia de justicia, ante la inminente expiración del anterior Programa de Estocolmo [ DOUE núm. C 115, p. 13, seguido de un Plan de Acción, véase «Garantizar el Espacio de Libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos», Documento COM (2010) 171 final, de 20 de abril de 2010] que a finales de 2014 toca a su fin. En un documento no muy extenso (apenas diez páginas), la Comisión hace una mirada retrospectiva destacando algunos de los logros alcanzados (2), y a continuación enfoca el futuro estableciendo como grandes objetivos fomentar la confianza mutua, la movilidad y el crecimiento económico (3) a partir de una serie de medidas (4) entre las que destaca una posible codificación en materia de conflictos de leyes (5 y 6).

Con carácter previo hay que resaltar dos elementos que llaman la atención en una primera lectura: uno es la alusión a una Política de justicia de la UE (p. 1 y en adelante) de reciente aparición, a mi conocimiento, y con fuertes resonancias federalistas al evocar una política común en materia de justicia llamada a coexistir con las estructuras de justicia de los Estados miembros; en efecto, aunque desde el Tratado de Lisboa de 2009 se anunciaba el establecimiento del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia como nuevo objetivo de la UE y espacio público diferenciado del Mercado interior (art. 3.2 TUE desarrollado en el Cap. 3 TFUE), la emergencia de una Política de justicia viene a reforzar la importancia del objetivo, al englobar bajo tal denominación el conjunto de medidas, actualmente en vigor y futuras, con las que se pretende avanzar en los parámetros de una mejor administración de la justicia siempre para relaciones transfronterizas. Este cambio terminológico no es pues baladí y nos sitúa ante objetivos más ambiciosos, como veremos. Otra cuestión que llama la atención es el anclaje de dicha Política de justicia en el contexto de la crisis económica y financiera que asola a la mayoría de los Estados miembros de la UE, y de ahí que las medidas a adoptar deban servir para sustentar la recuperación económica, el crecimiento y la lucha contra el desempleo (p. 5).

2. En su mirada hacia el pasado, y sin entrar en mayores concreciones, la Comisión entiende que se han hecho progresos significativos que se ordenan en torno a los tres ejes inspiradores de la Agenda de Justicia: (i) Refuerzo de la confianza mutua como base del espacio europeo de justicia, destacando en el ámbito de la justicia penal la introducción de normas mínimas comunes para los delitos transfronterizos; (ii) Contribución al crecimiento económico o, al menos, el apoyo a la recuperación económica se ha visto impulsado al facilitar el reconocimiento y la ejecución de las sentencias sin procedimientos intermedios; se esperan además las nuevas regulaciones en el ámbito de la protección de datos, la protección de los consumidores y una reforma de la normativa europea en materia de insolvencia, al tiempo que siguen vivas las negociaciones en orden al establecimiento de una Fiscalía Europea que tendría como principal función la lucha contra el fraude (pp. 3 y 4). (iii) La justicia para los ciudadanos es el tercer pilar sobre el que se quiere seguir construyendo: potenciar la ciudadanía europea, en tanto que la libre circulación de las personas forma parte de contenido esencial de dicho estatuto Y reducir los costes de los trámites administrativos en los Estados miembros ha sido otra de las realizaciones (p. 4). En conjunto, una visión autocomplaciente. La Comunicación no es más exacta ni aporta datos más concretos de los que se acaban de indicar, aunque resulta elocuente tanto en sus silencios como en algunas de las afirmaciones vertidas.

Así, parece inexacto afirmar que la reforma del Reglamento núm. 44/2001, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil , operada por el Reglamento núm. 1215/2012 (Bruselas I refundido) conlleve la supresión de los procedimientos intermedios. Como es sabido la reforma no ha culminado en la supresión del exequátur como se preveía en la Propuesta de revisión inicial de 2010. Sí es cierto que ni siquiera para obtener el efecto ejecutivo se exige una declaración previa de ejecutividad. Y esto porque se introducen tres medidas orientadas a facilitar aún más la eficacia extraterritorial de las resoluciones contempladas: se generaliza la presentación directa de la resolución a reconocer/ejecutar a la autoridad extranjera ante la que se pretende que surta efectos, desde una caracterización de la decisión como título ejecutivo; corresponde a la parte que se oponga invocar los motivos de oposición, que no han variado; por último, corresponde a cada Estado regular el procedimiento de oposición al reconocimiento y a la ejecución (véase A renas G arcía , R., «Del Reglamento Bruselas I al Reglamento Bruselas I bis», REDI , 2013, 2, pp. 379-380). Es probable que el objetivo haya sido y seguramente desembocará en la supresión del exequátur en muchos casos; pero no ha triunfado la opción metodológica favorable al reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en materia civil y mercantil objeto del Reglamento, que fue la posición inicialmente sostenida por la Comisión.

Tampoco es exacto anunciar la supresión de formalidades para reducir costes administrativos. La Comisión está anticipando la probable aprobación de la Propuesta de Reglamento  2013/0119 del PE y del Consejo, tendente a favorecer la libre circulación de los ciudadanos y las empresas simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, presentada el 24 de abril de 2013 [Documento COM(2013) 228 final], de modo que las autoridades de los Estados miembros tendrán la obligación de aceptar, tal cual, los documentos públicos expedidos por las autoridades de otros Estados miembros, incluyendo modelos uniformes; de igual modo, se da por hecha la transposición de la Directiva 2011/83, de 25 de octubre, sobre los derechos de los consumidores ( DOUE núm. L 304, de 22 de noviembre 2011, transposición en España por Ley 3/2014, de 27 de marzo, BOE núm. 76, de 28 de marzo 2014) .

En cambio, llama la atención la ausencia de toda mención a la Propuesta de Directiva del Consejo, relativa a la protección consular de los ciudadanos de la Unión en países terceros, de 14 de diciembre de 2011 [Documento COM (2011) 881 final]. Bien es cierto que por su finalidad, la protección consular de los ciudadanos sin representación en países terceros, tiene ante todo un valor simbólico hacia el exterior, aunque por su propia finalidad y las medidas contempladas, está lejos de contribuir al crecimiento económico; no habría que olvidar que es un derecho derivado de la ciudadanía de la UE y el único con proyección exterior; su aprobación opone a los países con servicios exteriores con amplia presencia en el mundo frente a países que carecemos de éstos, al albur por tanto de las negociaciones en el doble marco del Consejo y el PE.

3. La parte más interesante de la Comunicación tiene que ver con los retos o desafíos relacionados con los objetivos estratégicos 2015-2020, considerando la política de justicia como parte de la estrategia para el crecimiento económico. El horizonte está puesto en reforzar la confianza, la movilidad y el crecimiento en la UE . (i) Reforzar la confianza , entendida como la que se ha de establecer entre las autoridades nacionales, y en particular, respecto a la orden de detención europea y al ámbito del conflicto de leyes (p. 4). La llamada a promover la confianza desde arriba, es indicativa de una cierta crisis de un hipotético modelo inicial que, anclado en la idea de que la integración per se constituya un importante factor de impulso de la confianza entre autoridades nacionales, se ha mostrado insuficiente máxime tras una última ampliación que incorporaba a países sin tradición en el Estado de Derecho . En el momento actual fomentar la confianza forma parte de una estrategia más amplia dirigida a reforzar el Estado de Derecho como uno de los valores superiores del ordenamiento de la UE [véase Comunicación de la Comisión, relativa a «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho», cfr. Documento COM (2014) 158 final , de 11 de marzo de 2014 y Anexos, p. 1] y entre otros valores, la seguridad jurídica. Un elemento de impulso puede venir dado por la publicación anual del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE que, ofreciendo datos objetivos y muy interesantes comparativamente, pretende mejorar «la calidad, independencia y eficiencia como las principales cualidades de un sistema judicial efectivo» [cfr. Comunicación de la Comisión sobre «Cuadro de indicadores de la justicia en la UE», Documento COM (2013) 160 final, de 27 de marzo de 2013, p. 2]. En la Comunicación en análisis la Comisión propone una batería de medidas prácticas orientadas a promover una cultura judicial europea, algunas de las cuales ya se contemplaban en el Programa de Estocolmo, e incluso recogidas en el TFUE (art. 81 para la cooperación judicial en materia civil y art. 83 para la cooperación judicial en materia penal). (ii) Reforzar la movilidad de las personas , se levanta como la piedra angular de la integración europea por lo que es preciso contribuir a su desarrollo. (iii) Y, por último, reforzar el crecimiento desde el entendimiento que la política de justicia «debe seguir respaldando la recuperación económica, el crecimiento y la lucha contra el desempleo» (p. 5). La Política de justicia emerge aquí como parte de la estrategia para el crecimiento económico: deben acometerse «reformas estructurales [...] para asegurar la mejora del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales y la capacidad de respuesta para hacer efectivos contratos y litigios, como instrumentos en aras de esa finalidad económica» (p. 5). Sorprende que la justicia se vincule estrictamente al funcionamiento del mercado y no se configure como un objetivo del Estado de Derecho. El argumento económico juega un papel central en esta Comunicación , en la que la Comisión parece asumir que la diversidad jurídica incrementa los costes de transacción en las operaciones transfronterizas y opera como elemento disuasorio sobre consumidores y pequeñas y medianas empresas; no es la primera vez que la Comisión recurre a este argumento: fue utilizado a principios de siglo para defender la necesidad de proceder a algún tipo de unificación para el ámbito contractual [véase Comunicación Comisión de 2001 sobre Derecho contractual europeo, COM (2001) 398].

Confianza, movilidad y crecimiento aparecen como objetivos indisociables. ¿Se potencian mutuamente? En las relaciones jurídicas de contenido patrimonial, es sabido que en un área de integración supranacional ciertos cambios en materia de justicia fomentan la movilidad y desde ahí el crecimiento económico: reglas de competencia judicial internacional predecibles, normas de conflicto uniformes y libertad para escoger el derecho aplicable y el tribunal competente son esenciales para promover el desarrollo económico (véase G arcimartín A lférez , F. J., «Regulatory Competition: A Private International Law Approach», European Journal of Law and Economics , 8, 1999, pp. 251-270). Por poner un ejemplo, el fabricante de azulejos español puede optar entre vender su producto dentro de España o buscar compradores en los demás Estados miembros. Para asumir el riesgo de comerciar en la UE, el fabricante español necesita saber de antemano cómo y dónde reclamar el pago en caso de impago, qué garantías tiene (p. ej., embargo) en caso de triunfo en el litigio en el extranjero, cómo podrá hacer efectivo el pago, etc. Esta dosis de previsibilidad (seguridad jurídica) resulta esencial para incrementar los movimientos en el mercado interior y explica toda la intervención europea en el ámbito procesal ya desde sus orígenes. Visto así, es evidente que el desarrollo de instrumentos de DIPr contribuye al crecimiento económico. No resulta tan evidente que la unificación de reglas de DIPr fomente las relaciones jurídicas transfronterizas de contenido personal: el hecho de que exista un Reglamento en materia de sucesiones o de ley aplicable al divorcio no condiciona la movilidad intraeuropeas; sin embargo, habrá que aceptar que tales movimientos de personas multiplican los conflictos de leyes en la esfera personal y familiar con importantes derivaciones económicas, por lo que es preciso cuando menos articular un sistema de respuestas que evite las soluciones jurídicas contradictorias.

4. Para responder a los retos señalados, hay medidas continuistas y nuevas medidas. La Comisión pretende desarrollar una acción normativa en tres planos o conjugando tres verbos: Consolidar, codificar y complementar , en un contexto, en el que el DIPr, eventualmente codificado, está llamado a ocupar una posición central. Para Consolidar , la Comisión avanza una serie de medidas que deberían proyectarse en las situaciones transfronterizas, algunas novedosas y otras pendientes en la agenda desde hace años: promover la aplicación efectiva de la Carta Europea de Derechos fundamentales como también en las normas de desarrollo, haciendo particular hincapié en los derechos de las minorías y los de las personas más vulnerables como los niños o las personas con discapacidad; garantizar el derecho de acceso a los tribunales y fomentar en los Estados miembros el recurso a los medios alternativos de arreglo de controversias, como la mediación, el proceso europeo de escasa cuantía o la orden europea de retención de cuentas. Otras sugerencias van especialmente dirigidas a las autoridades nacionales encargadas de la aplicación del Derecho, tanto para recabar una cooperación más intensa que puede resultar esencial para la eficacia de ciertos derechos (p. ej. los derivados de la protección de datos), como para potenciar la formación de autoridades y todos los profesionales del Derecho de la UE, a cuyo fin, la Comisión recuerda el Programa financiero Justicia 2014-2020; recuerda la utilidad del recurso a las tecnologías de la información y la existencia de instrumentos como el portal E-justice o la probable interconexión de registros nacionales (de propiedad, civil, insolvencia y últimas voluntades), plataformas sin duda muy útiles para el acceso a la información contenida en los registros de los Estados miembros; finalmente, Eurojust y la creación de una Fiscalía Europea, son piezas centrales en la persecución de la delincuencia transfronteriza y el fraude.

5. Es en este punto donde cabe preguntarse sobre el sentido y función de un Derecho internacional privado uniforme en la UE. Para alcanzar los tres retos señalados puede ser igualmente necesario codificar «la legislación y las prácticas vigentes», operación que «podría facilitar el conocimiento, la comprensión y el uso de la legislación, mejorar la confianza mutua, así como la coherencia y la seguridad jurídica» (p. 8). Esta perspectiva de codificación se proyecta sobre el Derecho de los consumidores, el Derecho penal y sobre el Derecho civil y mercantil, comprendiendo los conflictos de leyes; respecto de éstos se afirma literalmente que «la UE debe estudiar la conveniencia de codificar los instrumentos vigentes, sobre todo en el ámbito del conflicto de leyes» (p. 9) sin mayor concreción.

En este punto la Comunicación debe leerse junto con el Informe sobre la No - Europa relativo a un « Código europeo de Derecho internacional privado » ( PE 594.468 CoNE/2013), en el que el Parlamento Europeo expresa su preocupación por «el peso económico y social de los costes imputables a la protección incompleta de los derechos de los ciudadanos que soportan del hecho ( sic ) de la ausencia de disposiciones comunes de Derecho internacional privado a nivel de la Unión »; en dicho Informe se examinan asimismo los costes vinculados a la complejidad del marco del DIPr actualmente en vigor, vistas las repeticiones y dispersiones (cit. p. 5), para cifrar el coste de la no Europa en 135, 71 millones de euros por año (curioso sería averiguar el proceso por el que se cuantifica el coste de la no Europa para decidir si las cifras se aproximen a la realidad) y veinte millones de ciudadanos europeos (3,2 por 100) afectados por la ausencia de un DIPr no armonizado. El Informe alerta sobre una cierta preocupación común a ambas instituciones y una voluntad implícita de proseguir por la senda de la articulación de un DIPr común a los Estados miembros.

Desde esta perspectiva institucional se está clarificando enormemente la posición del DIPr como herramienta al servicio de la integración y parecen superadas antiguas discrepancias entre ambas instituciones. Baste recordar las encontradas posiciones institucionales manifestadas a principios del siglo, cuando el Parlamento Europeo y la Comisión tampoco hallaban un punto de encuentro. No era evidente la posición del DIPr en el ordenamiento de la UE o incluso la función a desempeñar como técnica de solución de los conflictos en las relaciones transfronterizas. Así, el Parlamento que, en su Resolución de 15 de noviembre de 2001, daba por finiquitado al DIPr al afirmar que «el Derecho internacional privado ya no es un instrumento adecuado para el mercado interior europeo, que ya está muy integrado» y se mostraba favorable a un derecho uniforme [«crear un ordenamiento jurídico común en vez de aplicar distintas normativas nacionales o internacionales», cfr. documento COM (2001) 398, pp. 11-14]. Contrastaba ésta con la expresada por la Comisión en su Comunicación sobre «un Derecho contractual europeo más coherente» , de 12 de febrero de 2003, defendiendo que «el papel de las reglas de Derecho internacional privado sigue siendo fundamental porque determinan la aplicación de dichos instrumentos cuando se eligen como la legislación aplicable al contrato» (cfr. DO , núm. C 63, de 15 de marzo de 2003, apdo. 13).

Parece superfluo recordar hoy la aceleración experimentada por el DIPr de la UE desarrollado a partir del art. 65 del Tratado de Ámsterdam particularmente en el ámbito del conflicto de leyes, que se ha ido sumando a los instrumentos procesales vigentes, generales y especiales (p. ej., el Reglamento núm. 1346/2000 sobre insolvencia). Sobre la base del Programa de La Haya, adoptado por el Consejo en 2004, y ulteriormente por el Programa de Estocolmo, de 2009, se han desarrollado los reglamentos relativos a obligaciones no contractuales (Reglamento núm. 864/2007), contractuales (Reglamento núm. 593/2008), a obligación de alimentos (Reglamento núm. 4/2009), ley aplicable al divorcio (Reglamento núm. 1259/2010) y sucesiones (Reglamento núm. 650/2012), estando pendiente el correspondiente a regímenes matrimoniales [Propuesta de la Comisión de 16 de marzo de 2011, documento COM (2011) 126 final] y sobre efectos patrimoniales de las parejas registradas [Propuesta de la Comisión de 16 de marzo documento COM (2011) 127 final]. Complementariamente, la Propuesta de Reglamento sobre aceptación de los documentos públicos extranjeros emitidos por autoridades de Estados miembros, de 24 de abril de 2013, arrojan un cuadro que, al tiempo que es enorme el impacto de toda esta regulación sobre los operadores económicos y sobre el ciudadano, es muy escaso el margen de intervención del legislador nacional.

Esta evolución tiene todo el sentido. Se dijo que «para prosperar, todo espacio económico necesita en el plano jurídico la certeza de la regla aplicable» [cfr. S chockweiler , F., «La codification du Droit International privé dans la Communauté Européenne» (ed. Borrás . A. et al. ) E Pluribus Unum. Liber Amicorum G.A.L. Droz , Kluwer, 1996, p. 391; G arcimartín A lférez , F. J., «The Rome II Regulation: On the way towards a European Private International Law Code», The European Legal Forum , 3, 2007, p. 77]. El origen de la cristalización de un DIPr común a los Estados miembros tiene que ver con una aproximación a las divergencias normativas conflictuales y procesales entre los Estados miembros como elementos que pueden distorsionar el funcionamiento del mercado si constituyen obstáculos a la libertad de circulación de las personas, por lo que era necesario proceder a su coordinación (cfr. B etlem , G. y H ondius , E., «European Private Law after the Treaty of Amsterdam», ERPL, 1, 2001, pp. 3-20, p. 9; B asedow , J., «Codification of Private Law in the European Union: the making of a Hibrid», ERPL , 1, 2001, pp. 35-49, p. 46). Así las normas de DIPr europeo están orientadas y tienen como principal función facilitar la realización de las libertades o, dicho de otro modo, están llamadas a facilitar la permeabilidad de las fronteras nacionales de los Estados miembros perseguida por las libertades fundamentales (cfr. B asedow , J., «Spécificité et coordination du droit international privé communautaire», Travaux Comité fr. Dr. Int. Pr ., 2002-2004, París, 2005, p. 280). El valor libertad de circulación es el valor central (y juega también como valor subyacente en la interpretación de las normas nacionales de DIPr que se proyecten sobre este ámbito, cfr. G onzález B eilfuss , C., «Relaciones e interacciones entre Derecho comunitario, Derecho internacional privado y Derecho de familia europeo en la construcción de un espacio judicial común», AEDIPr , t. IV, 2004, pp. 117-186, p. 165).

Un DIPr de factura europea cumpliría las siguientes funciones: 1.º En el interior de la Unión resulta un instrumento determinante en orden a asegurar la continuidad de las relaciones jurídicas de Derecho privado sin necesidad de actuar sobre las diferencias normativas materiales. 2.º Sirve para predecir la regla aplicable y de ahí, a la seguridad jurídica. 3.º Sirve para evitar el forum shopping y que el litigante más avezado saque ventaja de su posición. 4.º Por último, todo ello redunda, en definitiva, en la tutela judicial de los derechos de las personas, como se deriva del mandato el art. 67.4 TFUE.

6. Puede preguntarse así si nos hallamos en un camino hacia un Código europeo de Derecho internacional privado. Si nos detenemos sobre los desarrollos normativos alcanzados o en proceso de elaboración, en el momento actual cabe afirmar, por una parte, que la unificación de normas de DIPr ya no está estrictamente subordinada a las exigencias del mercado interior (art. 81.1 TFUE) y, por otra, que una cierta codificación europea del DIPr ya está en marcha, aunque muy dispersa y sectorializada, dificultando así la identificación de las reglas pertinentes. El panorama ya era muy fragmentado a finales de los años noventa por la emergencia de normas de conflicto especiales en actos de Derecho derivado (véase S chockweiler , F., cit.). Pero si se analiza con detenimiento, lo cierto es que esta unificación sectorializada y dispersa del DIPr presenta inconvenientes derivados de la concurrencia de instrumentos internacionales (p. ej., los elaborados en la Conferencia de La Haya), faltando mecanismos fáciles de coordinación entre éstos; y cierto es también que estamos asistiendo a un cambio en la técnica de codificación, dado que se ha abandonado una técnica por la que el legislador operaba en una suerte de bifurcación entre la dimensión procesal (p. ej., Reglamentos Bruselas I y Bruselas II) y la dimensión del Derecho aplicable (p. ej. Reglamentos Roma I y Roma II), en favor de una técnica que involucra ambos planos e incluso agrega la cooperación entre autoridades (p. ej., Reglamento núm. 650/2012). Es una opción, claro, cuyas ventajas no es lugar éste para entrar a valorar; pero sí importa destacar que conlleva una aceleración del ámbito de intervención de la Unión de modo que en un tiempo razonable prácticamente se habrá unificado todo (véase C zepelak , M., «Would we like to have a European Code of Private International Law?», ERPL , 2010, pp. 705-728, p. 719).

La reflexión a la que invita la Comunicación en análisis parte de esta realidad y apunta un nuevo reto: proceder a una codificación del DIPr de la UE. Tal vez la mejor opción sea proceder a una codificación general del DIPr o, al menos, nos parece una buena opción a quienes no podemos ser nostálgicos de una legislación estatal o de una jurisprudencia nacional sobre la que se haya construido un sistema de soluciones generales. De ahí que tal vez tampoco sea causal que la crítica doctrinal sólida y contraria a la acción normativa de la Unión en el ámbito del conflicto de leyes, proceda de países con una fuerte tradición en la solución de los conflictos de leyes con base judicial (por citar alguno, McE leavy , P., «The Brussels II Regulation: How the European Community has moved into Family Law», ICLQ, 51, 2002, pp. 883-908, p. 897; G audemet T allon , H., «Quel Droit international privé pour L Union Européenne?», International Conflict of Laws for the Third Millennium. Essays in Honour of Friedrich K. Juenger , 2001, pp. 319-337), aunque sus argumentos hoy pierden fuerza ante las nuevas realidades.

7. Quedan por despejar importantes incógnitas. Para empezar, qué se va a entender por codificación. La Comunicación es confusa en este punto, al aludir a la codificación «de la legislación y las prácticas vigentes» (p. 8). Parece evidente que se pretende superar la actual situación de dispersión y probablemente abandonar el método del paso a paso . Podría traducirse en tres opciones alternativas. Cabe entender que realmente se pretende una c onsolidación de lo existente, que consistiría en una compilación o sistematización de lo existente (siguiendo a Czepelak , M., cit., p. 724), bien general, bien por materias (por ejemplo, «Familia» o «Matrimonio y divorcio»). Con independencia de que pese al carácter únicamente sistematizador se pueda incorporar alguna reforma, así como las distintas normas especiales dispersas en instrumentos de Derecho derivado e incluso sentencias cruciales del TJUE. Ahora bien, dicha opción sería inadecuada por insuficiente: sistematizar lo existente no dejaría de ser una regulación incompleta (p. ej., ¿ quid de la aplicación del Derecho extranjero?), propensa a las lagunas y a soluciones contradictorias, resultantes por ejemplo de nociones abiertas (p. ej., residencia habitual).

Cabría orientar los trabajos hacia una codificación general del DIPr que sería bienvenida por algunos autores [véase C zepelak , M., cit., pp. 709 y 727; G arcimartín A lférez , F. J., cit.; B asedow , J., «The Communitarisation of Private International Law», Rabels Z , 73 (2009), p. 455], que adoptaría la forma de un Código europeo de Derecho internacional privado , fórmula por la que asimismo se decanta el Parlamento Europeo (cfr. «Rapport sur le coût de la non-Europe», PE 504.468, p. 11). Ya existen ensayos importantes en la doctrina [véase F allon , M., L agarde , P. y P oillot P eruzzetto, S. (eds.), Quelle architecture pour un code européen de droit international privé ?, Bruselas, ed. Peter Lang, 2011, especialmente L agarde , P., «En guise de synthèse», pp. 365 ss.]. Ello requiere un doble proceso, de revisión de lo existente y de formulación de normas nuevas, esto es, una tarea de reflexión mucho más amplia y compleja, al menos sobre los siguientes planos:

(i) Sería posible dar por asumido que por el ámbito espacial y personal no sería un DIPr interlocal para las relaciones privadas intraeuropeas sino un verdadero DIPr universal, visto que esa ha sido la técnica seguida en todos los Reglamentos, superando viejos temores (cfr. P ocar , F., «La comunitarizacione del Diritto internazionale privato: Una European Conflicts Revolution?», Riv. dir. int. p. e p ., 2000, p. 883).

(ii) No es difícil adivinar la presencia de los distintos métodos o técnicas de reglamentación típicas de DIPr (véase de M iguel A sensio , P., «Conflictos de leyes e integración jurídica: Estados Unidos y la Unión Europea », AEDIPr, tomo V, 2005, pp. 43-102, espec. 81-83), en un escenario en el que la norma de conflicto bilateral está llamada a ocupar un lugar preponderante, al ser ésta la única metodología adecuada para mantener la unidad (en la técnica de solución) y la diversidad (material). Las normas de conflicto uniformes preservando la diversidad material de las legislaciones nacionales (como impone el art. 67.1 TFUE), ofrecen el valor añadido de someter el litigio transfronterizo a criterios de solución comunes a los Estados miembros contribuyendo a la uniformidad, y previsibles, máxime si el criterio de conexión es la autonomía de la voluntad. Facilitan el conocimiento previo del Derecho aplicable (cfr. K ohler , Ch., «Lo Spazio giudiziario europeo in materia civile e il diritto internazionale privato comunitario», Diritto internazionale privato e Diritto comunitario. A Cura di Paolo Picone , Milán, Cedam, 2004, pp. 65-94, p. 80). Junto a esta técnica de reglamentación en los instrumentos gestados, excepcionalmente conviven normas materiales especiales y normas unilaterales que permiten, estas últimas, asegurar los imperativos del proceso de integración en las situaciones vinculadas con países terceros (cfr. G onzález C ampos , J. D., «Diritto privato uniforme e Diritto internazionale privato», Diritto Internazionale Privato e Diritto comunitario. A cura di Paolo Picone. Milán, Cedam, 2004, pp. 33-64, p. 50). Pues bien, son imaginables dos modelos de regulación. Tanto la posibilidad de designar el derecho de un país tercero por el carácter universal de los Reglamentos mencionados, como la acción de estas reglas unilaterales en situaciones vinculadas con países terceros, evocan un primer modelo de regulación abierto hacia el exterior. Esta tendencia se mantiene invariable en los Reglamentos más recientes por cuanto que la determinación del Derecho aplicable opera sobre el carácter universal de las soluciones (así, Reglamento núm. 4/2009 en materia de obligación de alimentos; Reglamento núm. 1259/2010 en materia de ley aplicable al divorcio y a la separación judicial).

Cabría pensar en un segundo modelo de regulación expresivo de una dualidad por la que se combinarían normas de conflicto uniformes con el mandato de reconocimiento de la decisión en un Estado miembro distinto del que la dictó (o principio de reconocimiento mutuo), siendo este segundo método particularmente adecuado para asegurar el reconocimiento en un contexto de fuertes movimientos migratorios; es tal vez el modelo emergente en el Tratado de Lisboa (art. 81 TFUE). Por vía de consecuencia sería un modelo igualmente abierto hacia el exterior, pero sobre todo muy potente en las relaciones intraeuropeas cada vez que los interesados opten por obtener la eficacia extraterritorial de la decisión dictada en un Estado miembro, utilizando la decisión «certificada» y por ello susceptible de reconocimiento mutuo en los demás Estados miembros (seguido en el Reglamento 650/2012 en materia de sucesiones). Para los particulares fomenta la seguridad jurídica. Para las autoridades el hecho de que el tribunal en origen haya conocido conforme a reglas conflictuales uniformes contribuye a facilitar la eficacia extraterritorial de la «certificación» y sus efectos en el país requerido (en este sentido el Considerando 24 del Reglamento 4/2009). A más uniformidad más posibilidades de mutuo reconocimiento en los demás Estados miembros. Si el Espacio de justicia europeo se vertebra en torno a este eje, el reconocimiento mutuo complementaría al método conflictual.

Sin embargo, no parece tan clara la proyección del principio de reconocimiento mutuo tal cual. La obligación de reconocimiento que de él se deriva, conduce a las autoridades del Estado requerido a renunciar a sus propias concepciones y a dar efecto a una realidad constituida fuera. Es por esto que tal vez esté condenado a ocupar un lugar secundario, a menos que se acompañe de cláusulas de orden público, dado que sólo opera correctamente sobre ámbitos materiales armonizados (ejemplo paradigmático, en la Directiva 2000/31, de 8 de junio, sobre el comercio electrónico).

(iii) Será insoslayable un tratamiento unitario de los llamados problemas generales y, desde esta perspectiva, tres de éstos pueden mostrarse muy resistentes a todo intento codificador: la calificación, la aplicación del Derecho extranjero y el alcance de la cláusula de orden público. Su regulación en un futuro Código europeo de DIPr requiere un acuerdo técnico sí, pero en cierto modo también político, dado que los tres expedientes están llamados a enfrentar dos o más sistemas jurídicos y sus concepciones materiales eventualmente contrapuestas. Creo que no hay que olvidar que la primera propuesta de reglamento sobre ley aplicable al divorcio, presentada en 2006, fracasó, entre otros motivos, por la inflexible posición sueca ante la posibilidad de que en un proceso planteado ante sus autoridades, la ley rectora designada por las normas de conflicto uniformes condujera a la aplicación de un derecho material que pusiera en peligro la liberal concepción de la familia característica de aquel sistema, privando del acceso a la misma a ciudadanos suecos o a extranjeros residentes. De hecho, el Reglamento finalmente adoptado lo fue por el procedimiento de cooperación reforzada (H erranz B allesteros , M., «Régimen jurídico de las crisis internacionales y Derecho aplicable: el Reglamento (UE) núm. 1259/210, del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial», RDUE , núm. 22, 2012, pp. 43-63), dejando además importantes espacios a la intervención de las concepciones nacionales (véase G uzmán , M., «Divorcio, matrimonio y ciertas diferencias nacionales: a propósito de su tratamiento en el art. 13 del reglamento Roma III» (eds. E splugues, C. y P alao , G.), Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber Amicorum José Luis Iglesias Buhigues , Valencia, Tirant lo Blanch, 2012; pp. 521 y ss.). Pues bien, llegados a este punto, parece inevitable la falta de coincidencia en sede de derechos fundamentales o lo que es igual, el proceso de integración no conlleva la exacta coincidencia entre ordenamientos. En la práctica y en los supuestos de discrepancia habrá que ver cómo juega la previsión de «respeto [...] a los distintos sistemas y tradiciones jurídicas de los estados miembros» proclamada por el art. 67.1 TFUE como principio y eje vertebrador del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Al Tribunal de Justicia de la Unión corresponderá en última instancia establecer sus contornos.

(iv) Por último, otro tipo de dificultades se vislumbran en clave política e incluso idiosincrásica. Para los operadores en sistemas jurídicos de common law una codificación poco o nada tiene que ver con su forma de crear y aplicar el Derecho (véase las interesantes observaciones de McE leavy F iorini , P., «Qu il y a t il en un nom? Un vrai code pour le droit international privé européen», Quelle architecture..., cit . pp. 41-43), por lo que no hay que esperar interés y menos aún apoyo alguno por su parte, a quienes finalmente y aunque no sea una solución deseable, siempre les quedará la opción de no entrar (no opt in) . Y es que tal vez sea ésta la era de la descodificación, como nos enseñara N. Irti. Además, un Código europeo de DIPr puede cerrar el paso a las revisiones periódicas a las que están generalmente sometidos los Reglamentos de última generación; es cierto que estas revisiones provocan una sensación de inestabilidad, pero aportan la ventaja de abrir periódicamente la posibilidad de revisar las normas que no han funcionado o de adecuar la regulación a nuevas realidades.

Un código puede «petrificar», como se ha dicho, las soluciones. Pero introduciría enormes ventajas. Más allá del valor simbólico de cualquier proceso codificador, supondría una contribución a la sistematización de las normas de DIPr, redundando en beneficio de todos los operadores, particulares y empresas interesadas así como en todos los profesionales del Derecho. Al incrementar la transparencia se facilita el acceso a su conocimiento y por ende, la seguridad jurídica.

1. Sobre las reuniones del Consejo se ha informado puntualmente en esta Revista desde hace ocho años, cuando tuvo efecto la reforma de la Conferencia. Precisamente a las consecuencias de tal reforma y a los problemas financieros de la Organización (entre ellos, los que han conducido a que partir de 7 de julio la Oficina Permanente se haya trasladado a Churchillplein 6B, 2517 JW Den Haag) se dedicó una parte importante de la reunión, aspectos de los que se prescinde en la presente nota que se dedica, esencialmente, a los trabajos futuros de la Organización en materia de Derecho internacional privado stricto sensu . Se prescinde igualmente de la importante tarea desarrollada por la Conferencia de La Haya en el seguimiento ( monitoring) de los Convenios y, en particular, de aquellos que comportan cooperación de autoridades, tanto en materia procesal como en materia de protección de niños. Se prescinde también de la referencia a la actividad de la Oficina Permanente para prestar servicios de asistencia técnica a los Estados que la necesitan para la implementación de los Convenios.

2. Presidió la reunión el Sr. Antti Leinonen (Finlandia). Todos los documentos de la reunión, que incluyen 14 documentos preliminares y cuatro documentos de información, además de las conclusiones, pueden encontrarse en la página web de la Conferencia, http://www.hcch.net .

En la primera parte de la reunión, el Secretario General dio cuenta de las actividades desarrolladas por la Conferencia desde la reunión anterior del Consejo. Presentó en primer lugar el Informe anual correspondiente a 2013 . A continuación se centró en una serie de cifras que muestran que un total de 143 Estados están involucrados en los trabajos de la Conferencia, bien como miembros, bien como partes en algunos Convenios. Como viene siendo habitual, durante la celebración del Consejo se procedió al depósito de diversos instrumentos. Lo más interesante desde una perspectiva española, es el depósito del instrumento de aprobación por la Unión Europea del Convenio de La Haya de 2007 en materia de alimentos, que se aplicará a partir del 1 de agosto de 2014.

También se hace referencia a diversas publicaciones, entre las que cabe destacar el volumen conteniendo las actas y documentos sobre el proyecto en materia de sentencias desde 1992 (que constituye el vol. II de la XX Sesión de la Conferencia), lo que constituirá un importante instrumento de trabajo para el futuro si el tema continúa adelante, como se verá después. Merece también señalarse que, además de los informes explicativos a los diferentes Convenios, proliferan en los últimos tiempos diversos textos que pretenden ayudar a los aplicadores de los Convenios. Existe un riesgo evidente de que puedan existir contradicciones con el propio texto convencional, con el informe o con conclusiones de Comisiones Especiales. Planteado el tema desde hace tiempo, en esta ocasión simplemente se ha decidido que deberán aprobarse por el Consejo los manuales sobre la aplicación práctica del Convenio en materia de notificaciones y de obtención de pruebas que van a aparecer próximamente.

3. Se entra a continuación a examinar aquellas materias en las que se han realizado trabajos durante el año transcurrido desde la última reunión y que deben conducir a tomar una decisión sobre su continuación.

A) El Prof. D. Günsberger, presidente del Grupo de trabajo que ha preparado los principios en materia de elección de la ley aplicable a los contratos comerciales internacionales y su comentario (y del que forma parte el Prof. F. J. Garcimartín), presenta el Documento preliminar núm. 6, que contiene los resultados de los trabajos realizados durante el año para elaborar el comentario que debe acompañar a los principios, que han sido objeto de observaciones por parte de los Estados. El hecho de que se trate de la primera vez que la Conferencia de La Haya elabora un texto de Soft Law plantea dudas en relación al procedimiento a seguir para su aprobación final, tratándose en todo caso de tenerlo en breve plazo para mandarlo a UNCITRAL y que se pueda disponer de ellos no sólo en las lenguas de la Conferencia.

Aunque con algunas reticencias por parte de Estados Unidos en relación al comentario, la gran mayoría de participantes se mostró favorable a la aprobación rápida del texto y el comentario, sin necesidad de celebrar una Comisión Especial, si bien el procedimiento resulta un tanto complejo (Conclusión núm. 2). Habiéndose celebrado la última reunión del Grupo de trabajo los días 27 y 28 de enero de 2014, se invita a los participantes a formular observaciones a las modificaciones realizadas en el comentario después de esa fecha antes del 31 de agosto de 2014, teniendo en cuenta que no se trata de observaciones en cuanto al fondo. Estas observaciones serán examinadas entonces por el Grupo de trabajo, que preparará el texto final, que se someterá a aprobación en el marco de un procedimiento escrito, sin tener que esperar al Consejo de 2015.

B) En relación al tema de las cuestiones de Derecho internacional privado relativas al estatuto de los niños, incluidas las cuestiones que surgen como consecuencia de los contratos internacionales de maternidad por sustitución, se trata de un tema muy sensible que depende de cada país y de sus tradiciones culturales y religiosas, lo que produce una gran división en las opiniones al respecto. En esta ocasión, se presentaron tres documentos (Doc. Prel. 3A, 3B y 3C), conteniendo los resultados del cuestionario que se acordó circular el año pasado y el informe presentado por la Oficina Permanente sobre la posibilidad y la oportunidad de tratar este tema. Aunque hay un notable apoyo a la continuación de los trabajos, no parece viable aún decidir emprender la preparación de un instrumento, por lo que la decisión es que la Oficina Permanente continúe sus trabajos y trate de obtener respuesta al cuestionario de aquellos Estados que mayormente participan en tales acuerdos, posponiendo la adopción de una decisión y la constitución de un grupo de expertos hasta el Consejo de 2015.

C) De acuerdo con el mandato recibido en el año anterior, el Grupo de Expertos sobre reconocimiento y ejecución de medidas civiles de protección ordenadas en el extranjero se reunió los días 12-13 de febrero de 2014 y presentó el correspondiente informe (Doc. Prel. 4A). En este caso, la Unión Europea resaltó la importancia del Reglamento 606/2013, de 12 de junio, sobre el reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, que se aplicará a partir de 11 de enero de 2015 y, por tanto, entiende que hay que esperar a ver la experiencia de su aplicación. Por otra parte, se destacan las grandes diferencias existentes entre los Estados, por lo que se plantean dudas sobre la idoneidad de la Conferencia de La Haya para tratar de este tema, ya que, para ser eficaz, se han de tratar los aspectos civiles y penales. De ahí que en esta materia se considere que es necesario seguir obteniendo información sobre el perfil de los Estados (Doc. Prel. 4B) y, en su caso, se proceda a una nueva reunión del Grupo de expertos.

D) La continuación de los trabajos sobre reconocimiento y ejecución de los acuerdos en las disputas internacionales relativas a los niños fue una cuestión bastante debatida. El Grupo de expertos (del que forma parte la Prof. Cristina González Beilfuss) se reunió los días 12 a 14 de diciembre de 2013, conteniéndose sus conclusiones en el documento preliminar núm. 5. La Unión Europea se mostró favorable a la iniciativa, que mejoraría el funcionamiento de los Convenios de La Haya de 1980 y de 1996. La Unión Europea se manifiesta favorable a tener un instrumento de alcance mundial, mientras que Estados Unidos duda sobre la necesidad de tal instrumento. En esta situación, la Oficina Permanente deberá circular un cuestionario y, en su caso, reunir al Grupo de expertos para poder decidir en 2015 sobre la oportunidad y viabilidad de preparar un instrumento en la materia.

E) La continuación del proyecto sobre sentencias constituye un tema conflictivo y, como se ha dicho reiteradamente, se considera que la continuación del proyecto es prematura, pues se dedicaron mucho tiempo y esfuerzo que no fructificaron en momento relativamente reciente, desde 1992 a 2002. En este caso debe decirse que, tras la reunión del Consejo del año pasado, se decidió suspender la actividad del Grupo de expertos que se tenía que encargar de la elaboración de reglas de competencia directa, incluyendo normas en materia de litispendencia ( parallel proceedings ), entendiendo que sólo procedería continuar cuando hubieran avanzado los trabajos del otro Grupo de expertos, que se ocupa de preparar disposiciones en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias, incluyendo lo que se denominan jurisdictional filters (o reglas de competencia judicial internacional indirectas).

En el mes de agosto, la Oficina Permanente circuló un documento sobre la situación del proyecto, a la vez que se hacían una serie de consultas informales sobre las posibilidades de éxito, vinculándolo también a la ratificación del Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro. Como resultado de lo anterior, se reunió el Grupo de expertos los días 12-13 de febrero, cuyo resultado fue calificado como positivo y se refleja en el documento preliminar núm. 7. En efecto, en dicha reunión Estados Unidos tuvo una posición algo más positiva en relación al proyecto, después de muchas consultas internas. En las conclusiones de la reunión de febrero se indican algunas materias (como daños, class actions, propiedad intelectual, etc.) en que podría avanzarse y, a tal fin, se prevé que, además de los contactos por teléfono o video-conferencias, el Grupo de expertos se reúna dos veces durante este año para informar al Consejo de 2015. Aunque la conclusión del Consejo (núm. 6) parezca bastante vaga, no pudo irse más allá por la posición de Estados Unidos, pese a que para la Unión Europea y para otros Estados, como Rusia, este proyecto es la piedra angular ( cornerstone) de los trabajos futuros de la Conferencia. Puede señalarse, en todo caso, que se destaca el hecho de que se recoge la idea del Grupo de expertos, que sugirió un plan para elaborar un Convenio en la materia.

Vinculado a este tema, ya que con ello se pretende dar impulso a este proyecto, debe situarse el de la aplicación del Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro, ya que fue firmado por la Unión en la reunión de 2009, pero falta la aprobación por la propia Unión, que ha anunciado que podría hacerlo durante el año 2014, para que entrara en vigor a la vez o en fecha próxima a la del Reglamento Bruselas I refundido.

F) En el Consejo de 2012 ya presentó la Asociación Americana de Derecho internacional privado (ASADIP) un proyecto sobre la cooperación en materia de protección de los turistas y visitantes extranjeros, reiterándolo formalmente Brasil en 2013, pero sin disponer de tiempo para discutir la propuesta. En esta ocasión, nuevamente presentaron la propuesta (Doc. prel. núm. 13 y Doc. Inf. núm. 4), que fue apoyada por los demás países de América Latina. Por el contrario, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza y otros manifestaron sus dudas sobre la idoneidad de la Conferencia de La Haya para tratar de este tema, considerando más adecuado que se hiciera en el seno de la Organización Mundial de Turismo que, de momento, no parece estar interesada en tratarlo. En esta situación, simplemente se indica en las conclusiones que el tema se mantiene en la lista de trabajos, haciendo constar que ha tenido un amplio apoyo.

4. Además de las materias a que se hace referencia en el apartado anterior, de forma mucho más breve se abordaron otros temas, que continúan en el orden del día de los trabajos, pero sobre los cuales sólo está previsto que la Oficina Permanente siga los desarrollos que se vayan produciendo:

A) Acceso al contenido del Derecho extranjero y necesidad de crear un instrumento mundial en este ámbito. Se trata de un tema recurrente y en el que las posturas se mantienen invariables. Mientras la Unión Europea y la propia Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya son favorables a que se siga trabajando en esta materia, determinados Estados (como Suiza, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, México) se oponen al mismo. En esta ocasión, únicamente intervino la Unión Europea para presentar su experiencia, con el European Legislation Identifier (ELI) y el European Case Law Identifier (ECLI), que puede verse en el documento preliminar núm. 14 .

B) Competencia, reconocimiento y ejecución de decisiones respecto a parejas no casadas. Se trata de un tema para el que sería necesario encontrar soluciones, pero que resulta muy sensible. Como no ha habido recursos para ello, la Oficina Permanente no ha puesto al día el informe que realizó en 2008 (Doc. Prel. núm. 11) para la reunión del Consejo que tuvo lugar los días 1 a 3 de abril de 2008. Por esta razón se le reitera el mandato, si los recursos lo permiten.

5. Otros temas no aparecen en el orden del día. A propuesta del Secretario General, se retira del orden del día el tema de las «Cuestiones de Derecho internacional privado derivadas de la sociedad de la información, incluido el comercio electrónico, la justicia electrónica y la protección de datos». La razón es que se trata de un tema transversal y que las nuevas tecnologías se encuentran en todas las materias que se tratan.

No se incluye ningún nuevo tema en el orden del día, pues únicamente hay una propuesta de Israel para trabajar en la armonización de los sistemas de Derecho civil y de Common Law en materia de Derecho de familia, que no es aceptada, ya que en la Conferencia de La Haya actual hay presentes otras muchas tradiciones jurídicas.

6. Nuevamente deben destacarse los esfuerzos realizados para la utilización del español como lengua de trabajo en las reuniones y en la documentación, destacando la contribución de España a este fin. En este caso, debe señalarse que en este Consejo no ha habido interpretación al español. La difícil situación económica hace imposible pensar en estos momentos en realizar aportaciones como las que se han hecho en años anteriores, pero debe tomarse en consideración que el corte en este tipo de ayudas significará un retroceso del español en la Organización, perdiendo así lo que se ha ganado con tanto esfuerzo y en tanto tiempo. La continuidad es fundamental. Sólo cabe esperar que los países de América Latina tomen mayor conciencia del problema y participen más activamente en la promoción del español.

1. Constituye ya una tradición en los Convenios de La Haya que implican una cooperación de autoridades de los Estados miembros la convocatoria de Comisiones especiales para el control del funcionamiento del Convenio y, de esta forma, se han celebrado diversas reuniones sobre el control del Convenio sobre sustracción internacional de menores, sobre adopción, sobre legalización, sobre notificaciones, sobre obtención de pruebas en el extranjero y sobre acceso a la justicia, de las que se ha ido dando cuenta en esta Revista.

2. Para la preparación de esta reunión se utilizaron los resultados de los cuestionarios relativos a cada uno de los tres Convenios que han respondido los Estados, entre ellos España, a lo largo de 2013. Sobre sus resultados y diversos temas de interés se prepararon una serie de documentos preliminares y de información, cuyo contenido puede consultarse en la página web de la Conferencia ( www.hcch.net ). Fue elegido presidente de la Comisión Especial al Sr. William Fritzlen (Estados Unidos). Cada uno de los Convenios fue objeto de un examen particularizado, que son objeto de unas conclusiones conjuntas y de otras referidas a cada uno de ellos.

Con carácter general, se señala el éxito de los Convenios Notificaciones (con 68 Estados parte) y Obtención de pruebas (con 58 Estados parte), esperando que esta Comisión sirva para incentivar la participación en el Convenio sobre acceso a la Justicia, que cuenta sólo con 26 Estados parte. Asimismo, se señaló la importancia actual de los desarrollos tecnológicos, que no pudieron preverse en las fechas en que se concluyeron los Convenios, si bien se entiende que no significan un cambio que conlleve la necesidad de modificar de los Convenios, sino un hecho que permite mejorar su funcionamiento.

3. En lo que se refiere al Convenio sobre notificaciones, se subrayó la utilidad tanto del Manual sobre la aplicación del Convenio como de la Sección de notificaciones ( Service Section ) de la página web de la Conferencia. De ahí el interés en su puesta al día, recomendándose que los Estados parte envíen la actualización de los datos al menos una vez al año. Por otra parte, se presenta la actualización del Manual (Doc. Prel. núm. 2) y las instrucciones para llenar el formulario (Doc. Inf. núm. 5). En las conclusiones se hace referencia expresa a la utilidad de estos instrumentos (núms. 25 a 27). En numerosas ocasiones se ha hecho referencia a las conclusiones y recomendaciones de las reuniones de la Comisión Especial de 2003 y de 2009, para reafirmarlas y añadir en algunos casos cuál ha sido la evolución en estos cinco años. Éste es el caso de la cuestión, común con el Convenio sobre obtención de pruebas, de la calificación de una materia como «civil o comercial», que debe ser interpretada de forma autónoma y liberal, concentrándose en la naturaleza y el objeto de la acción en que se basa (núms. 40 y 41)

En lo que se refiere a las particularidades de la notificación, un punto delicado y que fue objeto de largas discusiones se refiere a los requisitos lingüísticos y de traducción en el supuesto de notificación informal (art. 5, párr. 2.º), ya que algunos Estados han hecho una declaración indicando que solicitan siempre la traducción, algo no previsto en el Convenio, pero que ha sido aceptado por el depositario. En una difícil conclusión 29 se constata la existencia de esta situación, pero se añade que la entrega informal es una forma válida de entrega de acuerdo con el Convenio si el destinatario acepta voluntariamente los documentos.

Se trata también de la asistencia prestada por el Estado requerido en la localización de la persona a ser notificada, teniendo en cuenta que el Convenio no se aplica si no se conoce la dirección del destinatario (art. 1, párr. 2.º). A pesar de ello, en la práctica en algunos Estados se está ayudando a localizar al destinatario si la dirección es incompleta o incorrecta o, incluso, si no aparece dirección alguna. La Comisión especial apoya esta acción, aunque recuerda que no es obligatoria (núm. 23).

Se recuerda en las conclusiones que las causas de denegación de la notificación a que se refiere el art. 13 tienen carácter exhaustivo (núm. 35) y que las cuestiones relativas a la protección del demandado no compareciente a que se refiere el art. 16 es una cuestión que corresponde al Derecho interno (núm. 34).

Finalmente, se hizo referencia a la creciente utilización de medios electrónicos para la notificación, lo que se refleja en la revisión del Manual relativo al Convenio. Se señala, no obstante, que quedará sometido al Derecho interno del Estado requerido la posibilidad de que, en las notificaciones realizadas de acuerdo con el art. 5, la Autoridad central utilice medios electrónicos, que también están utilizándose en relación con los canales alternativos de notificación a que se refiere el art. 10 (núm. 37). También en relación con esta última norma y en particular en relación con sus apartados b) y c) se recomienda que, antes de enviar una solicitud de notificación de esta naturaleza, se contacte con las autoridades correspondientes para identificar a quién debe enviarse la solicitud (núm. 33).

4. En lo que se refiere al Convenio de 1970 sobre obtención de pruebas, destacó el Dr. Bernasconi en su intervención inicial que el Convenio ha resultado bastante útil, utilizándose en gran medida para oír testigos (un 70 por 100 de casos) y en menor grado para la obtención de prueba documentales (un 30 por 100). En relación a la participación de los Estados en este Convenio, recuerda que se trata de uno de aquellos en que la adhesión de nuevos Estados parte debe ser aceptada por los que ya lo son, una fórmula pesada y lenta, pero incluida en diversos Convenios de La Haya. En este caso, Serbia señala que muchos Estados parte aún no han aceptado su adhesión, lo que no es el caso de España, pues lo hace habitualmente con diligencia.

En relación con la información sobre el Convenio, se consideró necesario en la reunión anterior disponer de un Manual práctico, de la misma forma que ya se disponía para el Convenio notificaciones, así como de una «Sección de pruebas» ( Evidence section) en la página web de la Conferencia. El Manual está casi terminado (Doc. Prel. núm. 1) y, una vez introducidas las modificaciones resultantes de esta reunión, se remitirá al Consejo de Asuntos Generales y Política para su aprobación definitiva, que tendrá lugar mediante un procedimiento escrito si se le puede remitir pronto o, en otro caso, será aprobado en la reunión de 2015.

Una parte de la reunión se dedicó al funcionamiento del Convenio, lo cual incluye la necesidad de designar la autoridad central, teniendo en cuenta que el art. 35 del Convenio dice que la designación podrá hacerse en el momento de la ratificación o adhesión «o con posterioridad» pero, en la práctica, es necesario que lo haga antes de la entrada en vigor, pues sin ella no puede funcionar. También se trata de las funciones de la Autoridad central y la diligencia en el cumplimiento de las mismas, así como de la conveniencia de la utilización del formulario modelo (conclusiones núms. 10 a 12), destacando la utilidad de las directrices para completar el formulario modelo elaboradas por la Oficina Permanente (Doc. Inf. núm. 5). También al funcionamiento práctico se refieren las conclusiones relativas al reembolso de los gastos de ejecución (núms. 13 a 15), un problema para el que se resalta la utilidad de los pagos mediante transferencia electrónica, para lo cual insta a los Estados a que proporcionen información al respecto a la Oficina Permanente.

Una cuestión que surge en todas las reuniones de la Comisión Especial se refiere a los motivos de denegación. En este caso, se recuerda que tienen naturaleza exhaustiva, es decir, sólo pueden utilizarse las previstas en el art. 12 y en el art. 23. Por lo que se refiere a las causas del art. 12, se pide a los Estados que informen sobre las acciones que en sus respectivos países no constituyen funciones del poder judicial para incluirlo en los cuadros de información práctica sobre el Convenio.

Mas complicado resulta el art. 23 en relación con la posibilidad de una declaración frente al pre-trial discovery of documents . En esta ocasión, se sugiere la posibilidad de que los Estados formulen la declaración de forma más limitada, teniendo en cuenta (como ahora dice la conclusión 18, reiterando las de 2003 y 2009) que el objetivo de dicha norma es «asegurar que exista justificación suficiente para las solicitudes de presentación de documentos». España, al ratificar el Convenio, utilizó la facultad contenida en su art. 23. Tras la Comisión Especial de 2003 ya se señaló la posibilidad de modificar esta declaración. Al respecto, cabe observar que en la LEC de 2000 se han introducido disposiciones (arts. 328 a 333) que permiten al demandante, en litigios internos, solicitar del Tribunal que el demandado o incluso terceros exhiban determinados documentos que obran en su poder. Con ello nuestra legislación se acerca a la de los países que admiten el pre-trial discovery of documents siempre que así lo acuerde el Tribunal y la solicitud se limite a documentos específicos y que pueden afectar al procedimiento en curso. Por ello parece conveniente que se dieran los pasos pertinentes para que se modifique la reserva formulada por España al Convenio de 1970.

Finalmente, en relación con este Convenio se trata de ver si la utilización de enlaces de video y tecnologías similares son compatibles con el marco actual de la obtención de pruebas a través del Convenio. En este caso, se subraya que el Convenio es perfectamente compatible con la utilización de dichos medios, ya que el art. 9 establece que la práctica de la prueba en un Estado será posible si lo autoriza la ley del Estado requerido y si se reúnen los medios suficientes para hacerlo. Pero, en la práctica, en numerosos Estados se encuentran inconvenientes al respecto, por lo que Australia propuso elaborar un Protocolo opcional para facilitar la obtención de pruebas mediante enlaces de video. No parece aceptable esta idea, ya que, a partir de ese momento, parecería que tal medio técnico únicamente se utilizará entre los Estados que aceptaran el Protocolo. El Secretario General pone de relieve que el problema radica en que la utilización de los enlaces de video no ha tenido éxito en el marco de este Convenio, cuando ya se utilizan en otras organizaciones, como IBERRED desde este mismo año. Tratando de encontrar medios para que se avance, la Comisión Especial emite una recomendación al Consejo para que se cree un Grupo de expertos que estudien las cuestiones relativas a la utilización de las modernas tecnologías en relación con la obtención de pruebas. No se establece un plazo concreto para que informe, sino que lo hará cuando haya avances que lo aconsejen. Tampoco se establece un mandato específico sobre lo que deba hacer, sino que (conclusión núm. 21) deberá examinar los instrumentos y prácticas actuales, evaluar las posibles formas de mejorar y, entre ellas, la conveniencia de un protocolo opcional u otro tipo de instrumento, que podría no tener carácter obligatorio.

5. El tercer y último Convenio examinado es el de Acceso a la Justicia de 1980, que sigue siendo el que menor éxito ha tenido, como ya se ha indicado, a lo que debe añadirse que la mayoría de los Estados parte son miembros de la Unión Europea. Como consecuencia de ello el debate sobre este Convenio despierta poco interés y sólo una conclusión (la núm. 22, reiterando la conclusión núm. 64 de la reunión de 2009) se refiere a este texto, resaltando la utilidad de disponer de formularios multilingües a fin de conseguir que otros Estados puedan estar interesados en adherirse a este Convenio, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos regionales o bilaterales, en particular, la Directiva 2003/8/CE.

En relación al futuro, se considera que todavía no es necesario crear una sección para este Convenio, como se hizo con los dos anteriores. Se considera que, por el momento, debe simplemente crearse un formulario plurilingüe, así como incrementar las traducciones del Convenio a otros idiomas para su publicación en el sitio web de la Conferencia y con ello tratar de conseguir un mayor número de adhesiones.

6. En la nota correspondiente al Consejo de Asuntos Generales y política de la Conferencia, que tuvo lugar en el pasado mes de abril, que aparece en esta misma Revista, ya se señalan los problemas en relación a la posibilidad de utilización del español. En la reunión a que se refiere esta nota, finalmente, pudo haber interpretación al español, pero los documentos no pudieron ser traducidos a esta lengua, con excepción de las conclusiones y recomendaciones. También en esta ocasión se celebró una reunión de los representantes de los Estados hispanoparlantes para tratar de buscar soluciones para el futuro. Aunque se hizo constar expresamente la ayuda aportada por España desde 2007, que ha permitido un avance importante, junto con el trabajo de diversas personas, también se señaló que en estos momentos es imposible cualquier aportación económica por parte de España. Tras diversas intervenciones, se llegó a unos acuerdos que pueden resumirse diciendo que, por el momento, no puede darse una solución de carácter general, sino que habrá que solucionar la cuestión para cada año, a cuyo fin la Oficina dirigirá una carta a todos los Estados miembros hispanoparlantes.

Otro tema relacionado con el anterior es la traducción al español de la actualización del manual sobre la aplicación del Convenio sobre notificaciones y del manual sobre la aplicación del Convenio relativo a la obtención de pruebas, ya que no hay fondos para ello. La Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), que asistió como observador a la reunión, ofreció hacer estas traducciones de forma gratuita.

No se ha fijado en esta ocasión la posible fecha de celebración de una nueva Comisión especial sobre el funcionamiento de los Convenios. Si bien se ha valorado positivamente la presente reunión, se entiende (conclusión núm. 42) que debe ser el Consejo de Asuntos Generales el que, dentro de cuatro o seis años, decida sobre la necesidad y los términos de la siguiente reunión, algo que resulta conforme al espíritu actual de la Conferencia de no incurrir en gastos innecesarios, convocándose la reunión solamente cuando sea necesaria.

1. El 4 de abril de 2014 el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que vendría a sustituir a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, norma que, en sus casi treinta años de vigencia, ha sufrido más de cuarenta modificaciones. La LOPJ adecuó el sistema español de competencia judicial internacional a los principios formulados en la Constitución así como en su articulado se reflejan muchas de las soluciones del Convenio de Bruselas de 1968 [véase el trabajo de Amores Conradi, M., «La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ», REDI , vol. XLI (1989), pp. 114-155]. Conforme a la Exposición de Motivos del Anteproyecto, la reforma que se pretende es tanto a nivel global como estructural (véase el Informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre el Anteproyecto de 4 de abril de 2014 de LOPJ ).

A la reglamentación de las normas de competencia judicial internacional se dedica el Título VII. El Capítulo I incluye las normas de competencia judicial internacional en el orden civil (art. 59 al art. 69); el Capítulo II se ocupa del orden penal (art. 69); el Capítulo III del orden contencioso-administrativo (art. 70); y, por último, el Capítulo IV incorpora las normas de competencia judicial internacional en el orden social (art. 71). En esta nota únicamente vamos a dar cuenta de la revisión llevada a cabo sobre las normas de competencia judicial internacional en el orden civil y social, sin que se pretenda hacer un examen exhaustivo de todos y cada uno de los preceptos sino de aquellos extremos que en el Anteproyecto se presentan como más novedosos.

2. El art. 59 bajo la rúbrica Competencia judicial internacional civil reproduce de forma prácticamente literal lo previsto en el art. 21 de la vigente LOPJ, si bien como novedades destacan: 1.º La referencia que en el primer apartado se hace a la normativa emanada de las instituciones de la Unión Europea [...] como fuente que los Tribunales españoles deberán tener en cuenta para el conocimiento de las pretensiones que surjan; 2.º La reproducción casi textual, en el apartado 2 del art. 59, del contenido del art. 36 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil referido a la abstención de los Tribunales españoles cuando concurra alguna de las circunstancias que se detallan en el mismo.

En el Anteproyecto las reglas de atribución de la competencia en el orden civil se incluyen en preceptos distintos y no en un artículo único como sucede en el texto de la LOPJ.

3. Comienza el legislador por aquellas materias sobre las que los Tribunales españoles tienen competencia exclusiva para conocer, y con objeto de reforzar dicha circunstancia incide en que éstos serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro . Se cuestiona la incorporación en la norma de interna de aquellas materias que son objeto de competencia exclusiva en las normas de la Unión Europea [Reglamento (CE) núm. 44/2001 o el Reglamento (UE) núm. 1215/2012]. En efecto, la aplicación de estas últimas sin consideración del domicilio del demandado en un Estado miembro lleva a fundamentar la competencia del Tribunal español en la aplicación de la norma europea, y por tanto se producirá prácticamente la derogación material del art. 60 (G arcimartín A lférez , F ., Derecho internacional privado , 2.ª ed., Madrid, Civitas, 2014, p. 169).

Las materias sobre las que se determina la competencia exclusiva de los Tribunales españoles coinciden en su mayoría con las incluidas en la actual LOPJ, si bien hay novedades, unas más destacables que otras: el art. 60 letra a) del Anteproyecto, relativo a la regulación especial para los arrendamientos de temporada que cumplen una serie de requisitos, incorpora la solución ya prevista en las normas de europeas [Reglamento (CE) núm. 44/2001 o el Reglamento (UE) núm. 1215/2012]. En el nuevo texto se abre un nuevo tribunal ante el que dirimir la controversia que surja con objeto de tales arrendamientos: el del domicilio del demandado. La apertura de este nuevo foro de competencia no cuestiona el carácter exclusivo de la referida materia en lo que hace a su relación con los demás foros de competencia. Debido a la redacción errónea del precepto tal y como está en este momento: 1.º La norma interna de competencia judicial internacional abriría un foro de competencia por el que se atribuiría el conocimiento del asunto a los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado , circunstancia que sólo es posible si el referido domicilio está en España. En efecto, el carácter atributivo de las normas de competencia interna y su regulación de forma unilateral sólo permite indicar el volumen de competencia de los propios Tribunales y no de los tribunales de cualquier otro Estado con independencia de que sea miembro o no (V irgós S oriano , M. y G arcimartín A lférez , F., Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional , 2.ª ed., Madrid, Civitas, 2007, p. 114); 2.º La norma tal y como está en el Anteproyecto es una copia defectuosa de las normas europeas y, por tanto, es necesaria su corrección.

Continuando con las novedades del Anteproyecto en relación a las materias exclusivas del art. 60 en letra d) , relativa a las inscripciones o de validez de patentes, marcas [...], se incluyen los derechos de autor (sobre este aspecto véase de M iguel , P., «Comentario crítico de las reglas de competencia judicial internacional en el orden civil en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 4 de abril», http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2014_04_01_archive.html ).

Por último, en relación con las materias exclusivas, la letra  e) incluye, entre las decisiones que son competencia exclusiva de los Tribunales españoles para su reconocimiento y ejecución, los acuerdos de mediación dictados en el extranjero (Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles), junto a las sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales.

4. El texto del Anteproyecto continúa regulando la competencia de los Tribunales españoles por el criterio de la autonomía de la voluntad de las partes: sumisión expresa y tácita están incluidas en el art. 61. La atribución de la competencia de los Tribunales españoles en aplicación de este criterio sí que ha variado de forma notable. Dos ideas generales: 1.º La LOPJ incluye la atribución de la competencia judicial internacional por la autonomía de la voluntad con un ámbito de aplicación general (al respecto véase, A mores , M., «La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil...», p. 135); sin embargo, en el Anteproyecto el propio precepto en el que se regula el criterio de la sumisión contiene una autolimitación al permitir la sumisión sólo en aquellas materias en las que la ley expresamente lo permite [...], o al establecer que no surtirán efectos los acuerdos que atribuyan la competencia ni las atribuciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los arts. 63, 64, 65 y 66 [...]. Estos dos aspectos son importantes dado que la relación del foro de la autonomía de la voluntad con el resto de los foros de atribución de la competencia vendrá delimitada por la interpretación del alcance que se otorgue a la redacción del art. 61; 2.º Por fin el silencio guardado por la LOPJ sobre el efecto negativo de la autonomía de la voluntad de nuestros Tribunales termina en el art. 62 apdo. 4 con la admisibilidad y los límites del efecto derogatio fori sobre la que trataremos más adelante.

Con el propósito de restringir la atribución de la competencia judicial internacional por la aplicación de la autonomía de la voluntad, el legislador incluye en el Anteproyecto una referencia a la eficacia de los acuerdos de elección de foro cuando se trata de materias en las que las reglas de competencia judicial internacional se han formulado protegiendo un valor sustancial. Así, el art. 61 apartado 1 se refiere a la eficacia de los pactos de elección de foro para los supuestos contemplados en el art. 64 letras d) y e) (contratos en materia de consumidores y contratos en materia de seguros). Se incorporan en el texto condiciones en relación al momento temporal en el que se puede finalizar una cláusula de sumisión o sobre quien puede activar dicho pacto para que sea eficaz, con el propósito de proteger el valor sustancial al que atienden las normas de competencia judicial internacional en estos supuestos.

El apartado 2 del art. 61 define lo que se entiende por sumisión expresa, el alcance de la regla, así como la extensión de la competencia de los Tribunales españoles a la validez del propio acuerdo de sumisión. El precepto incorpora las condiciones formales del acuerdo expreso de atribución de la competencia. El Anteproyecto incluye la validez de un acuerdo de sumisión expresa al Tribunal español cuando se haya producido después de iniciado el procedimiento en España dado que se refiere a que tal acuerdo esté consignado en el escrito de demanda y de contestación sin que la existencia del acuerdo, afirmada por una parte, sea negada por la otra.

A la sumisión tácita dedica el Anteproyecto el apartado 3 del art. 61 excluyendo su eficacia cuando la comparecencia del demandado tuviera por objeto impugnar la competencia: recoge de forma textual las previsiones sobre este foro de competencia de las normas europeas.

La aplicación del art. 61 será muy residual debido a la extensión que en su aplicación tendrán los preceptos que regulan el foro de competencia por sumisión en el marco del Reglamento (UE) núm. 1215/2012. En efecto, la única vinculación que la norma europea requiere para ser aplicable es que el acuerdo de competencia se haga en favor de los tribunales de un Estado miembro con independencia del domicilio de las partes (art. 25). Ahora bien, si se opta por la interpretación que defiende la aplicación de la norma de la Unión Europea con las normas internas ésta conlleva la posibilidad de acudir a las normas nacionales en la materia para fundamentar la competencia cuando dicho acuerdo de sumisión no fuera válido de conformidad con el mencionado instrumento (H artley , T., Choice-of-Court agreements under the European and International Instruments , Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 26-29; G arcimartín A lférez , F. y S ánchez , S., «El nuevo Reglamento Bruselas I: qué ha cambiado en el ámbito de la competencia judicial», REDE , núm. 48, 2013, pp. 21-22); por tanto, esta interpretación hace si cabe aún más necesaria una regulación adecuada de este criterio de atribución de la competencia en la norma de fuente interna.

5. La competencia general atribuida a los Tribunales españoles con motivo del domicilio del demandado en España se regula en el art. 62. El precepto trata, en primer lugar, de aclarar en su apartado 1 la relación de este foro de competencia tanto con el criterio de la sumisión a los Tribunales españoles, como en los supuestos en los que la competencia a los Tribunales españoles pueda estar también atribuida en aplicación de los foros especiales de competencia. En segundo lugar, al igual que se hace en textos de europeos, determina cuándo se entiende situado el domicilio en España para las personas físicas y jurídicas. Novedoso resulta el criterio de competencia establecido en los supuestos de pluralidad de demandados.

El apartado 4 del art. 61 regula, como ya hemos advertido antes, la eficacia negativa de la autonomía de la voluntad o la derogatio fori de los Tribunales españoles cuando existe una cláusula de elección de foro en favor de tribunales extranjeros. La admisión de la eficacia negativa de la autonomía de la voluntad se prevé tanto en el supuesto de que el demandado tuviera su domicilio en España como en los supuestos en los que la competencia de los Tribunales españoles estuviera determinada por los foros establecidos en los arts. 63 y 64 pero hubiera un acuerdo de competencia en favor de tribunales distintos. Hay que observar que el propio texto condiciona la derogatio fori . En efecto en el precepto se establece que la competencia basada en el foro general o en los foros especiales podrá ser excluida mediante acuerdo de elección de foro a favor de un tribunal extranjero; por tanto el mandato para la admisión de tal efecto derogatorio no es imperativo para el Tribunal español. Esto último vendría a justificarse porque no en todas las materias encaja de forma adecuada la denegación del acceso a la justicia española que produce el efecto derogatio fori cuando existe un foro de competencia conforme al cual sí podrían conocer los Tribunales españoles (al respecto véanse las reflexiones que ya hacía A mores C onradi, M., «La nueva estructura...», pp. 147-148). Ahora bien, aceptada la derogatio, la redacción del artículo finaliza regulando la forma de proceder de los Tribunales españoles quienes [...] suspenderán el procedimiento y sólo podrán conocer de la pretensión deducida en el supuesto de que los Tribunales extranjeros hubieren declinado su competencia ; aunque esa exclusión de la competencia no tendrá efecto en aquellas materias en las que tampoco cabe sumisión a los Tribunales españoles (art. 62.5).

6. Las materias referidas a los derechos de la persona y relaciones familiares están incluidas en el art. 63. Comienza el precepto atribuyendo a los Tribunales españoles competencia en las referidas materias con la expresión en defecto de los criterios anteriores ; pues bien, como ya sucede con el actual art. 22 de la LOPJ, y debido a los caracteres que presenta la ordenación de la competencia en el sistema español, su relación es de alternatividad con el foro del domicilio del demandado de forma que la competencia del Tribunal español puede fundamentarse ya sea través de alguno de los criterios de competencia establecidos para las mencionadas materias o bien debido a que el domicilio del demandado está localizado en España. Desde la perspectiva de la relación entre este foro de competencia con el foro de la autonomía de la voluntad hay que dividirlo en función de los dos efectos que la sumisión despliega: en el caso del efecto prorrogatio una relación de alternatividad supondría que cualquiera de ambos criterios (foro especial o autonomía de la voluntad) vendría a fundamentar la competencia de los Tribunales españoles (nos remitimos a las reflexiones ya hechas sobre el art. 61 del Anteproyecto); mientras que el efecto derogatio fori supondría que atribuida la competencia al Tribunal español debido a la concurrencia de alguno de los criterios de atribución de la competencia sobre una de las materias que regula el precepto dicha competencia se derogaría por la existencia de un acuerdo de jurisdicción en favor de los tribunales extranjeros (en relación a este extremo nos remitimos también a lo apuntado sobre el art. 62, apartado 4, del Anteproyecto).

Las normas de competencia introducidas en el Anteproyecto en relación a las materias objeto de regulación en el art. 63 incorporan como rasgos más sobresalientes: 1.º Se mantienen los criterios establecidos en la LOPJ, si bien en algunas de las materias se añaden foros de competencia que funcionan de forma alternativa con los que ya estaban, ampliando el volumen de competencia de los Tribunales españoles o, en algún caso sucede lo contrario, es decir, se exige para fundamentar la competencia de los Tribunales españoles una mayor conexión con el territorio, estableciendo que de forma cumulativa concurran distintos foros de competencia, reduciendo el volumen de competencia de nuestros Tribunales. A modo de ejemplo, para la primera de las situaciones: en materia de declaración de ausencia o fallecimiento se incluye junto al criterio existente el de la nacionalidad española del desaparecido; en materia de alimentos se incorpora, junto al foro de la residencia en España del acreedor o del demandado de los mismos, un foro de acumulación a los foros del estado civil o de responsabilidad parental, extendiendo la competencia de los Tribunales españoles a la materia de los alimentos cuando ostenten competencia para dichas acciones. Sin embargo en relación con la segunda situación apuntada se recorta, de forma acertada, el volumen de competencia de los Tribunales españoles en materia de filiación al establecer de forma cumulativa la conexión de la residencia y nacionalidad del demandante en España; 2.º Otro de los rasgos de la ordenación de la competencia especial para estas materias en el Anteproyecto es la inspiración del legislador español en las normas supranacionales. Por ejemplo, en las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad, separación y divorcio, el texto reproduce de forma literal los foros de competencia del Reglamento 2201/2003 en relación a la disolución del vínculo.

Aunque la idea de la aplicación residual de la norma interna de ordenación de la competencia judicial internacional está continuamente presente debido a la proliferación normativa supranacional, esta realidad se ha hecho aún más patente en los últimos tiempos en materia de los derechos de la persona y relaciones de familia, por ejemplo en relaciones paterno filiales, protección de menores y responsabilidad parental, alimentos, o en el caso de nulidad, separación y divorcio. Y si no hay una norma supranacional puede ocurrir, como en el caso de la adopción internacional, que haya una ley específica sobre la materia, Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, hecho que hace poco justificable la incorporación de una norma de competencia judicial internacional en esta materia, como la contenida en el art. 63 letra e) y que a lo sumo puede ser fuente de confusiones.

7. La competencia especial en derechos de obligaciones y contratos se regula en el art. 64 del Anteproyecto. El precepto comienza con una referencia a los criterios anteriores de competencia fijando la relación entre ellos. Así, respecto del foro del domicilio del demandando, hay una relación de alternatividad entre éste y los foros especiales. Para el caso del foro de la autonomía de la voluntad, el precepto establece que en defecto de un acuerdo de elección de foro las autoridades judiciales españolas podrán fundamentar su competencia en uno de los criterios recogidos en el art. 64; a sensu contrario aunque la competencia del Tribunal español pudiera fundamentarse en uno de los foros especiales, la existencia de un acuerdo de sumisión expresa, o la atribución de la competencia por sumisión tácita a otro tribunal, excluiría la competencia de nuestros Tribunales (en estos supuestos la denegación del acceso a los Tribunales españoles y por tanto el efecto derogatio es admisible, salvo en los supuestos de contratos de consumidores y seguros).

Las letras a) y b) del art. 64 recogen criterios de competencia para las obligaciones contractuales y para las obligaciones extracontractuales. En ambos casos ha desaparecido un criterio de atribución: en obligaciones contractuales aquel que otorga competencia a los Tribunales españoles cuando el lugar de celebración del contrato ha sido España, y en las obligaciones extracontractuales el criterio de la residencia habitual de la víctima y el autor del daño en España. El Anteproyecto se acomoda a las respuestas incluidas para ambas materias en el Reglamento 44/2001 que continúan en el Reglamento 1215/2012.

Completa la regulación del art. 64 con las letras d) y e) relativas a las normas de competencia en contratos de consumo y seguros. En relación a los contratos de consumo, y sin entrar en un análisis exhaustivo, lo cierto es que estas normas serán desplazadas en muchos supuestos por la aplicación de los preceptos del Reglamento 1215/2012, sobre todo al ampliar este instrumento su ámbito de aplicación frente a demandados, empresarios o profesionales, domiciliados en un tercer Estado (art. 18.1), cuando el consumidor como parte débil actúa como demandante; ahora bien una interpretación en favor de nuevo de la aplicación conjunta de las previsiones del Reglamento y las normas internas supondría la continuidad de aplicación de estas últimas cuando recojan criterios distintos a los del Reglamento, y, por tanto, se podrían seguir invocando frente a empresarios o profesionales domiciliados en terceros Estados ( Garcimartín Alférez, F. y Sánchez, S., «El nuevo Reglamento...», pp. 13-16). En el Anteproyecto se mantiene asimismo el foro de la sucursal.

El precepto regula dos materias más. La letra  f) dedicada a las acciones relativas a bienes muebles y la letra g) que regula la competencia de los Tribunales españoles en materia de sucesiones. En esta última, como ya ocurriera en artículos anteriores, se reproducen algunas de las soluciones incluidas por el legislador europeo en este caso del el Reglamento (UE) núm. 650/2012, para la determinación de la competencia judicial internacional.

El art. 64 lo cierra un párrafo en el que se regula la eficacia de la autonomía de la voluntad en los contratos de consumo y seguros. Entendemos que esta previsión es más adecuada ubicarla en este artículo en concreto y no en el art. 61 apartado 1, donde hay una regulación similar al respecto.

8. El art. 65 regula la competencia de las autoridades españolas en relación a las medidas provisionales y cautelares reproduciendo el contenido del art. 22.5 de la LOPJ. De forma idéntica a como lo hace la LOJ regula el art. 66 del Anteproyecto la competencia de los Tribunales españoles en materia concursal, remitiendo las soluciones a lo que disponga su legislación reguladora [Reglamento 1346/2000 en materia de insolvencia cuya aplicación, en los aspectos que coinciden, es prioritaria a la Ley Concursal].

9. El art. 67 incorpora normas procesales relativas al control de la competencia. En el apartado 3 recoge una de las novedades del Anteproyecto: el foro de necesidad. Dos observaciones: 1.º La diferencia entre el texto del Anteproyecto y los preceptos de los instrumentos de la Unión Europea que también lo contienen, como, por ejemplo, el Reglamento 4/2009 (art. 7) o el Reglamento 650/2012 (art. 11); 2.º Para la apertura de la competencia del Tribunal español como foro de necesidad conforme a la letra del Anteproyecto se requiere, junto a que el supuesto litigioso mantenga vinculación con España, que los Tribunales de los distintos Estados conectados con el mismo hayan declinado su competencia; por tanto, dichos tribunales extranjeros tienen que ostentar competencia judicial internacional para conocer y las partes han tenido que iniciar el procedimiento ante dicho tribunal para que éstos puedan declinar su conocimiento (en relación con el foro de necesidad véase la Sentencia del TC 127/2013, de 3 de junio de 2013, BOE, núm. 157, de 2 de julio de 2013, en la que sostiene la compatibilidad del foro por necesidad con el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y la determinación de los requisitos para la verificación de tal compatibilidad, véase el Fundamento jurídico 5. También las reflexiones de V irgós S oriano , M. y G arcimartín A lférez , F., Derecho Procesal Civil Internacional..., p. 60).

10. Termina el Capítulo I con el art. 68 relativo a la regulación de la litispendencia internacional. Como sucede en otros aspectos la aplicación residual de este precepto es debida a la extensión del ámbito de aplicación del Reglamento 1215/2012 y ello porque el régimen de litispendencia del citado instrumento no sólo será de aplicación cuando la litispendencia se produzca entre órganos jurisdiccionales de Estados miembros, sino que también se extenderá a la litispendencia con los tribunales de terceros Estados, eso sí, en el ámbito ratione materiae incluido en aquél.

11. El art. 71 se ocupa de la competencia judicial internacional en el orden social. Las letras b) y d) no han variado respecto de la LOPJ. Sin embargo, sí hay diferencias respecto a los foros de competencia que ahora se detallan en la letra  a) del citado artículo del Anteproyecto. Hay que destacar: 1.º Una adecuación a los foros del Reglamento 1215/2012 (texto que amplía su ámbito de aplicación en esta materia a empresarios domiciliados en terceros Estados conforme a su art. 21.2); 2.º El olvido del legislador español en torno a las condiciones bajo las que una cláusula de elección de foro será o no eficaz, teniendo en cuenta que éste es uno de los supuestos en los que se ha de tutelar un valor sustancial. Aspecto que sí se ha regulado, por ejemplo, en el caso de contratos concluidos por consumidores.

1. « Procedural law matters» fue el Leitmotiv que inspiró la creación del primer Instituto Max Planck (en adelante, «MPI») dedicado a estudios de carácter jurídico situado fuera de las fronteras alemanas. En efecto, el Instituto luxemburgués incluye en su nombre, a modo de tarjeta de presentación, una primera descripción de la extensa área científica que tiene la misión de estudiar: el Derecho procesal internacional, europeo y regulatorio. El MPI empezó a desarrollar su labor en el otoño de 2012, si bien no fue hasta el 8 de mayo de 2013 cuando tuvo lugar su inauguración formal, mediante una ceremonia que contó con la presencia del Gran Duque de Luxemburgo, miembros de los Gobiernos luxemburgués y alemán, autoridades políticas de ambos países, autoridades académicas de la Sociedad Max Planck ( Max-Planck-Gesellschaft ), de la Universidad de Luxemburgo, de otras Universidades de la llamada «Gran Región» y de varios Estados europeos, miembros de los tres órganos jurisdiccionales que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como juristas luxemburgueses y extranjeros. La ceremonia de inauguración vino precedida de un simposio internacional titulado «Dispute Resolution and Law Enforcement in the Financial Crisis», que examinó los desarrollos más recientes en el Derecho procesal desde la perspectiva de su función regulatoria, en especial como respuesta a los retos planteados a raíz de la crisis financiera.

2. El primer director del MPI de Luxemburgo es el Profesor Burkhard Hess, proveniente de la Universidad de Heidelberg. Desde los inicios de la andadura del Instituto está al frente del Departamento de Derecho Procesal Europeo y Comparado, que es el primero de los tres departamentos que conformarán el MPI. En el otoño de 2014 entrará en pleno funcionamiento el Departamento de Derecho Internacional Público, gracias a la incorporación de la segunda directora del MPI, la Profesora Hélène Ruiz-Fabri, procedente de la Universidad París 1 - Panthéon-Sorbonne. El tercer director, cuya elección está prevista para el año 2015, estará a cargo del Departamento de Derecho Procesal Regulatorio. El Instituto tiene un marcado carácter internacional, puesto que cuenta con investigadores que provienen de 15 países, cifra que se incrementará con el crecimiento de los distintos departamentos a lo largo de los próximos meses.

La voluntad del MPI es ocuparse del amplio abanico de materias que integran la noción de Derecho procesal en su concepción más amplia: Derecho procesal comparado, Derecho procesal internacional (fundamentalmente en tanto que parte del DIPr), Derecho procesal de la Unión Europea, Derecho procesal en el DIP, resolución de conflictos en el DIP (entre Estados o en el seno de Organizaciones Internacionales), métodos de resolución alternativa de conflictos, arbitraje comercial, arbitraje de inversiones o arbitraje deportivo, entre otras. Asimismo, el MPI se interesa por cuestiones relativas a la estructura y organización judicial de los Estados, así como al funcionamiento y eficacia de los órganos jurisdiccionales, desde una perspectiva tanto nacional como de la Unión Europea.

Otra materia esencial para el MPI es la insolvencia, cubriendo aspectos multidisciplinares como la insolvencia estatal, la reglamentación de la Unión Europea en materia de procedimientos de insolvencia, o la reestructuración, saneamiento y liquidación de sociedades y entidades financieras.

3. El Derecho concursal constituye precisamente una de las primeras líneas de investigación en las que se ha empezado a desarrollar la actividad del MPI. En 2013, el Instituto presentó un estudio de Evaluación Externa sobre el funcionamiento y aplicación práctica del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, elaborado conjuntamente con las Universidades de Heidelberg y Viena, consultable en www.mpi.lu/uploads/media/evaluation_insolvency_en.pdf . Asimismo, el MPI obtuvo en diciembre de 2013 un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea para desarrollar un estudio, conjuntamente con las Universidades de Viena y de Milán, sobre las vías para mejorar la cooperación y la confianza mutua en el marco del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, y en particular la coordinación de los distintos procedimientos nacionales que pueden coexistir en supuestos de insolvencia transfronteriza, en vistas del proceso de revisión de dicho instrumento.

Otra importante línea de investigación del MPI es la protección de la intimidad y los derechos relacionados con la personalidad, desde una perspectiva procesal e internacional privatista. En mayo de 2013, la International Law Association creó el ILA Committee on Protection of Privacy in Private International and Procedural Law . Este Comité está presidido por el Profesor Burkhard Hess y en el mismo participan varios investigadores del MPI. Se trata de un foro de discusión cuyo objetivo es facilitar la cooperación internacional en esta compleja materia, prestando particular atención a aspectos como los derechos humanos, la protección de datos, la relación entre libertad de expresión y religión, la influencia de las TICs, etc. De resultas de estos debates, el Comité elaborará una resolución sobre la protección de la intimidad. La primera reunión del Comité, que tendrá lugar en el Instituto en septiembre de 2014, se acompañará de un seminario titulado « The protection of privacy in the aftermath of the CJEU s judgments in Digital Rights Ireland and Google Spain».

El seminario recién citado sirve también como ejemplo de la voluntad del MPI de organizar eventos relacionados con novedades legislativas o jurisprudenciales recientes, para dar una primera respuesta rápida, pero reflexionada, a los desarrollos que afecten de modo importante al Derecho procesal desde una perspectiva internacional. Esta senda fue iniciada en julio de 2013, con la celebración de una jornada titulada «The Kiobel judgment of the US Supreme Court and the future of human rights litigation in civil courts».

4. La elección de Luxemburgo como sede del MPI favorece su colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, institución de importancia fundamental en el desarrollo del Derecho de la Unión en general, y en particular del Derecho procesal europeo y del DIPr europeo. Asimismo, el Instituto colabora de manera regular con instituciones de carácter científico y académico de su entorno, como la Universidad de Luxemburgo, la Universidad de Tréveris, la ERA ( Europäische Rechtsakademie ) de Tréveris o el Europa-Institut de la Universidad de Sarrebruck. Esta colaboración se traduce en la celebración de jornadas y seminarios conjuntos, así como en la impartición de clases y conferencias por parte de los investigadores del Instituto. Como ejemplos de jornadas y seminarios coorganizados por el Instituto en este marco de colaboración, pueden citarse un congreso sobre «Judicial Dialogue - Private and Public European Law perspectives», organizado junto con la Universidad de Luxemburgo, o unas jornadas sobre «Arbitration and EU Law: Open Issues and Enduring Challenges», en colaboración con la ERA de Tréveris. Finalmente, cabe también destacar el paulatino enraizamiento del MPI en el entorno jurídico luxemburgués. Desde esta perspectiva, puede señalarse la participación del Instituto como consultor en el proceso de transposición al ordenamiento jurídico luxemburgués de la Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y más en general de la adaptación del Derecho luxemburgués al marco de exigencias derivadas del Derecho de la Unión en el sector de la mediación en materia civil y mercantil. En la misma perspectiva, el MPI organizó una jornada de estudio de marcado carácter comparatista titulada «Judicial Reforms in Luxembourg and in Europe», a raíz de la propuesta del Gobierno luxemburgués de llevar a cabo una importante reforma de su sistema judicial. Dicha propuesta comportaría la creación de un Conseil national de la Justice , como órgano de administración y gobierno del Poder Judicial, y de una Cour Suprême , que vendría a reemplazar la dualidad de órganos y funciones actualmente encarnados en la Cour de cassation y la Cour Constitutionnelle .

5. El MPI alberga, junto con el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público (situado en Heidelberg) y las Universidades de Heidelberg y de Luxemburgo, una escuela doctoral: la International Max Planck Research School for Successful Dispute Resolution in International Law . Esta escuela sirve como foro de intercambio y seguimiento del trabajo de doctorandos que se ocupan de materias estrechamente ligadas al ámbito de investigación de los tres departamentos del MPI. Algunos de los doctorandos que forman parte de esta Max Planck Research School son investigadores del propio Instituto, que sirve también como lugar de celebración habitual de las sesiones en las que se debaten los avances en la investigación de sus miembros. Por otra parte, en julio de 2014 el MPI será la sede de la primera edición de la IAPL-MPI Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law . Se trata de una escuela de verano para jóvenes doctores, coorganizada por el MPI y la Asociación Internacional de Derecho Procesal. En el curso de la misma, los investigadores tendrán la oportunidad de presentar los resultados de sus trabajos en curso y debatirlos entre sí y también con profesores y prácticos del Derecho procesal venidos de varios países.

6. Por último, debe señalarse que los investigadores que lo deseen pueden solicitar llevar a cabo una estancia de investigación el MPI. Ello les permite no sólo acceder a los fondos bibliográficos y numerosas bases de datos con que cuenta su Biblioteca, teniendo a su disposición un espacio reservado en la sala de lectura, sino también participar en la vida del Instituto: la reunión semanal de sus investigadores, que tiene lugar cada miércoles, así como los seminarios, presentaciones y conferencias que tengan lugar durante su estancia. En la página web www.mpi.lu pueden encontrarse ulteriores informaciones sobre el procedimiento de solicitud para poder realizar una estancia de investigación, y más en general, sobre el Instituto, su estructura y miembros, así como sus actividades y futuros eventos.

1. La nueva Ley de Derecho internacional privado constituye una parte de la recodificación del Derecho privado en la República Checa . La nueva Ley de Derecho internacional privado núm. 91/2012 Coll. [Recopilación de leyes de la República Checa] (en adelante Ley Dipr 2012) entró en vigor el 1 de enero de 2014 y es una parte de una completa recodificación del Derecho privado en la República Checa, consistente en el nuevo Código Civil (Ley núm. 89/2012 Coll.), la Ley de Sociedades Mercantiles (núm. 90/2012 Coll.), y la Ley Dipr 2012. Cada una de estas leyes posee características específicas, no solamente en su sustancia sino también en sus antecedentes legislativos.

En comparación con el Derecho privado sustantivo, por varias razones, los cambios en Derecho internacional privado [Dipr] no fueron tan revolucionarios. El Dipr ha sido regulado tradicionalmente por una ley especial que con anterioridad fue la Ley relativa al Derecho internacional privado y a las Normas Procesales Concordantes de 1963 (más detalle en P auknerová , M., Private International Law in the Czech Republic , International Encyclopaedia of Laws, 2.ª ed., Kluwer Law International, 2011). En Dipr, a diferencia del Derecho civil sustantivo, prevalece el continuismo ya que las Leyes de Dipr de 1963 y de 2012 son la continuación y actualización de la primera Ley checoslovaca de 1948 relativa al Derecho internacional privado y Derecho interregional y Condición Jurídica de los Extranjeros en el Ámbito del Derecho Privado. Esta primera Ley chevoslovaca de Dipr de 1948 se inspiró en el llamado Proyecto de Viena de Dipr de 1913 elaborado por el Profesor austríaco Gustav Walker, ampliamente reconocido como un trabajo que conserva valor en la actualidad [véase en particular Korkisch , F., «Das neue internationale Privatrecht der Tschechoslowakei», RabelsZ (1952), pp. 410-450, con referencias ulteriores]. Además, a las normas de conflicto de leyes se las considera «neutrales» y, por consiguiente, más resistentes a las variaciones de sistema político y social y así la Ley de 1963, a pesar del entonces vigente régimen comunista era salvo en algunos detalles una codificación conforme al estándar europeo de codificación del Dipr.

En el marco de la recodificación del Derecho privado checo, el objetivo de la nueva Ley Dipr 2012 fue primordialmente el alineamiento con el nuevo Código Civil de 2012, en particular con respecto a la modernización del Derecho privado sustantivo y la introducción de algunas nuevas instituciones. Sin embargo, es también una característica esencial de la Ley Dipr 2012 que refleja nuevas tendencias en Dipr en general, empezando con el concepto de la Ley, su estructura, puntos de conexión de sus normas, la inclusión de normas correspondientes a la parte general del Dipr, la inclusión de normas detalladas de la parte especial, así como modificaciones del procedimiento civil internacional. Además, la intención del legislador ha sido unificar todas las normas de Dipr en una única pieza legislativa.

2. Tradicionalmente, tanto en la legislación como en la doctrina, el concepto de Dipr ha sido amplio [véase en particular, Kuc era , Z. Mezinárodní právo soukromé (Derecho internacional privado), 7.ª ed., Doplne k y Ale C ene k, Brno Plzen , 2009]. La codificación en la Ley Dipr 2012 establece reglas de Derecho procesal civil internacional, normas de conflicto de leyes y normas sobre la condición de extranjeros, concordantemente con la tradición del Derecho checo. La combinación de estos tres ámbitos se ha revelado eficiente.

La nueva Ley Dipr 2012 incluye así no sólo normas de conflicto y normas de Derecho procesal civil internacional relativas a sectores clásicos del Dipr persona, familia, sucesiones, derechos reales sino también relativas a letras de cambio y cheques, valores, insolvencia y arbitraje. Contiene 125 artículos en lugar de los 70 de la anterior ley. La Ley Dipr 2012 se compone de nueve partes: (1) Disposiciones generales, (2) Disposiciones generales de Derecho procesal civil internacional, (3) Disposiciones generales de conflicto de leyes, (4) Disposiciones relativas a particulares relaciones de Derecho privado (capacidad, actos jurídicos, prescripción, Derecho de familia, sociedades, Derechos reales, Derecho sucesorio, propiedad intelectual, valores y otros instrumentos, Derecho de obligaciones), (5) Cooperación judicial en las relaciones con otros Estados, (6) Insolvencia, (7) Arbitraje, (8) Disposiciones transitorias y finales y (9) Entrada en vigor.

La Ley Dipr 2012 deriva de un típico «proyecto de profesores», cuyo principal redactor, el Profesor Zden k Ku era, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Carolina de Praga, es autor del acreditado libro de texto Mezinárodní právo soukromé (antes citado).

3. El concepto de Dipr en la Ley Dipr 2012 está estrechamente conectado con los tratados internacionales y con el Derecho europeo. La compatibilidad con estas fuentes de Derecho queda garantizada por la cláusula general (art. 2) según la cual la Ley Dipr 2012 se aplicará dentro del respeto a los tratados internacionales que vinculan a la República Checa y a las normas directamente aplicables de la Unión Europea. En consecuencia, la Ley Dipr 2012 se enfoca hacia aspectos jurídicos no regulados en el Derecho de la UE o en dichos tratados internacionales.

En relación con esto último, ha de destacarse que la Ley Dipr 2012 no es consecuente. En algunas de sus partes pueden encontrarse referencias a tratados y en particular a la primacía del Derecho de la UE, mientras que dichas referencias se encuentran a faltar en otras partes: p. ej., en la parte dedicada al Derecho de sucesiones (arts. 74-79) en la medida en que el Reglamento 650/2012 en materia de sucesiones será aplicable desde 17 de agosto de 2015 y reemplazará la mayoría de dichas normas. Obviamente, estos problemas vinculados con el veloz desarrollo del Dipr europeo no son privativos de Chequia sino que existen también, p. ej., en Polonia con la nueva Ley polaca de Dipr (véase P ajor , T., «Introducción a la nueva ley polaca de Derecho internacional privado de 4 de febrero de 2011», REDI , 2012-1, p. 267).

El Profesor Michael Bogdan, en una lección de Dipr como profesor invitado en la Universidad Carolina de Praga en 2013 etiquetó este conocido fenómeno de Dipr europeo como de «tsunami» legislativo. Si bien el Proyecto de la Ley Dipr 2012 quedó finalizado a finales de los noventa [ Ku era , «Kotázkám úpravy mezinárodního práva soukromého» (Cuestiones sobre regulación del Dipr) (1999) 7, Právník (El Abogado), pp. 601-622], hubo de esperar a la finalización de los textos normativos sustantivos Código Civil y Ley de Sociedades Mercantiles , que fueron todavía objeto de amplio debate durante más de una década. Ciertamente, el Proyecto de la Ley Dipr 2012 iba siendo continuamente completado en función de la nueva normativa europea e internacional, en particular el Reglamento 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma I), el Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma II) y el Reglamento 4/2009 en materia de alimentos, pero las respectivas enmiendas del proyecto no fueron siempre coherentes. Además algunas previsiones de la Ley Dipr 2012 están incluidas en la legislación europea y son, por tanto, superfluas. Puede servir de ejemplo el art. 59, que establece una regla de conflicto acerca de derechos de madres solteras contra el padre, ya que dicha regla parece quedar cubierta por el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones de alimentos [ Zavadilová, M., en Pauknerová , M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. et al. (eds.), Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentár (Comentario a la Ley Dipr 2012), Praga, Wolters Kluwer, p. 410], que vincula a la República Checa en los términos previstos en el Reglamento de alimentos. Similar situación se produce en ciertas normas relativas a competencia judicial internacional en materia de alimentos ya contemplada en el Reglamento de alimentos (art. 56.3-5). Otro ejemplo, entre otros posibles es el relativo a la ley aplicable a las obligaciones, las normas especiales de la Ley Dipr 2012 para ciertos empleos existentes por medios distintos al contrato (art. 89) podrían haber quedado subordinadas al Reglamento Roma I.

4. El objetivo de la nueva codificación era concentrar en una única pieza legislativa reglas de Dipr en sentido amplio. El ámbito material de la Ley Dipr 2012 se ha ampliado respecto de sus precedentes en la medida en que ha asumido normas de otros textos normativos, como por ej., Derecho internacional privado de sociedades (art. 30) originalmente contenido en el Código de Comercio (núm. 513/1991 Coll., y sucesivas modificaciones, derogado por el nuevo Código Civil, citado). Otro ejemplo lo constituyen las reglas de la Ley sobre Letras de cambio y Cheques (núm. 191/1950 Coll.) que pasan a la Ley Dipr 2012 (arts. 31, 32, 43, 93-100). Asimismo, las disposiciones conflictuales y procesales sobre arbitraje comercial internacional han sido llevadas fuera de la Ley de Arbitraje y Ejecución de Laudos Arbitrales (núm. 216/1994 Coll.) (arts. 4.2 y 36-40), para incluirlas en la Ley Dipr 2012 (arts. 117-122). La Ley Dipr 2012 debe englobar todas las cuestiones conectadas con los supuestos de Dipr.

Uno de los cambios fundamentales es la estructura de la Ley Dipr 2012. Se compone, como se ha dicho, de nueve partes, empezando con disposiciones generales relativas al Derecho procesal civil internacional y al conflicto de leyes , seguidas de una parte especial, con disposiciones relativas a diversas relaciones de Derecho privado. Dicha parte especial consiste nuevamente en reglas de competencia judicial internacional, normas de conflicto y normas sobre reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras. Éste no es un enfoque nuevo: refleja soluciones de otros legisladores nacionales, por ej., las leyes suiza [ Bundesgesetz von 18. Dezember 1987 über das internationale Privatrecht (IPRG)] o italiana ( Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato )], además de las que se encuentran en reglamentos europeos (por ej., el Reglamento de sucesiones, el Reglamento de alimentos), así como las propuestas [por ej. la Propuesta de Reglamento relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económico matrimoniales, documento COM(2011) 126 final]. A primera vista, este enfoque parece lógico, alineado con el pensamiento práctico que empieza con competencia judicial internacional y termina con el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras. Por otra parte, la primera experiencia de los prácticos pone de manifiesto que, en particular respecto de la parte especial de reconocimiento y ejecución, no siempre queda claro qué norma hay que aplicar en cada caso. Hay que admitir que esta orientación de la Ley Dipr 2012, en combinación con la compleja cuestión de la prioridad de los tratados internacionales y del Derecho de la UE, la hace en ocasiones bastante difícil. La parte restante de la Ley Dipr 2012 cooperación judicial, concursos y arbitraje no habría de provocar problemas de interpretación estructural o sistemática.

5. Uno de los cambios más radicales es la sustitución de la nacionalidad el punto de conexión clásico en los sistemas de civil law por la residencia habitual, tanto en el ámbito conflictual como en el procesal civil internacional. Este cambio corresponde a tendencias globales: la residencia habitual ha devenido el factor de conexión más utilizado tanto en los convenios de La Haya de Derecho internacional privado como en los reglamentos europeos. La ley del Estado de la residencia habitual se aplicará ahora, inter alia , a la capacidad de las personas físicas, custodia, y en combinación con la nacionalidad en algunas cuestiones de régimen económico matrimonial, filiación, custodia, protección de menores, parejas registradas, y sucesiones. La ley del Estado nacional de la persona continúa siendo de aplicación en materia de adopción, así como en combinación con la ley de la residencia habitual en algunos aspectos de Derecho de familia y Derecho de sucesiones.

En comparación con la anterior Ley de Dipr, en la Ley Dipr 2012 los puntos de conexión están redactados con mucho mayor detalle. A veces son simples (por ej., ley aplicable a la capacidad de las personas físicas arts. 29 y 30 ), pero mayoritariamente han sido formulados como puntos de conexión alternativos (por ej., art. 82) o en cascada (por ej., art. 49), dando así al tribunal un mayor grado de flexibilidad en su proceso de decisión, y/o aumentando la certeza jurídica.

6. Dado que la Ley Dipr 2012 es un texto de «profesores», contiene una parte específica de «Disposiciones generales de conflicto de leyes» (arts. 20-28), que establecen reglas sobre aspectos generales de conflicto de leyes, juntamente con unas «Disposiciones generales» que incluyen reglas tanto para el conflicto de leyes como al procedimiento civil internacional, tales como normas imperativas de Dipr, orden público y fraude de ley (arts. 3-5).

Las normas imperativas de Dipr están incluidas en el art. 3 (normas imperativas del foro) y en el art. 25 (normas imperativas del Derecho extranjero). Por desgracia, dichas normas fueron redactadas antes de la adopción de los Reglamentos Roma I y Roma II, de modo que su ámbito de aplicación queda limitado a materias que queden fuera del ámbito de aplicación de dichos reglamentos (y en el futuro el Reglamento de sucesiones), así como a aspectos no cubiertos por el Dipr de la UE, como, por ej., los derechos reales. Por consiguiente, la aplicación de dichas normas de los arts. 3 y 25 de la Ley Dipr 2012 resulta difícilmente imaginable.

La calificación se basa en el principio de que la consideración jurídica de una cuestión a efectos de encontrar la norma de conflicto pertinente ha de llevarse a cabo, como regla, de conformidad con el Derecho checo. Es importante para la práctica la norma según la cual los hechos tenidos en cuenta como punto de conexión han de ser apreciados según el Derecho checo (véase el art. 20 para ulteriores detalles).

El concepto de reenvío (art. 21) ha cambiado sustancialmente respecto de la anterior ley (art. 35 de la Ley de Dipr de 1963). Bajo la nueva norma, el reenvío de retorno al Derecho checo ha de ser aceptado sin excepción. En cuanto al de segundo o ulterior grado, cuando la norma de conflicto del Derecho extranjero remite a la ley de otro Estado, son aplicables las normas materiales de dicho Estado si las mismas serían aplicables según sus propias normas de conflicto; en otro caso, serán aplicables las normas materiales checas. En otras palabras, el reenvío de segundo o ulterior grado será muy excepcional.

La ley aplicable a las cuestiones previas ha de determinarse según las normas correspondientes de la Ley Dipr 2012, es decir, se sigue la teoría de la conexión independiente de las cuestiones previas. Si los tribunales checos no hubiesen sido competentes para conocer de la cuestión previa en caso de haberse planteado independientemente, la ley aplicable la determina la norma de conflicto de la ley aplicable a la cuestión principal si ésta se rige por la ley extranjera (la llamada teoría de la conexión dependiente, art. 22).

La cláusula general de excepción o de escape una disposición específica que contempla la determinación excepcional y complementaria de la ley aplicable comporta otro cambio radical en Derecho checo. En particular, es posible en casos excepcionales no aplicar la ley que sería aplicable según otra norma de la Ley Dipr 2012; esto puede suceder si, tras la adecuada y razonada consideración de todas las circunstancias de la cuestión planteada, así como las legítimas expectativas de las partes respecto de la aplicación de otra ley, se considera inadecuada la aplicación de la norma ordinaria y contraria a una justa y razonable resolución de la cuestión. Dándose estas circunstancias y en la medida en que no queden afectados derechos de terceros, cabe aplicar una ley favorable a dicha resolución de la cuestión. De este modo, el legislador autoriza la derogación puntual de una solución prevista por una norma de conflicto de la Ley Dipr 2012 (véanse detalles en art. 24).

Las normas sobre determinación y aplicación de la ley extranjera (art. 23) corresponden a la teoría y práctica tradicionales en los tribunales checos. La ley extranjera aplicable según la norma de conflicto ha de ser aplicada de oficio y tal como se aplica en el sistema en que está en vigor. Un tribunal u otra autoridad que haya de resolver en materias gobernadas por la Ley Dipr 2012 ha de tomar todas las medidas necesarias para averiguar el contenido de la ley extranjera y si no puede ser averiguado así dicho contenido, puede pedir un dictamen al Ministerio de Justicia para lograrlo. Si el Derecho extranjero no puede ser acreditado dentro de un plazo razonable o si es imposible acreditarlo, se aplica entonces el Derecho checo.

7. Ley Dipr 2012 incorpora reglas específicas sobre competencia judicial internacional, ley aplicable y reconocimiento y ejecución, en su caso, de decisiones extranjeras en el ámbito de la capacidad de las personas, actos jurídicos, representación, prescripción, Derecho de familia, parejas registradas y relaciones similares, derechos reales, Derecho de sucesiones, Derecho de propiedad intelectual, valores y otros instrumentos, y Derecho de obligaciones. Ha de reiterarse que los tratados internacionales y la legislación europea prevalecen sobre las disposiciones de la Ley Dipr 2012 y que la ley intenta regular únicamente aspectos no regulados en otras fuentes. Como se ha indicado ya, en capacidad de las personas físicas, en Derecho de familia y Derecho de sucesiones es mayoritariamente utilizado el punto de conexión residencia habitual, a veces en combinación con la nacionalidad. La adopción se sujeta a la ley nacional de las respectivas personas (véase art. 61).

En Derecho de las personas jurídicas, la personalidad y la capacidad se regulan por la ley del Estado con arreglo al cual se constituyen. La teoría de la incorporación ha sido la seguida tradicionalmente en Derecho checo, con algunas excepciones relativas inter alia a la posibilidad de transferencia internacional de sede social (véanse arts. 138-143 del Código Civil de 2012 y arts. 59a-59zb y 384a-384p de la Ley de Transformación de Sociedades Mercantiles y Cooperativas, núm. 125/2008 Coll.).

Las normas sobre ley aplicable a las letras de cambio y cheques corresponden a las del Convenio de Ginebra de 1930 sobre Ley Uniforme de Letras de Cambio y Pagarés, incorporadas en la legislación checa, si bien el Convenio no fue ratificado por Checoslovaquia.

Las parejas registradas y otras relaciones similares se rigen por la ley bajo la que se constituyó la pareja (art. 67). Hay que señalar que las parejas registradas reciben un tratamiento separado del correspondiente al Derecho de familia (Título V) en el Título VI.

Los derechos reales se basan tradicionalmente en la ley del lugar donde se halla situada la propiedad, con algunas excepciones (véanse arts. 69-72). Una nueva disposición relativa a los trusts (art. 73) está inspirada en el Convenio de la Haya sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento de 1985.

Los derechos de propiedad intelectual se regulan por la ley del Estado que los reconoce y otorga protección (art. 80).

El Derecho de obligaciones ha de quedar limitado a las cuestiones no incluidas en el Derecho europeo o en los tratados internacionales. El principio básico es el de los vínculos más estrechos, salvo que las partes hayan escogido la ley aplicable, con algunas excepciones en favor de la parte débil. Existen reglas específicas para los actos jurídicos unilaterales, garantías de las obligaciones, compensación (arts. 90-92) y obligaciones no contractuales derivadas de vulneración de la intimidad y derechos de la personalidad, inclusive difamación (art. 101).

8. Además de normas de competencia judicial internacional y de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en ámbitos no cubiertos por tratados internacionales ni por el Derecho de la UE [en particular el Reglamento núm. 44/2001 (Reglamento Bruselas I) y el Reglamento núm. 2201/2003 (Reglamento Bruselas II bis)], la Ley Dipr 2012 incluye reglas de cooperación judicial internacional (arts. 102-110), y sobre procedimientos de insolvencia no cubiertos por el Reglamento núm. 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia (arts. 111-116), y reglas sobre arbitraje internacional (arts. 117-122). Hay cambios radicales en lo relativo a las disposiciones sobre inmunidad de jurisdicción: el principio de inmunidad absoluta de los Estados en que se basaba la Ley de 1963 (art. 47), muta por el de inmunidad funcional (art. 7 Ley Dipr 2012), que corresponde a las actuales tendencias en Derecho internacional consuetudinario, codificado en la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidad de los Estados y de sus Bienes de 2004.

9. Como conclusión, cabe preguntarse si tiene todavía sentido adoptar una nueva ley nacional. La Ley checa de Dipr de 2012 refleja las actuales corrientes en la regulación de los casos internacionales e incluye cuestiones no unificadas a nivel europeo. Por otra parte, si se tiene en cuenta el «tsunami» legislativo europeo, hemos de preguntarnos si era realmente necesario proyectar y adoptar una nueva ley de Dipr en un Estado miembro de la UE. Mis propias observaciones al Proyecto de Ley Dipr 2012 fueron críticas, pero aisladas ( Pauknerová , M. «Codification of private international law in the EU: does it make a sense to re-codify Czech private international law?», Tomá ek, M. et al., Czech law between Europeanization and globalization , Universidad Carolina de Praga, Karolinum Press, 2010, pp. 305-317). Ahora la Ley Dipr 2012 es una realidad y tiene que ser valorada objetivamente, no sólo por académicos, sino también y particularmente por los juristas prácticos.

The Parliament has passed this Act of the Czech Republic:

This Act stipulates, in relations with a cross-border element,

a) the law of which state shall govern private-law relations including the application of other laws than the designated applicable law,

b) legal status of foreigners and foreign legal entities in private-law relations,

c) jurisdiction and procedures of courts and other authorities when dealing with relations referred to under a) and b), and taking decisions concerning such relations including steps taken in the proceedings provided the cross border element is present only in the proceedings themselves,

d) recognition and enforcement of foreign judgments,

e) judicial cooperation in communication with foreign states,

f) certain matters related to insolvency,

g) certain matters related to arbitration, including recognition and enforcement of foreign arbitral awards.

This Act shall be applied within the limits of the provisions of promulgated international treaties by which the Czech Republic is bound (hereinafter referred to as «international treaty») and directly applicable provisions of the European Union law.

Provisions of this Act shall not prevent the application of such provisions of the Czech legal order which are, within the limits of their subject matter, always applicable regardless of which law governs the legal relations that are affected by the application of such provisions.

Provisions of a foreign law which is to be applied pursuant to the provisions of this Act shall not be applied if the effects of such application are manifestly incompatible with the public policy (ordre public) [of the forum]. For the same reasons it shall not be possible to recognize foreign judgments, foreign court settlements, foreign notarial acts and other public documents (authentic instruments), foreign arbitral awards, to undertake a procedural act based on a request from abroad [from foreign authorities], or to recognize a legal relation or an event which originated abroad or under a foreign law.

Facts (events) created or pretended by a deliberate act with an intention to eliminate the application of such provisions of this Act which cannot be derogated from by an agreement, or to apply them differently than if such created or pretended facts (events) did not exist, shall be disregarded.

(1) The Czech courts shall have jurisdiction in proceedings when the (Czech) procedural provisions stipulate a local jurisdiction (venue) of a court in the territory of the Czech Republic, without prejudice to the application of other provisions of this Act or other legislation.

(2) When the Czech courts have jurisdiction, their jurisdiction shall apply also on a counter-claim arising from the same legal relation or the same factual circumstances.

(1) Other States shall have immunity from the jurisdiction of the Czech courts as regards proceedings arising out of the state s acts and actions undertaken while exercising their state, governmental or other public powers and functions, including their property used or intended for such acts.

(2) Immunity from the jurisdiction of the Czech courts shall not apply to other acts, actions or cases, to the extent in which general international law or international agreements allow institute proceedings against a state before the courts of another state.

(3) Persons, international organizations and institutions enjoying immunity in the Czech Republic under general international law or the Czech law are, to an extent stipulated therein, not subject to jurisdiction of the Czech courts.

(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall apply also to service of documents, summoning of witnesses, enforcement of judgments and to other procedural steps.

(5) Service to other states, international organizations, institutions and persons enjoying immunity other than the immunity from the jurisdiction of Czech courts shall be arranged by the Ministry of Foreign Affairs. Where such service is not possible, a court shall designate a guardian.

(6) The provisions of paragraphs 1 to 5 shall apply also to acts of other Czech public authorities when deciding on matters governed by this Act, as appropriate.

(1) The Czech courts shall act in proceedings under the Czech procedural provisions, while the parties shall enjoy an equal status when exercising their rights.

(2) Proceedings initiated in another state shall not prevent from initiating proceedings on the same cause of action between the same parties before a Czech court. If the initiation of proceedings before the Czech court occurred later than the one in another state, the Czech court may, in justified cases, stay the proceedings should it be assumed that a foreign body s decision is to be recognized in the Czech Republic.

(1) Capacity of a foreigner to be a party to proceedings as well as the procedural capacity shall both be governed by the law of the state of the foreigner s habitual residence; it shall however be sufficient for the foreigner to possess such a capacity under the Czech law.

(2) Capacity of foreign entities other than natural persons to be a party to proceedings as well as their procedural capacity shall both be governed by the law under which the entity has been established; it shall however be sufficient for the entity to possess such a capacity under the Czech law.

Foreigners and foreign legal entities shall be, under the same conditions as the citizens of the Czech Republic and the Czech legal entities, entitled to an exemption from court fees and deposits and to an appointment of a free of charge representative to protect their interests, provided reciprocity is guaranteed. The guarantee of reciprocity condition shall not apply to the citizens of the European Union Member States and other countries of the European Economic Area.

(1) The court may, upon a defendant s proposal, order a foreigner with habitual residence abroad and a foreign legal entity seeking a decision on a property right, to provide a security deposit set by a court to cover the costs of proceedings. Should the security deposit not be provided within the set time limit, the court shall not continue in the proceedings against the defendant s will and shall dismiss the proceedings. The plaintiff needs to be informed thereof.

(2) The security deposit shall not be ordered if

a) the proposal to provide the security deposit was submitted after the defendant has already acted in the case or has undertaken a procedural step, while knowing that the plaintiff is not a citizen of the Czech Republic or a Czech legal entity, or that the plaintiff has lost the Czech citizenship or ceased to be a Czech legal entity, or the plaintiff is not habitually resident in the Czech Republic,

b) in similar cases, in the state of the plaintiff s domicile a provision of a security deposit is not required from the citizens of the Czech Republic or the Czech legal entities,

c) the plaintiff owns an immovable property in the Czech Republic in a price sufficient to cover the costs incurred by the defendant in the proceedings,

d) the proposal to initiate the proceedings is processed by means of a payment order, or

e) the plaintiff is exempt from court fees and deposits.

(3) The obligation to provide a security deposit shall not be ordered to the citizens of the European Union Member States and other countries of the European Economic Area.

(1) A document executed by a court, a notary or an authority in a foreign state, which is in the place of its origin deemed to be a public document, or a public document executed by a diplomatic officer or consular agent working in the Czech Republic, shall be taken as a public document evidence also in the Czech Republic, provided it possesses the required legalisation.

(2) Should the document executed abroad fail to possess the required legalisation in accordance with international practice and should the relevant embassy of the Czech Republic have no doubts about its authenticity, the embassy shall place a certificate on the document declaring that the embassy has no doubts about the authenticity of the document.

Upon request, the Ministry of Justice shall provide the court with information about reciprocity with another state.

Judgments of foreign courts and judgments of foreign authorities on rights and obligations which would be, based upon their private-law nature, decided by courts in the Czech Republic, as well as foreign court settlements and foreign notarial acts or other public documents on these matters (hereinafter referred to as «foreign judgments»), shall be effective in the Czech Republic provided a certificate of the foreign authority confirms the judgment has become final and provided it has been recognized by the Czech public authorities.

(1) Unless other provisions of this Act stipulate otherwise, a final foreign judgment shall not be recognized if

a) the matter falls into an exclusive jurisdiction of the Czech courts or if the proceedings could not be implemented by any authority of a foreign state, should the provisions on jurisdiction of the Czech courts apply to assess the jurisdiction of a foreign authority, unless the party to the proceedings against which the foreign judgment is focused voluntarily submits to the jurisdiction of a foreign authority,

b) proceedings involving the same legal relation are brought in the courts of the Czech Republic and the Czech court was seised prior to the foreign court which rendered a judgment the recognition of which is being applied for,

c) a Czech court has rendered a final judgment on the same legal relation or if a foreign final judgment rendered by a third state s authority has already been recognized in the Czech Republic,

d) the party against which the judgment is to be recognized has been disabled by a foreign authority s action to properly participate in the proceedings, in particular the party has not been served with the summons to appear or with the document which instituted the proceedings,

e) the recognition would be manifestly contrary to the public policy, or

f) reciprocity is not guaranteed; reciprocity shall not be required provided the foreign judgment is not aimed against a national of the Czech Republic or a Czech legal entity.

(2) The defence referred to under paragraph 1 letter d) shall be taken into consideration only if it is raised by the party against which the foreign judgment is to be recognized. This shall also apply to the defences referred to under paragraph 1 letters b) and c) , unless the authority deciding upon recognition is otherwise aware of their existence.

(1) Recognition of a foreign judgment in property matters shall not be rendered in a separate judgment (verdict). A foreign judgment shall be recognized by the fact that a Czech public authority takes it into consideration as if it was a judgment of a Czech public authority. Should there be an objection of the public policy consideration or of another reason for rejecting recognition which could not be taken into account automatically, the proceedings shall be stayed and a time limit shall be set to initiate proceedings to which the paragraph 2 shall apply mutatis mutandis. After its final conclusion or after the expiry of the above-mentioned time limit the stayed proceedings shall continue.

(2) Foreign judgments in other matters shall be recognized on the basis of a special judgment should this Act not stipulate that foreign judgments shall be recognized without further proceedings. Even in case foreign decisions are recognized without further proceedings they can as well be recognized upon application by means of a special judgment. Unless otherwise stipulated by law, the District Court which is the general court of the party claiming recognition, otherwise the District Court in the district of which a fact (event) occurred or may occur for which the recognition is of importance, shall have local jurisdiction (venue) to declare recognition. The court shall decide upon recognition by judgment; a hearing does not need to be ordered.

(3) On the basis of a foreign judgment on property matters which fulfils the conditions for recognition under this Act, an enforcement of such a judgment may be ordered by a reasoned decision of a Czech court.

The provisions of this Title shall apply onto proceedings on recognition and enforcement of foreign judgments which are governed by the directly applicable provisions of the European Union law or international treaties that require a declaration of enforceability.

If a party requests, under a directly applicable provision of the European Union law or international treaties, to have recognition decided upon in special proceedings, the court shall decide by means of a judgment on recognition.

A hearing does not need to be ordered.

(1) Along with the application for a declaration of enforceability an application for a writ of execution may be submitted under a different law. In such a case, a court shall decide in a single judgment on both applications by separate reasoned statements (verdicts). The judgment must be reasoned even when deciding only upon one of these applications.

(2) Provided a court proceeded according to the paragraph 1 and a directly applicable provision of the European Union law or an international treaty stipulates a time limit for lodging an appeal against the judgment on recognition or on declaration of enforceability of foreign judgments longer than a time limit set by another provision for lodging an appeal against a writ of execution, the longer time limit shall apply also to lodging an appeal against the writ of execution.

(3) If an appellate court examines the reasons for which the foreign judgment may not be recognized and under the directly applicable provisions of the European Union law or an international treaty the reasons could not be examined by the first instance court, while the reasons are indicative of a non-recognition of the foreign judgment, the appellate court shall alter the judgment of the first instance court by dismissing the application.

(4) A writ of execution of a judgment shall not become final prior to the declaration of the judgment s enforceability.

(1) A legal assessment of a particular legal relation or question in order to find the applicable conflict-of-law provision to determine the applicable law is usually undertaken under the Czech legal order.

(2) If legal provisions from more than one legal order are to apply to a particular legal relation or question, the assessment of such provisions in accordance with the paragraph 1 may also include the consideration of these Provisions functions within the framework of their legal system.

(3) If the applicable law has been determined for the main relation, the assessment of a particular relation or question connected to the main relation is usually also undertaken under that law.

(4) The facts stipulated in the conflict-of-law provisions of this Act to determine the applicable law (connecting factors) shall be assessed under the Czech law.

(1) Where the provisions of this Act stipulate the application of foreign law the provisions of which refer back to the Czech law, the substantive-law provisions of the Czech law shall apply. Where the provisions of foreign law refer to the law of another foreign state, the substantive-law provisions of that law shall apply, should it be applied under its conflict-of-law provisions; otherwise the substantive-law provisions of the Czech law shall apply.

(2) Renvoi shall not be resorted to in the contractual obligations and labour-law relations. Where the applicable law has been determined by the parties, it is possible to resort to its conflict-of-law provisions only if it follows from the agreement between the parties.

(1) The provisions of this Act shall apply to determine the law applicable to the preliminary question. Should the Czech courts not have jurisdiction to decide upon the preliminary question if it was considered in a separate case, the conflict-of-law provision of the law governing the main question shall apply to determine the applicable law provided such a question is governed by a foreign law.

(2) If a preliminary question has already been granted a final judgment by a competent Czech public authority or a court or by an authority of a foreign state the judgment of which fulfills conditions for recognition in the Czech Republic, such a judgment shall pave the way (shall be binding) for the court.

(1) Unless other provisions of this Act stipulate otherwise, the foreign law which is to be applied under the provisions of this Act shall be applied also of own motion ( ex officio ) and in a manner in which it is applied in the territory to which it applies. Such provisions thereof shall be applied which would be applied in the territory to which the law applies to the matter in question (case at hand), regardless of their systematic classification or their public nature, provided they are not contrary to the overriding mandatory provisions of the Czech law.

(2) Unless further stipulated otherwise, the content of the foreign law which is to be applied under the provisions of this Act shall be determined of own motion ( ex officio ). The court or public authority deciding upon matters covered by this Act shall undertake all necessary measures for such a determination.

(3) Should the content of the foreign law be unknown to the court or public authority deciding upon matters covered by this Act, it may request for its determination an opinion from the Ministry of Justice.

(4) Should a legal order of a state with more than one legal system or with different provisions for individual groups of persons apply, the law of such state shall determine the application of relevant legal provisions.

(5) If the foreign law is not determined within a reasonable time or if such a determination is impossible, the Czech law shall apply.

(1) It shall be possible, in completely exceptional cases, to decline from the application of the law which should be applied under the provisions of this Act, provided it seems inappropriate and contrary to a reasonable and fair arrangement of the participants relation, following a due and reasoned assessment of a set of all the circumstances of the case, in particular the reasonable expectations of the participants regarding the application of another legal order. Under these conditions and provided the rights of third persons are not prejudiced, the law the application of which corresponds to such an arrangement shall be applied.

(2) Should it not be possible to determine, under other provisions of this Act, the law applicable to a certain relation or question falling into the scope of this Act, the law which is in the closest connection to them shall be applied, unless the parties have chosen or have otherwise identified the application of a certain law.

Upon a request of a participant, provisions may be applied of another state s law which should not be applied under the provisions of this Act, however under the law they form a part of they shall be applied irrespective of which law governs the rights and obligations concerned. The condition for their application shall be that the rights and obligations concerned shall have a sufficiently significant relation (connection) to the other state and it shall be fair with respect to the nature of these provisions, their purpose or the consequences (implications) which would, in particular for the participants, result from their application or non-application. The participant invoking such provisions shall prove the validity and content of these provisions.

(1) Foreigner means a natural person who is not a citizen of the Czech Republic. Foreign legal entity means a legal entity with a seat outside the territory of the Czech Republic.

(2) Unless otherwise stipulated by this Act or other law, foreigners and foreign legal entities shall have the same rights and obligations in the area of personal and property rights as the citizens of the Czech Republic and the Czech legal entities.

(3) In case another state treats the citizens of the Czech Republic and the Czech legal entities differently from its own citizens and legal entities, the Ministry of Foreign Affairs may, based upon an agreement with the competent authorities, stipulate in an official publication to decline from the application of the paragraph 2. This shall not apply to matters concerning foreigners and foreign legal entities to whom the law of the European Union shall confer the same rights and obligations as to the citizens of the Czech Republic and the Czech legal entities, or to matters when it would violate the fundamental human rights of the foreigner.

The status of foreigners and foreign legal entities doing business in the Czech Republic in the area of labour law, copyright law and industrial rights is governed by other laws.

(1) If someone is in the decisive time period a citizen of the Czech Republic and if such a person is at the same time considered by another state to be its citizen, the nationality of the Czech Republic shall be decisive.

(2) If someone is in the decisive time period a citizen of several foreign states, the last acquired nationality shall be decisive provided, considering the person s life situation, the relation of such a person to another state of which he or she is a citizen shall not substantially prevail; in such a case the nationality of that [latter] state shall be decisive.

(3) A person who in the decisive time period is not a citizen of any state or whose nationality cannot be determined under with the paragraph 2 shall be regarded as a citizen of the state in the territory of which he or she has habitual residence in the decisive time period, and if it cannot be determined, in the territory of which he or she resides. If even that cannot be determined, for the purposes of this Act it shall be proceeded as if he or she was a citizen of the Czech Republic.

(4) If someone is an applicant for granting international protection, an asylum seeker or a beneficiary of subsidiary protection or is homeless under another law or international agreement, the personal status of such a person shall be governed by provisions of international agreements stipulating the legal status of refugees and the legal status of stateless persons.

(1) Unless otherwise stipulated by this Act, legal personality and legal capacity shall be governed by the law of the state in which a person is habitually resident.

(2) Unless otherwise stipulated by this Act, it shall be sufficient when a natural person undertaking a legal act has legal capacity under the law applicable at the place where the legal act is undertaken.

(3) A modification of the name of a natural person shall be governed by the law of the state of which the person is a citizen. However, such a person may invoke an application of the law of the state in the territory of which he or she has habitual residence.

(1) Legal personality and legal capacity of an entity other than a natural person shall be governed by the law of the state under which it was established (incorporated). This law shall also govern a trading name or a name and internal relations of such an entity, the relations between such an entity and its partners or members, mutual relations of its partners or members, a responsibility of its partners or members for liabilities of such an entity, a person responsible for acting on behalf of such an entity, as well as its winding up.

(2) For such an entity to be bound by its usual acts it shall be sufficient when such an entity has such capacity under the law applicable at the place where the legal act was undertaken.

(3) A legal entity domiciled in the Czech Republic may be established only under the Czech law. This shall not affect the possibility to transfer a seat of a legal entity domiciled abroad and incorporated under the law of a foreign state to the Czech Republic, provided it is allowed by an international treaty, a directly applicable provision of the European Union law or other legislation.

(1) The capacity of a person to obligations (to be legally bound) under bills of exchange or cheques shall be governed by the law of the state of which he or she is a citizen. Should that law claim another state s law is applicable, the law of the other state shall apply.

(2) A person without a capacity to obligations under bills of exchange or cheques under the law referred to in the paragraph 1 shall nevertheless be validly bound should he or she sign the bill of exchange or cheque in the state under the law of which he or she would have the capacity to obligations under bills of exchange or cheques. This shall not apply should a citizen of the Czech Republic or a person habitually resident in the Czech Republic be concerned.

A specification of who can be indicated as a drawee shall be governed by the law of the state in which the cheque is payable. Should the cheque be, under such a law, invalid due to the person of the drawee, obligations under signatures written on the cheque in the state the law of which does not stipulate invalidity for such a reason shall nevertheless be valid.

(1) The Czech courts shall have jurisdiction in matters concerning legal capacity limitations as well as in guardian matters, should they concern persons with habitual residence in the Czech Republic or citizens of the Czech Republic even if they are habitually resident abroad. The Czech court shall not be obliged to initiate proceedings, provided measures taken abroad are sufficient to protect the rights and interests of a citizen of the Czech Republic.

(2) Should the Czech courts not have jurisdiction under the paragraph 1, the Czech court shall limit itself to measures necessary for the protection of a person and his or her property and shall inform thereof the authority of the state in which the person habitually resides. Should the competent authority of a foreign state not regulate the situation of such a person within a reasonable time, the Czech court shall do so.

(3) The Czech court shall not inform the authorities of a foreign state under the paragraph 2 in matters concerning applicants for granting international protection, asylum seekers and beneficiaries of a subsidiary protection under other laws. In such a case, the Czech court shall be the one to regulate the situation of the person.

The conditions for an establishment and termination of guardianship and conditions for limitation of legal capacity as well as for incapacitation shall be governed by the law of the state in which the ward has habitual residence. On principle, guardianship concerns the ward and his or her property, be the property where ever, provided the state where the property is located acknowledges effectiveness (recognizes effect) of the guardianship.

An obligation to accept and exercise guardianship shall be governed by the law of the state in which the guardian is habitually resident.

Legal relations between the guardian and the ward shall be governed by the law of the state in which the guardianship court or authority has its seat.

Unless the provisions of § 34 - 36 stipulate otherwise, the Czech court shall take measures under the Czech substantive law.

Final foreign judgments in the matters of a legal capacity limitation or incapacitation and in guardianship matters of a foreigner which were issued by the courts or authorities of the state of which the foreigner is a citizen (hereinafter referred to as «home state») or the state in which the foreigner has habitual residence shall be recognized without further proceedings.

(1) To declare a citizen of the Czech Republic dead or missing shall fall into an exclusive jurisdiction of a Czech court.

(2) A Czech court may declare a foreigner dead or missing with legal consequences for the citizens of the Czech Republic as well as for persons habitually resident in the Czech Republic and for property located in the Czech Republic.

(3) In the matters of declarations as dead or missing the Czech court shall always apply the Czech substantive law.

Final foreign judgments in the matters of declarations dead or missing which were issued by the courts or authorities of the home state of the foreigner or the state in which the foreigner had last habitual residence shall be recognized without further proceedings.

The existence and validity of a legal act as well as the consequences of its nullity shall be governed by the same law as the legal relation established thereby, unless a law stipulates otherwise or unless the nature of the matter directs otherwise. In determining the [applicable] law, it shall be proceeded as if the legal act was valid.

(1) A contract or other legal act shall be valid as to its form provided the form complies with the law of the state

a) governing the contract or other legal act and a legal relation established thereby,

b) in which one of the actors expressed (manifested) its will (intent),

c) in which one of the actors has habitual residence or seat, or

d) in which an immovable property concerned by the legal act is located.

(2) Should the law which governs or should govern a legal relation established by a legal act, or the law of the state in which an immovable property concerned by the legal act is located, stipulate maintaining of a certain form as a necessary prerequisite of validity, it shall be compulsory to maintain such a form.

(1) A form of a bill of exchange declaration and a form of a cheque declaration shall be governed by the law of the state in which the declaration was made. For the form of a cheque declaration it shall be sufficient to maintain the form stipulated therefor by the law of the payment place.

(2) A defective form of the first bill of exchange declaration or the first cheque declaration shall have no influence on the validity of a later bill of exchange declaration or a later cheque declaration, should the bill of exchange declaration or the cheque declaration, invalid under the paragraph 1, conform to the law of the state where the later bill of exchange declaration or the later cheque declaration was made.

(3) A bill of exchange declaration and a cheque declaration by a citizen of the Czech Republic made abroad shall be valid in the Czech Republic towards other citizens of the Czech Republic, provided it fulfils the requirements of the Czech law concerning its form.

(4) A form of a protest and of a protest time limit as well as a form of other acts necessary for an application and maintenance of bills of exchange rights and cheque rights shall be governed by the law of the state in which the protest or other act must be undertaken (performed).

(1) For an agency by operation of law or an agency by virtue of a decision of a court or other authority as well as for the effects thereof either the law which includes provisions governing agency by operation of law shall apply, or the law of the state the court or authority of which has given the judgment upon which the agency is based. For the effects of agency in usual acts, a compliance with the law applicable in place where the act was undertaken (performed) shall be sufficient.

(2) A legal act undertaken by an agent shall have effects for the principal if it complies with the law applicable in place where

a) the agent undertook the act,

b) the principal has a seat or habitual residence,

c) the agent has a seat or habitual residence, or

d) an immovable property is located if the legal act concerns such an immovable property.

(3) A legal act undertaken by an agent shall also have effects for the principal provided it complies with the law which governs or should govern the legal relation established by a legal act of the agent.

(4) To maintain the form of a power of attorney (document of authority) it shall be sufficient for the form to comply with one of the laws referred to under the paragraph 2 or 3 or with the law applicable in place where the power of attorney was granted.

(5) A legal relation between the agent and a third party established as a result of exceeding the authority, as well as a legal relation between a person acting on behalf of another person without a due authority and a third party, shall be governed by the law applicable in place where the agent or the person acting on behalf of another person without a due authority has a seat or habitual residence. A third party may however invoke the application of the law applicable in place where the act of the agent or person acting on behalf of another person without a due authority was undertaken (performed).

The effects of acts on the basis of a proxy [die Prokura in German] for the principal shall be governed by the law of the state in which a person granting the proxy has a seat or habitual residence; the effects of acts on the basis of an authority for activities in running of a business plant (establishment) for the principal shall be governed by the law of the state in which the principal has a business plant, a branch or an establishment the running of which includes activities of the authorized person. It shall however be sufficient should these effects occur under the law applicable in place where the proxy holder [der Prokurist in German] or the authorized person undertook a legal act toward a third person and, when the legal act concerns an immovable property, also under the law applicable in place where the immovable property is located.

Prescription (limitation) shall be governed by the same law as the law which is subject to prescription.

(1) Unless an international treaty or a directly applicable provision of the European Union law stipulates otherwise, it shall be sufficient to establish the jurisdiction of the Czech courts for proceedings on divorce, on marriage annulment and on declaring whether a marriage exists or not, if one of the spouses is a citizen of the Czech Republic or if the defendant has habitual residence in the Czech Republic.

(2) If the spouses are foreigners and the defendant is not habitually resident in the Czech Republic or in another Member State of the European Union, nor is a citizen of a Member State of the European Union and is not domiciled in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or in Ireland, the Czech courts shall have jurisdiction in matters referred to in the paragraph 1 provided

a) both spouses were habitually resident in the Czech Republic and the plaintiff still has habitual residence in the Czech Republic,

b) the plaintiff has habitual residence in the Czech Republic and the second spouse joined the application, or

c) the plaintiff has habitual residence in the Czech Republic and has had such habitual residence for at least one year prior to filing the action.

(3) A jurisdiction of the Czech courts in proceedings on maintenance obligations between spouses and former spouses shall be determined by a directly applicable provision of the European Union law.

(1) The capacity of a person to celebrate marriage as well as the conditions for its validity shall be governed by the law of the state of which the person is a citizen.

(2) The form of a marriage shall be governed by the law applicable in place where the marriage is being celebrated.

(3) A celebration of marriage at an embassy of the Czech Republic abroad shall be governed by the Czech law.

(4) A citizen of the Czech Republic shall not celebrate marriage at an embassy of a foreign state in the Czech Republic.

(1) Personal relations of spouses shall be governed by the law of the state of which they are both citizens. Should they be citizens of different states, such relations shall be governed by the law of the state in which both spouses are habitually resident, otherwise by the Czech law.

(2) Maintenance obligations between spouses shall be governed by the law determined under an international treaty the application of which is stipulated by a directly applicable provision of the European Union law2.

(3) Property regimes of spouses shall be governed by the law of the state in which both spouses are habitually resident; otherwise by the law of the state of which both spouses are citizens; otherwise by the Czech law.

(4) An agreement on matrimonial property regime shall be governed by the law applicable to the property regimes of spouses at the time of the agreement negotiation. Concerning an agreement on matrimonial property regime, the spouses may also agree upon that their property regimes shall be governed either by the law of the state of which one of the spouses is a citizen or in which one of the spouses is habitually resident, or by the law of the state in which an immovable property is located, should the matter concern the immovable property, or by the Czech law. The agreement shall be recorded in a notarial act or a similar document, should the agreement be concluded abroad.

(1) Divorce shall be governed by the law of the state governing personal relations (circumstances) of spouses at the time of the proceedings institution.

(2) Should it be necessary to apply foreign law under the paragraph 1 which does not allow divorce or admits it only under extremely onerous circumstances, the Czech law shall apply provided at least one of the spouses is a citizen of the Czech Republic or at least one of the spouses is habitually resident in the Czech Republic.

(3) When annulling marriage or when determining whether a marriage exists or not, the capacity to celebrate marriage and the form of its celebration shall be governed by laws applicable to them at the time of marriage celebration.

(4) Maintenance obligations between former spouses shall be governed by the law chosen under an international treaty the application of which is stipulated by a directly applicable provision of the European Union law2.

(1) Final foreign judgments in matters of divorce, legal separation, annulment of marriage and declaring whether a marriage exists or not provided at least one of the parties was a citizen of the Czech Republic, shall be recognized in the Czech Republic only on a basis of a separate judgment, unless precluded by the provisions of § 15 paragraph 1 letters a) through e).

(2) To declare that a judgment in a matter referred to in the paragraph 1 shall be recognized shall fall into the jurisdiction of the Supreme Court. An application therefore may be filed by the parties as well as by any person who shall prove a legitimate interest. The Supreme Public Prosecutor s Office may enter the initiated proceedings. The Supreme Court shall decide by means of a judgment, a hearing does not need to be ordered.

(3) A judgment referred to in the paragraph 1 may be recognized only provided the factual basis was determined in a manner complying in principle with the applicable provisions of the Czech law.

If all the parties were at the decisive time period citizens of the state the judgment of which is concerned, final foreign judgments in matters referred to in § 51 shall have the same legal effects in the Czech Republic, without further proceedings, as final judgments of the Czech courts. The same shall apply to final judgments in these matters given by the authorities of other foreign states, provided such judgments are recognized in the home states of all the parties who are foreigners.

An action to establish or contest parentage shall be filed at the general court [the court of the habitual residence] of the defendant in the Czech Republic; should the defendant not have a general court there, at the general court of the plaintiff. The Czech courts shall have jurisdiction even if neither the plaintiff has a general court in the Czech Republic, however one of the parents or the child is a citizen of the Czech Republic.

(1) Establishment and contesting of parentage shall be governed by the law of the state the nationality of which the child acquired by birth. If the child acquired by birth more than one nationality, the Czech law shall apply. Should it be in the interest of the child, the law of the state in which the mother was habitually resident at the time of the conception of the child shall apply.

(2) Should the child be habitually resident in the Czech Republic and should it be in the interest of the child, the Czech law shall apply to establish and contest parentage.

(3) Parentage shall be sufficiently established if it is under the law of the state where the recognition of parentage was declared. Contesting parentage and establishing another person as a parent in judicial proceedings or out of court in a foreign state according to a local law shall be sufficient to a valid establishment of parentage of such a person.

(1) The provisions of § 51 shall apply mutatis mutandis to a recognition of final foreign judgments in matters of establishment and contesting of parentage, provided at least one of the parties was a citizen of the Czech Republic.

(2) If all the parties were at the decisive time period citizens of the state whose final judgment is concerned, or if such a judgment of foreign authorities is recognized in the home states of all the parties who are foreigners, the provisions of § 52 shall apply mutatis mutandis to a recognition of final foreign judgments in matters of establishment and contesting of parentage.

(1) Where jurisdiction in matters of maintenance obligations and in matters of parental responsibility is not covered by directly applicable provisions of the European Union law, the Czech courts shall have jurisdiction in matters of maintenance, custody and other matters of care of minors, including measures directed to the protection of their person and property, provided the minor is habitually resident in the Czech Republic or a citizen of the Czech Republic while habitually resident abroad. The Czech court shall not be obliged to initiate proceedings provided the measures taken abroad are sufficient to protect the rights and interests of a citizen of the Czech Republic.

(2) A Czech embassy may take over the care of a minor citizen of the Czech Republic, habitually resident abroad and with no one exercising parental rights and obligations toward, to the extent of jurisdiction of the court provided such jurisdiction is recognized by the state in which the minor is habitually resident. The embassy shall immediately inform the Office for International Legal Protection of Children about the takeover of the care.

(3) The Czech courts shall also have jurisdiction in maintenance proceedings in which a modification or a termination of a judgment given by a Czech court is proposed against the maintenance creditor habitually resident abroad.

(4) The Czech courts shall have jurisdiction to decide, upon an application by the maintenance debtor habitually resident in the Czech Republic, to modify or terminate maintenance obligations imposed by a judgment of a foreign state s authority provided the maintenance creditor is not habitually resident in the state the authority of which has given the judgment.

(5) In divorce proceedings of parents of a minor foreigner who is not habitually resident in the Czech Republic but is located there, the Czech courts shall have jurisdiction to regulate the rights and obligations of parents of a minor for the time after the divorce provided the minor will be located in the territory of Czech Republic and authorities of the foreign state concerned do not take other measures.

(1) The relations between parents and children in maintenance matters shall be governed by the law determined under an international treaty the application of which is stipulated by a directly applicable provision of the European Union law2. The applicable law in matters of maintenance rights of creditors in other regimes shall be determined in the same manner.

(2) In other matters of parental rights and obligations and of measures for protection of person or property of the child the applicable law shall be determined under an international treaty3.

Final foreign judgments in matters of maintenance, custody and care of minors and other matters concerning them, given in a state the citizen of which is a child of a foreign nationality or in which such a child is habitually resident and all the parties are foreigners, shall be recognized without further proceedings. Should such judgments impose property performance, they may be recognized and enforced unless precluded by defences stipulated in § 15 paragraph 1 letters b) through e).

(1) Claims of a child s mother against the father to whom she is not married shall be governed by the law of the state in which the mother is habitually resident at the time of the child s birth. The mother may invoke the application of the law of the state of which she is a citizen at the time of the child s birth. Claims of an unmarried pregnant woman shall be governed by the law of the state in which she is habitually resident at the time of filing the application, unless she invokes the application of the law of the state of which she is a citizen at the time of filing the application.

(2) Should a child s mother who is a foreigner be habitually resident in the Czech Republic at the time of the child s birth and should a child s father be a citizen of the Czech Republic, the rights of the child s mother shall be governed by the Czech law.

(1) The Czech courts shall have jurisdiction to decide upon adoption matters provided the adopter is a citizen of the Czech Republic. Should the adopters be spouses it shall be sufficient if one of them is a citizen of the Czech Republic.

(2) Should the adopter or one of the spouses not be a citizen of the Czech Republic, the Czech courts shall have jurisdiction

a) provided the adopter or at least one of the adopting spouses is resident there and provided the court s judgment may be recognized in the home state of the adopter or in the home states of both adopting spouses, or

b) provided the adopter or at least one of the adopting spouses is habitually resident in the Czech Republic.

(3) If a minor concerned is a citizen of the Czech Republic and is habitually resident in the Czech Republic, the Czech courts shall have an exclusive jurisdiction to decide upon the minor s adoption.

(1) Adoption shall be subject to conditions stipulated by the law of the state the citizen of which is the adoptee as well as of the state the citizen of which is the adopter.

(2) Should the adopting spouses have different nationalities, the conditions stipulated by the laws of both spouses determined according to their nationalities as well as by the law of the state the citizen of which is the adoptee shall be complied with.

(3) Should it be necessary to apply foreign law under the paragraphs 1 and 2 which does not allow adoption or admits it only under extremely onerous circumstances, the Czech law shall apply provided the adopter or at least one of the adopting spouses or the adoptee is habitually resident in the Czech Republic.

(1) The effects of adoption shall be governed by the law of the state the citizens of which are all parties at the time of adoption, otherwise by the law of the state in which all parties are habitually resident at the time of adoption, otherwise by the law of the state the citizen of which is the adoptee.

(2) The law determined under the provisions of § 57 shall apply mutatis mutandis to the relations between the adoptee and the adopter or the adopters in matters of parental rights and obligations, custody and maintenance.

(1) If at the time of adoption the adopter, one of the adopters or the adoptee was a citizen of the Czech Republic, a foreign judgment on adoption shall be recognized in the Czech Republic unless it is incompatible with the public policy, it is not prevented by an exclusive jurisdiction of the Czech courts and adoption would be allowed also under the provisions of the substantive Czech law. The provisions of § 16 paragraph 2 shall apply to the recognition proceedings.

(2) If all the parties at the decisive time period were foreigners, foreign adoption judgments shall be recognized in the Czech Republic without further proceedings provided it is not incompatible with the public policy and such judgments would be recognized in the home states of all parties.

(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to adoption abroad undertaken in a manner other than by means of a judgment.

(1) The provisions of § 56 paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the jurisdiction of the Czech courts in matters of guardianship and curatorship of minors.

(2) Should the Czech courts not have jurisdiction in these matters pursuant to the paragraph 1, the Czech court shall proceed under the provisions of § 33 paragraphs 2 and 3 mutatis mutandis.

(1) In matters of guardianship and curatorship of minors, the law of such state shall apply the court or authority of which has been seised to decide upon it. However, in so far as the protection of the person or the property of the minor requires, the law of another state with which the situation has a substantial connection may exceptionally apply or be taken into account.

(2) If the minor s habitual residence changes and the minor is to have habitual residence in another state, the law of that other state shall govern from the time of the change the conditions for guardianship and curatorship established in the state where the minor was formerly habitually resident.

(3) Renvoi shall not be resorted to when applying the paragraphs 1 and 2.

(4) The provisions of § 35 and 36 shall apply mutatis mutandis.

The provisions of § 38 shall apply mutatis mutandis to the recognition of final foreign judgments in matters of guardianship and curatorship of minors.

(1) The Czech courts shall have jurisdiction to decide upon termination, annulment or non-existence of a registered partnership or a similar relationship, provided the registered partnership was celebrated in the Czech Republic or at least one of the partners is a citizen of the Czech Republic and is habitually resident in the Czech Republic.

(2) A registered partnership and similar relationships (regimes) as well as the effects thereof, the capacity to celebrate and terminate them, their annulment and non-existence shall be governed by the law of the state in which the registered partnership or a similar regime is being or has been celebrated. The same law shall apply to the personal and property relations of the partners.

(3) Foreign judgments on termination, annulment and non-existence of a registered partnership or a similar regime given in a state in which the registered partnership or a similar regime was contracted or may be recognized, shall be recognized without further proceedings.

The Czech courts or other competent Czech public authorities shall have an exclusive jurisdiction to decide upon rights in immovable properties located in the territory of the Czech Republic.

(1) Rights in rem in immovable properties as well as in tangible movable properties shall be governed, unless otherwise stipulated by this Act or other [Czech] law, by the law of the place where the property is located. The same law shall also apply to determine whether a property is immovable or movable one.

(2) Rights in vessels and aircraft registered in a public register, their creation as well as their extinguishment shall be governed by the law of the state in jurisdiction of which the register is kept.

(1) The creation and extinguishment of rights in rem in tangible movable properties shall be governed by the law of the place where the property was located at the time of occurrence of an event giving rise to the creation or extinguishment of the right.

(2) The creation and extinguishment of an ownership right in tangible movable properties that are being transferred on the basis of a contract shall be governed by the law governing the contract which forms the basis for the creation and extinguishment of the ownership right.

(3) If a legal act which shall form the basis for the creation and extinguishment of rights in rem to tangible movable properties was undertaken (performed) in a time period after the commencement of a carriage (transport) of such a property and for the duration of the carriage, such a creation and extinguishment shall be governed by the law of the place from which the property was sent. However, if the creation and extinguishment of rights in rem in these properties occur by means of disposition of a security which must be submitted in order to give (release) the property out and dispose of it, the law of the place where the security is located at the time of the disposal shall be applied.

Provisions on registration (records) in public books and similar registers applicable in place where the immovable property or movable property is located shall apply also when the legal title for creation, extinguishment, limitation or transfer of the registered right is governed by a different legal order.

Prescription shall be governed by the law applicable in place where the property was at the beginning of the course of the prescription period. A person entitled from prescription may, however, invoke the law of the state in the territory of which prescription took place provided from the time when the property entered the state all prescription prerequisites stipulated therefor by the law of that state have been met.

(1) A trust fund or a similar institution (hereinafter referred to as the «fund») shall be governed by a law chosen by the settlor provided the chosen law regulates the fund or the provisions of that law may be otherwise applied thereto.

(2) Should a law not be chosen pursuant to the paragraph 1 or should it not be possible to apply, the fund shall be governed by the law of the state with which it has the closest connection. When determining such a law, a consideration shall be paid in particular to

a) a place from which the fund is administered,

b) a place in which the property the fund consists of is predominantly located,

c) a place of a seat or habitual residence of the trustee,

d) the purposes intended by the creation of the fund as well as to the places where these purposes are to be achieved.

(3) If a certain element may be separated from the other fund elements, the applicable law may be determined separately thereto.

(4) A fund established abroad shall be recognized also according to the Czech law provided it shows essential characteristics required thereto by the Czech law.

(1) The Czech courts shall have jurisdiction to hear succession provided the deceased person was at the time of death habitually resident in the Czech Republic.

(2) Should an immovable property located in the territory of the Czech Republic be concerned, the Czech courts shall have an exclusive jurisdiction to hear succession.

(3) If the deceased person at the time of death was not habitually resident in the Czech Republic, the Czech court shall have jurisdiction over the estates which are located in the Czech Republic provided the state the authority of which has jurisdiction over such a succession neither lets succession of deceased persons habitually resident in the Czech Republic to be heard by the Czech courts nor attributes legal effects to their judgments, or provided another state declines to hear succession or to issue any statement thereupon. The Czech courts shall always have jurisdiction over succession that has been left in the Czech Republic by a citizen of the Czech Republic who was habitually resident abroad provided even only one of the heirs habitually resident in the Czech Republic requests it.

(4) In cases not referred to in the paragraphs 1 to 3 the Czech court shall limit itself to the measures necessary to secure the property of the deceased person.

(5) In the cases referred to in the paragraph 4 the court shall provide the parties, upon a request, with an attestation declaring that the Czech courts do not have jurisdiction to hear succession; before providing it the court shall, should it be justified, make a preliminary enquiry. Should a property be given out abroad, the court shall inform local heirs and creditors thereof by means of an announcement which shall be put up for 15 days on a notice board of the court; known parties shall be delivered the notification.

(6) The provisions of the paragraphs 4 and 5 shall not apply when a property of a negligible value is given out to the furnisher of a funeral or to a certain person in accordance with the applicable law.

Should a property located abroad be concerned, a Czech court shall hear succession only provided another state gives such a property out to the Czech courts for a hearing or attributes legal effects to judgments of the Czech courts in such matters.

Legal relations [arising out] of succession shall be governed by the law of the state in which the deceased person was habitually resident at the time of death. If the deceased person was a citizen of the Czech Republic and at least one of the heirs is habitually resident in the Czech Republic, the Czech law shall apply.

(1) A capacity to dispose or revoke a will as well as the effects of a defective intent and its expression shall be governed by the law of the state of which the deceased person is a citizen at the time of making the expression of intent or is habitually resident at that time. A law determined in the same manner shall apply to the capacity to dispose and revoke other types of dispositions of property upon death and also for determining which other types of dispositions of property upon death shall be admissible.

(2) A will shall be valid as to its form provided the form complies to the law of the state

a) of which the deceased person was a citizen at the time of making an expression of intent or at the time of death,

b) in the territory of which the will was disposed,

c) in which the deceased person was habitually resident at the time of making an expression of intent or at the time of death,

d) which shall be applied to legal relations of succession or it was supposed to be applied to them at the time of disposing a will, or

e) in which an immovable property is located, should the immovable property be concerned.

The same shall apply also to the form of a will s revocation.

(3) The provisions of the paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to the form of an agreement as to succession or other dispositions of property upon death, when the deceased person is understood as one of the parties to the agreement as to succession. The same shall apply also to the form of a revocation of an agreement as to succession and of other dispositions of property upon death.

(4) The deceased person may lay down in a will that instead of the otherwise applicable law the legal relations of succession shall be governed by the law of the state in which the deceased person is habitually resident at the time of disposing a will, including a succession of immovable properties, or the deceased person may lay down that the legal relations of succession including that of immovable properties shall be governed by the law of the state of which the deceased person is a citizen at the time of disposing a will.

(5) Parties to the agreement as to succession may choose any of the laws referred to in the paragraph 4 to govern the legal relations of succession, when the deceased person is understood as one of the parties to the agreement as to succession. The same shall apply as appropriate also to other dispositions of property upon death.

The deceased person s properties and rights located in the territory of the Czech Republic shall accrue to the Czech Republic provided there is no heir; the Czech courts shall have jurisdiction to decide in these matters. A state or another territorial unit or an institution existing for these purposes shall not be deemed as an heir, unless they were appointed an heir in a will.

Final foreign judgments in succession matters given in a state in which the deceased person was habitually resident at the time of death or of which he or she was a citizen, while the state gives out successions of deceased persons habitually resident in the Czech Republic to the Czech courts for a hearing or attributes legal effects of their judgments on these matters, shall be recognized without further proceedings unless prevented by the Czech courts jurisdiction. A foreign judgment which would be contrary to the provisions of § 78 shall not be recognized.

Intellectual property rights shall be governed by the law of the state which recognizes such rights and provides them with protection.

A Czech court shall have jurisdiction to declare as amortized documents issued abroad only provided their amortization may have, according to the nature of the matter, legal consequences in the Czech Republic.

Questions whether a security is validly issued, whether there are rights associated with it in such a manner that they cannot be exercised after the issuance of a security through all the term of its validity without the security concerned, and what rights and what legal effects are connected thereto, shall be governed according to the nature of the security by

a) the law governing the legal capacity and internal relations of a legal entity which issued the security,

b) the law governing the legal relation for which an issuance of a security is stipulated,

c) the law applicable in place where the security was issued,

d) the law of the state in which an entity issuing the security has a seat or habitual residence, unless the nature of the security corresponds to an application of another law, or

e) the law determined in a security provided the nature of the security admits it.

(1) Unless stipulated otherwise by law, a right to a security shall be governed by the law applicable in place where the security is located, while a transfer of a right to a security shall be governed by the law applicable in place where the security is located at the time of its disposition.

(2) A statutory lien over a security shall be governed by the law applicable in place of habitual residence or a seat of a lien creditor in a decisive time period, unless the parties choose another law; renvoi shall be excluded. Should a security which must be submitted in order to give out and handle properties be concerned, the law applicable in place where the security is located in the decisive time period shall be applied.

(3) Notwithstanding the provisions of the paragraphs 1 and 2, handling book-entry or immobilized securities or other securities entered in a depository, or handling a depository-entered right which acts as a book-entry security shall be governed by the law of the state in which the entry is undertaken; renvoi shall be excluded. A choice of law shall be admissible only provided it concerns a law of a state in which the entity administering the depository has its seat or branch at the time of the choice of law and administering a depository belongs among usual activities of such an entity.

(4) If investment instruments, including the rights associated thereto, are determined to secure the rights of

a) a participant in or an operator of a payment system with settlement finality, of a foreign payment system with settlement finality, of a settlement system with settlement finality or of a foreign settlement system with settlement finality provided such rights arose from his or her participation in or operating of the system, or

b) a central bank of a Member State of the European Union or the countries of the European Economic Area or the European Central Bank, the rights of such entities or entities acting on their behalf from a collateral security shall be governed by the law of the state where a depository of investment instruments is administered in which entries establishing legal effects of these acts are undertaken.

(5) If investment securities, collective investment securities or money market instruments to which a proprietary right or another right in rem is evidenced by an entry in a depository are provided as a subject of a financial collateral security, or if rights arising from an entry of investment securities, collective investment securities or money market instruments in a depository are provided as a subject of a financial collateral security and enabling an authorized entity to dispose of such a security or instrument directly or indirectly in an at least similar manner as a legitimate holder,

a) a legal nature of the subject of a financial collateral security as well as the property-law effects of such a financial collateral security,

b) conditions required for a financial collateral security creation, for providing of such a subject of a financial collateral security, as well as other conditions for the financial collateral security to become effective with respect to the third persons,

c) proprietary or other rights over the subject of a financial collateral security arising from their entry in a depository, as well as the condition of acquisition from a person other than the owner,

d) conditions and a manner of satisfaction from the subject of a financial collateral security provided a decisive event comes4,shall be governed by the law of the state in which the depository is administered.

(6) A takeover bid intended for owners of securities of a participating nature issued by a public limited-liability company with a seat in the Czech Republic the securities of which are admitted to be traded on a regulated market in the Czech Republic, as well as legal issues related to a takeover bid with an international element, shall be governed by the Czech law.

(7) A choice of a different law in the cases referred to in the paragraph 4, as well as a choice of a different law and renvoi in the cases referred to in the paragraph 5 shall be excluded.

(8) A law applicable to the existence and transition of a statutory lien over shares and securities issued by any of the legal entities participating in a cross-border transformation [a merger or similar transaction] shall be determined under a different legislation [Act No. 125/2008 Coll.].

The provisions of this Title shall apply in connection to the directly applicable provisions of the European Union law and international treaties5. This Title shall be limited to the issues not falling into the scope of the laws and treaties, unless these laws and treaties allow the application of this Act.

Jurisdiction of the Czech courts in matters of the law of obligations and of other property rights may be established also by means of a written agreement of the parties. Nevertheless the substantive (subject-matter) jurisdiction of the Czech courts shall not be altered by such an agreement.

(1) Jurisdiction of a foreign court in matters of the law of obligations and of other property rights may be determined by means of a written agreement of the parties. In matters of insurance and consumer contracts such an agreement shall be admissible only after a dispute arises or provided it enables only the policyholder, the insured, another beneficiary, the injured or the consumer to initiate proceedings in the courts of another state.

(2) If jurisdiction of a foreign court is determined pursuant to the paragraph 1, jurisdiction of the Czech courts shall thereby be excluded; a Czech court shall nevertheless hear the case provided

a) the parties unanimously declare their intent not to insist on the agreement,

b) a judgment given abroad would not be recognized in the Czech Republic,

c) a foreign court declined to hear the case, or

d) a jurisdiction agreement is contrary to the public policy.

(1) Contracts shall be governed by the law of the state with which the contract is the most closely connected, unless the parties have chosen the applicable law. The choice of law shall be made expressly or shall be undoubtedly demonstrated by the terms of the contract or the circumstances of the case.

(2) If a legal relation established (created) by means of a consumer contract is closely connected with the territory of a Member State of the European Union, a consumer shall not be deprived of the protection granted under the Czech law provided the proceedings are undertaken in the Czech Republic, although a law of a state other than a Member State of the European Union has been chosen or otherwise determined to apply to the contract.

(3) Insurance contracts shall be governed by the law of the state where the policyholder is habitually resident. Contractual parties may choose the law applicable to the insurance contract; should an insurance contract covered by a directly applicable provision of the European Union law be concerned, the parties may to an extent admitted by such a provision choose any applicable law.

(4) A consumer shall not be deprived of the protection granted by law in case a contract regarding the use of one or more establishments providing accommodation against consideration for more than one time period provided the contract is concluded for a period longer than one year (hereinafter referred to as the «timeshare»), the benefits of accommodation provided the contract is concluded for a period longer than one year (hereinafter referred to as the «long-term holiday product»), assistance in the timeshare or the long-term holiday product transfer against consideration or participation in an exchange system enabling consumers to mutually transfer the right to use the establishment providing accommodation or other services related to the timeshare under another legislation, all provided the applicable law is other than the law of a Member State of the European Union, provided the proceedings are undertaken in the Czech Republic and provided

a) any of the immovable properties concerned is situated within the territory of a Member State of the European Union, or

b) in connection with an immovable property concerned, an entrepreneur pursues activities in the territory of a Member State of the European Union or the activities are by any means directed in the territory of a Member State of the European Union.

(1) Jurisdiction of the Czech courts in labour matters may be established also by means of a written agreement of the parties. Nevertheless the substantive (subject-matter) jurisdiction of the Czech courts shall not be altered by such an agreement.

(2) If the Czech courts shall otherwise have jurisdiction, jurisdiction of foreign courts may be agreed upon in writing only after a dispute arises or provided the agreement enables only an employee to initiate proceedings in the courts of another state. The provisions of § 86 paragraph 2 shall apply mutatis mutandis.

An employment established by means other than of a contract shall be governed by the law of the state under which the employment was established.

Legal relations arising from unilateral legal acts shall be governed by the law of the state in which the person undertaking the unilateral legal act had habitual residence or seat at the time when the legal act was undertaken, unless the person has chosen the application of a different law.

(1) A security of obligation shall be governed by the same law as the secured obligation, unless a right in rem is concerned or it follows otherwise from law or nature of the matter or the parties or a party who provided the security by means of a unilateral expression of intent chooses the application of another law. A statutory lien over claims and other rights shall be governed by the same law as the claim or other right over which the statutory lien was established, unless the parties choose the application of another law. A choice or change of the applicable law shall not prejudice the rights of third parties. Only rights following from the law governing the secured obligation may be exercised against the debtor.

(2) The consequences of a breach of obligation shall be governed by the law governing the obligation.

(3) A transfer of rights and obligations by operation of law shall be governed by the law applicable to cases for which the law stipulates such a transfer, unless it follows otherwise from the nature of the matter. The right and obligation itself shall remain to be governed by the same law as before the transfer.

Set-off shall be governed by the same law as the claim against which the right to set-off is asserted. The parties may by means of an agreement choose the application of a different law.

(1) Effects of binding declarations of a bill of exchange recipient and of a promissory note issuer shall be governed by the law of the payment place.

(2) Effects of other bill of exchange declarations shall be governed by the law of the state in which they were made.

Time limits for exercising recourse rights by all persons bound by a bill of exchange shall be governed by the law of the place where the bill of exchange was issued.

The law of the place where the bill of exchange was issued shall govern whether a bill of exchange owner acquires a claim which forms the basis for the issuance of the bill of exchange.

The law of the payment place shall govern whether it is possible to limit the acceptance of bills of exchange to a part of the bill of exchange sum and whether the owner is obliged to accept a partial payment. The same principle shall apply to the payment of promissory notes.

The law of the payment place shall govern measures which have to be undertaken should the bill of exchange get lost or stolen.

Effects of cheque declarations shall be governed by the law of the state in which they were made.

Time limits for exercising recourse rights by all persons bound by a cheque shall be governed by the law of the place where the cheque was issued.

The law of the state in which a cheque is payable shall govern

a) whether the cheque must be payable at sight or whether it can be exposed to a certain time after sight and what effects occur when the cheque lists a later day than an actual date of issuance,

b) the period for submission,

c) whether it is possible to accept a cheque, verify, confirm or authorize it, and what effects such clauses shall have,

d) whether the owner may request a partial payment and be obliged to accept it,

e) whether a cheque may be crossed or provided with an «only to settlement» certificate or a certificate of the same meaning and what effects crossing or a settlement certificate or a certificate of the same meaning shall have,

f) whether the owner is vested with special rights for coverage and what is the content of such rights,

g) whether the issuer can revoke a cheque or state opposition against the payment of a cheque,

h) the measures which have to be undertaken should the cheque get lost or stolen,

i) whether a protest or a finding of the same meaning is necessary to preserve recourse rights against the endorser, the issuer and other persons bound by the cheque.

Non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality, including defamation, shall be governed by the law of the state in which the violation occurred. Nevertheless the affected (injured) person may choose the law of the state in which

a) the affected person has habitual residence or seat,

b) the violation initiator (perpetrator) has habitual residence or seat, or

c) the result of a violating conduct appeared (manifested itself) provided the violation agent could predict it.

Unless stipulated otherwise, courts shall contact (communicate with) foreign authorities through the Ministry of Justice.

Upon a request of a foreign court or authority, the Czech court shall provide judicial cooperation (assistence) under the condition of reciprocity. Judicial cooperation may be refused

a) should the performance of the requested act not fall within the jurisdiction of the requested Czech court; nevertheless should its performance fall within the jurisdiction of another court or other Czech public authorities, the request will be forwarded for a hearing to a court or other competent public authority, or

b) when a performance of an act contrary to the public policy is requested.

(1) The requested judicial cooperation shall be provided under the Czech law; upon a request of a foreign authority, a foreign procedural provision may be followed provided the requested procedure is not contrary to the public policy.

(2) If a foreign authority requests, witnesses, experts and parties may be heard also under oath. This shall also apply when a sworn declaration must be submitted abroad concerning facts relevant to the making or keeping of the claims.

(3) An oath of witnesses and parties shall read as follows: «I hereby solemnly swear on my honour to tell the whole and clear truth and not withhold anything I may be asked about by the court.»

(4) An expert s oath shall read as follows: «I hereby solemnly swear to provide my expert opinion to the best of my knowledge and belief.»

(5) Should a subsequent oath be concerned, the wording of the oath shall be modified accordingly.

If a foreign document is not provided with a certified translation into the Czech language, it shall be served to the recipient provided the recipient is willing to accept it; the recipient shall be informed that he or she must be aware of the legal consequences which may occur abroad should he or she refuse to accept the document.

(1) Upon a request of a Czech court, a Czech embassy shall perform

a) service to persons in the state of its jurisdiction, provided it is admissible under an international treaty or general international law or provided it is not precluded by laws of the state where the act is to be performed,

b) service to the citizens of the Czech Republic in the state where the act is to be performed who enjoy diplomatic privileges and immunities there, as well as questioning of such citizens as witnesses, experts or parties to the proceedings,

c) questioning of witnesses, experts and parties to the proceedings as well as other procedural acts, should such persons come voluntarily and provided it is not precluded by provisions applicable in the state where the act is to be performed or provided it is not precluded by serious defenses.

(2) A Czech embassy shall proceed appropriately under laws for the requesting court and the acts performed by the embassy shall have the same effect as if they were performed by the court itself.

(3) If succession proceedings are conducted abroad and the circumstances suggest that the heir is a citizen of the Czech Republic or is habitually resident in the territory of the Czech Republic, the court shall upon a request of the Ministry of Foreign Affairs perform acts leading to the identification of the heir. A district court in the district of which the identified person is supposed to be staying shall have local jurisdiction, otherwise a court in the district of which is the seat of the Ministry of Foreign Affairs.

Service effected upon a request of a Czech court by a foreign authority as well as evidence taken before it shall be effective even when not in accordance with the provisions of a foreign law provided they comply with the Czech legislation.

The Ministry of Justice shall issue a certificate on the law applicable (effective) in the Czech Republic to those who need it to assert their rights abroad. Such a certificate shall not provide an interpretation of a provision or an interpretation of how to apply a provision to a particular legal matter.

Upon a request of a document s holder, the Ministry of Justice and consequently the Ministry of Foreign Affairs shall attach its superlegalisation to documents issued or legalised by courts or to documents prepared or legalised by a notary or a bailiff which are to be applied abroad. A superlegalisation cannot be attached to a simple copy of the document.

Upon a request of a court, in case of its doubts when hearing matters covered by this Act, the Ministry of Justice shall provide its opinion.

(1) Should the Czech courts have jurisdiction to open insolvency proceedings under a directly applicable legislation of the European Union6, the proceedings shall extend also to the debtor s assets in a foreign state other than a Member State of the European Union provided the foreign state attributes effects to the proceedings in its territory; the extension is effective to the extent of the attributed effects. An insolvency liquidator shall exercise his or her powers also in the territory of a foreign state provided the law of the foreign state allows it and only within the limits of such law.

(2) The Czech courts may open and conduct insolvency proceedings if the debtor has an establishment in the Czech Republic provided it is requested by the creditor with habitual residence or seat in the Czech Republic or the creditor s claim arose in connection with the establishment s activities. The effects of the proceedings shall be in such a case limited to the assets in the Czech Republic.

(3) In addition to cases governed by the directly applicable legislation of the European Union6, its conflict-of-law provisions may apply appropriately.

(4) If a judgment on insolvency of a participant of a payment system with settlement finality, of a foreign payment system with settlement finality, of a settlement system with settlement finality or of a foreign settlement system with settlement finality was given, or if another judgment against that party was issued or other action with similar effects undertaken by a public authority, the rights and obligations of the participant arising from the participation in the system shall be governed by the same law which governs a legal relation between the system parties during settlement. The choice of another law shall be excluded.

(5) A foreign judgment in the insolvency proceedings matters shall be recognized under the condition of reciprocity provided in a foreign state in which it was given the debtor has a center of main interests and provided the debtor s assets in the Czech Republic are not a subject of pending proceedings according to the paragraph 2. In these cases and also otherwise, unless the property which became a subject of insolvency proceedings abroad is a subject of initiated insolvency proceedings before a Czech court, the debtor s movable properties located in the Czech Republic shall be given out (extradited) to a foreign court at its request, provided a court of a state which maintains reciprocity is concerned. Nevertheless the debtor s assets may be given out abroad only when the rights to exclude properties from the estate have been satisfied as well as the rights of secured creditors acquired before the request of a foreign court or other competent authority was received.

(1) A financial institution, for the purposes of this Act, means a bank, a savings and loan association, a foreign bank provided it enjoys the benefits of a single license under the European Union law, in the case of the paragraphs 2, 5 through 9, and 12 through 14 also a foreign bank from a state other than a Member State of the European Union or a state of the European Economic Area (hereinafter referred to as «Member State») which has a branch in at least two Member States.

(2) An insolvency of a financial institution, for the purposes of this Act, means a situation solved by

a) collective proceedings led against a financial institution, opened and monitored by the administrative or judicial authorities of a Member State with the aim of realizing assets under the supervision of those authorities, including where the proceedings are terminated by debt relief (deleverage) or by other measures with the same effect (hereinafter referred to as «bankruptcy proceedings» ), or

b) measures the purpose of which is to preserve or restore the financial situation of a financial institution and which could affect third parties pre-existing rights, including measures involving the possibility of a suspension of payments, suspension of enforcement of claims, suspension of enforcement measures or reduction of claims (hereinafter referred to as «reorganization»).

(3) Reorganization shall be applied in accordance with the laws and procedures applicable in the state where the financial institution received a license or a similar authorization, unless otherwise stipulated below.

(4) Bankruptcy proceedings shall be conducted in accordance with the laws and procedures applicable in the state where a financial institution has been granted a license or a similar authorization, unless otherwise specified below, in particular concerning

a) the assets subject to administration and the treatment of assets acquired by the financial institution after the opening of bankruptcy proceedings,

b) the respective powers of the financial institution and the person conducting bankruptcy proceedings,

c) the conditions under which set-offs may be invoked,

d) the effects of bankruptcy proceedings on current contracts to which the financial institution is party,

e) the effects of bankruptcy proceedings on proceedings and arbitration proceedings brought by individual creditors, with the exception of proceedings as provided for in § 114 paragraph 2,

f) the claims which are to be lodged against the financial institution and the treatment of claims arising after the opening of bankruptcy proceedings,

g) the rules governing the lodging, verification and admission of claims,

h) the rules governing the distribution of the proceeds of the realization of assets, the ranking of claims and the rights of creditors who have obtained partial satisfaction after the opening of bankruptcy proceedings by virtue of a right in rem or through a set-off,

i) the conditions for and the effects of the closure of bankruptcy proceedings,

j) creditors rights after the closure of bankruptcy proceedings,

k) who is to bear the costs and expenses incurred in the bankruptcy proceedings, or

l) the rules relating to the voidness, voidability or unenforceability of legal acts due to their detrimental effects upon creditors7.

(5) The effects of the opening of bankruptcy proceedings and reorganization on

a) employment contracts and relationships shall be governed solely by the law of the Member State applicable to the employment contract,

b) a contract conferring the right to make use or acquire immovable property shall be governed solely by the law of the Member State within the territory of which the immovable property is situated; that law shall also determine whether the property is movable or immovable,

c) rights in respect of immovable property, a ship or an aircraft subject to registration in a public register shall be governed solely by the law of the Member State under the authority of which the register is kept.

(1) The exercise and enforcement of rights in investment instruments the existence or transfer of which presupposes their recording in a register, an account or a centralized deposit system held or located in a Member State shall be governed by the law of that state.

(2) Netting agreements shall be governed solely by the law of the contract which governs such agreements.

(3) Without prejudice to the paragraph 1,

a) repurchase agreements shall be governed solely by the law of the contract which governs such agreements,

b) transactions carried out in the context of a regulated market of financial instruments shall be governed solely by the law of the contract which governs such transactions.

(4) The provisions of § 112 paragraph 4 shall not apply to the rules relating to the voidness, voidability or unenforceability of legal acts due to their detrimental effects upon creditors provided the beneficiary of these acts provides proof that

a) the act detrimental to the creditors is subject to the law of a Member State other than the state which issued the financial institution s license or a similar authorization, and

b) that law does not allow any means of challenging that act in the case in point.

(5) The provisions of § 112 paragraph 3 shall not apply to the rules relating to the voidness, voidability or unenforceability of legal acts due to their detrimental effects upon creditors following from the enactment of reorganization decided on by a court provided the acts were performed before the adoption of reorganization and provided the beneficiary of these acts provides proof that

a) the act detrimental to the creditors is subject to the law of a Member State other than the state which issued the financial institution s license or a similar authorization, and

b) that law does not allow any means of challenging that act in the case in point.

(1) Where, by an act concluded after the opening of bankruptcy proceedings or the adoption of a reorganization measure, a financial institution disposes, for consideration, of

a) an immovable property,

b) a ship or an aircraft subject to registration in a public register, or

c) investment instruments or rights in such instruments the existence or transfer of which presupposes their being recorded in a register, an account or a centralized deposit system held or located in a Member State, the effects of that act shall be governed by the law of the Member State within the territory of which the immovable property is situated or under the authority of which that register, account or deposit system is kept.

(2) The effects of reorganization or bankruptcy proceedings on a pending lawsuit concerning an asset or a right of which the financial institution has been divested shall be governed solely by the law of the Member State in which the lawsuit is pending.

(3) The possibility to demand the set-off of claims against the claims of the financial institutions shall be governed by the law applicable to the financial institution s claim; this shall not preclude the provisions of § 112 paragraph 4 letter l).

(4) In the cases referred to in paragraphs 1 through 3, § 112 paragraphs 3 through 5, and § 113 the choice of another law shall be excluded.

(1) An insolvency of an insurance undertaking, for the purposes of this Act, means a situation solved by

a) collective proceedings involving realizing the assets of an insurance undertaking and distributing the proceeds among its creditors, shareholders or members as appropriate, which necessarily involve any intervention by the administrative or judicial authorities of a Member State, including where the collective proceedings are terminated by a composition or other analogous measure, whether or not they are founded on insolvency or are voluntary or compulsory (hereinafter referred to as the «winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking»), or

b) measures involving any intervention by the administrative or judicial authorities of the Member State which are intended to preserve or restore the financial situation of an entity and which may affect pre-existing rights of third parties, including but not limited to measures involving the possibility of a suspension of payments, suspension of enforcement of claims, suspension of enforcement measures or reduction of claims (hereinafter referred to as «reorganization measures in the event of bankruptcy of an insurance undertaking»).

(2) An insurance undertaking, for the purposes of this Act, means also a branch of an insurance undertaking provided the seat of the insurance undertaking is not in the territory of a Member State and provided the insurance undertaking has been granted an authorization to carry out activities in a Member State in accordance with the European Union law.

(3) A reorganization measure in the event of bankruptcy of an insurance undertaking including its branches shall be conducted in accordance with the laws and procedures applicable in the state where an insurance undertaking has been granted an authorization to carry out activities, unless otherwise specified below8. The reorganization measure shall not preclude the opening of the winding-up proceedings. The reorganization measure shall be effective in all Member States upon its entry into force in the state under the first sentence.

(4) Winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking shall be conducted in accordance with the laws and procedures applicable in the state where an insurance undertaking has been granted an authorization to carry out activities, unless specified otherwise below, in particular concerning

a) the assets which form part of the estate and the treatment of assets acquired by or devolving on the insurance undertaking after the opening of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking,

b) the respective powers of the insurance undertaking and the liquidator,

c) the conditions under which set-off may be invoked,

d) the effects of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking on current contracts to which the insurance undertaking is a party,

e) the effects of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking on court and arbitration proceedings brought by individual creditors, with the exception of lawsuits as provided for in § 116 paragraph 4,

f) the claims which are to be lodged against the insurance undertaking s estate and the treatment of claims arising after the opening of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking,

g) the rules governing the lodging, verification and admission of claims,

h) the rules governing the distribution of proceeds from the realization of assets, the ranking of claims, and the rights of creditors who have obtained partial satisfaction after the opening of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking by virtue of a right in rem or through a set-off,

i) the conditions for and the effects of closure of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking, in particular by composition,

j) creditors rights after the closure of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking,

k) who is to bear the costs and expenses incurred in the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking, or

l) the rules relating to the voidness, voidability or unenforceability of legal acts due to their detrimental effects upon creditors.

(5) The effects of a reorganization measure in the event of bankruptcy of an insurance undertaking or of an opening of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking on

a) employment contracts and relationships including corresponding relationships shall be governed solely by the law of the Member State applicable to the employment contract or employment relationship,

b) a contract conferring the right to make use or acquire immovable property shall be governed solely by the law of the Member State within the territory of which the immovable property is situated,

c) rights with respect to immovable property, a ship or an aircraft subject to registration in a public register shall be governed solely by the law of the Member State under the authority of which the register is kept.

(1) Without prejudice to the rights in rem of creditors or third parties in respect of assets belonging to the debtor, the effects of a reorganization measure in the event of bankruptcy of an insurance undertaking or of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking on the rights and obligations of the parties on a regulated market shall be governed by law applicable to the market; this shall not preclude the application of § 115 paragraph 4 letter l) upon legal acts arising in order to suspend payments or transactions governed by the law applicable to that market.

(2) The provisions of § 115 paragraph 4 letter l) shall not apply to the rules relating to the voidness, voidability or unenforceability of legal acts due to their detrimental effects upon creditors provided the beneficiary of these acts provides proof that

a) the act detrimental to the creditors is subject to the law of a Member State other than the state which issued the insurance undertaking s authorization to carry out activities, and

b) that law does not allow any means of challenging that act in the case in point.

(3) Where, by an act concluded after the adoption of a reorganization measure in the event of bankruptcy of an insurance undertaking or the opening of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking, an insurance undertaking disposes, for a consideration, of

a) an immovable property,

b) a ship or an aircraft subject to registration in a public register, or

c) investment or other securities or rights to them the existence or transfer of which presupposes their entry in a register, an account or a centralized deposit system held or located in a Member State, the effects of that act shall be governed by the law of the Member State within the territory of which the immovable property is situated or under the authority of which the register, account or deposit system is kept.

(4) The effects of a reorganization measure in the event of bankruptcy of an insurance undertaking or of the winding-up proceedings in the event of bankruptcy of an insurance undertaking on a pending lawsuit concerning an asset or a right of which the insurance undertaking has been divested shall be governed solely by the law of the Member State in which the lawsuit is pending.

(5) The possibility to demand the set-off of claims against the claims of the debtor shall be governed by the law applicable to the debtor s claim; this shall not preclude the provisions of § 115 paragraph 4 letter l).

(6) In the cases referred to in paragraphs 1 and 3 through 5 and § 115 paragraph 3 through 5, the choice of another law shall be excluded.

(1) An admissibility of an arbitration agreement shall be judged according to the Czech law. Other constituents of the arbitration agreement shall be judged according to the law of the state in which an arbitral award is to be issued.

(2) A form of the arbitration agreement shall be governed by the law applicable to other constituents of the arbitration agreement; nevertheless it shall be sufficient if a law of the place or places where the intent was manifested is to apply.

A foreigner may also be designated as an arbitrator provided he or she has legal capacity under the law of the state of which he or she is a citizen; it shall however be sufficient if the foreigner has legal capacity under the Czech law. Other requirements for the performance of duties of an arbitrator designated for a resolution of disputes arising from consumer contracts shall be stipulated by other legislation [Act. No. 216/1994 Coll., as amended].

A law applicable to a dispute shall be the law chosen by the parties. If the parties have not chosen such law, it shall be determined by the arbitrators in accordance with the provisions of this Act. The conflict-of-law provisions of the applicable law shall be taken into consideration only provided it follows from the choice of law made by the parties. Should the parties expressly mandate the arbitrators thereto, the arbitrators may decide the dispute in accordance with the principles of justice; should disputes arising from consumer contracts be concerned, consumer protection provisions of the otherwise applicable law shall be applied. The provisions of § 87 paragraph 2 shall also apply to the decision making in the arbitration proceedings.

Arbitral awards issued in a foreign state shall be recognized and enforced in the Czech Republic as the Czech arbitral awards provided reciprocity is guaranteed. Reciprocity shall be considered to be guaranteed also in the case that one state generally declares foreign arbitral awards enforceable under the condition of reciprocity.

Recognition or enforcement of a foreign arbitral award shall be refused if the foreign arbitral award

a) is not final or enforceable under the law of the state where it was made,

b) was set aside in a state in which or under the law of which it was made,

c) is vitiated by an error which is a reason for setting aside of the Czech arbitral award by a court, or

d) is contrary to the public policy.

(1) Recognition of a foreign arbitral award shall not be rendered in a separate judgment. While maintaining the conditions of § 120 and 121, a foreign arbitral award shall be recognized by the fact that it is taken into consideration (account) as if it was a Czech arbitral award.

(2) Enforcement of a foreign arbitral award shall be ordered by a reasoned decision of a Czech court.

(1) An establishment and existence of legal relations and facts which arose from them before the entry of this Act into force, including the choice of law, shall be judged under the existing (preceding) legislation. The provisions of this Act shall apply to legal relations established even before its entry into force provided they are of a continuous, long-lasting nature and include repeated and lasting acts of participants as well as facts important for them after the date of entry of this Act into force, in respect of such acts and facts.

(2) The provisions of the existing (preceding) legislation on jurisdiction of the Czech courts shall continue to apply to proceedings initiated prior to the date of entry of this Act into force. This shall also apply to proceedings in matters of recognition and enforcement of foreign judgments and foreign arbitral awards concerning the conditions for their recognition and enforcement.

The following legislation is hereby repealed:

1. Act No. 97/1963 Coll., on Private International and Procedural Law.

2. Act No. 361/2004 Coll., Amending Act No. 97/1963 Coll., on Private International and Procedural Law, as Amended.

3. Article III of Act No. 158/1969 Coll., Supplementing and Amending Civil Procedure Code, Notary Code and Act on Private International and Procedural Law.

4. Article II of Act No. 234/1992 Coll., Amending and Supplementing Act No. 94/1963 Coll., on Family, as Amended by Act No. 132/1982 Coll.

5. Article V of Act No. 264/1992 Coll., Amending and Supplementing Civil Code, Repealing Act on Notary Public and Procedure before Notary Public (Notarial Code) and Amending and Supplementing Certain Other Acts.

6. Part One of Act No. 125/2002 Coll., Amending Certain Acts in Connection with Adoption of Act on Payments.

7. Part Four of Act No. 37/2004 Coll., on Insurance Contracts and Amending Related Acts (Insurance Contract Act).

8. Part Twenty-One of Act No. 257/2004 Coll., Amending Certain Acts in Connection with Adoption of Act on Business on Capital Market, of Act on Collective Investment and of Act on Bonds.

9. Part Thirteen of Act No. 377/2005 Coll., on Supplementary Supervision over Banks, Savings and Credit Unions, Electronic Money Institutions, Insurance Undertakings and Securities Dealers in Financial Conglomerates and Amending Certain Other Acts (Act on Financial Conglomerates).

10. Part Twenty-Six of Act No. 57/2006 Coll., Amending Certain Acts in Connection with Unification of Supervision over Financial Markets.

11. Part Twenty-Two of Act No. 70/2006 Coll., Amending Certain Acts in Connection with Adoption of Act on Implementation of International Sanctions.

12. Part Two of Act No. 233/2006 Coll., Amending Act No. 99/1963 Coll., Civil Procedure Code, as Amended, and Certain Other Acts.

13. Part Four of Act No. 296/2007 Coll., Amending Act No. 182/2006 Coll., on Insolvency and Methods of its Solution (Insolvency Act), as Amended, and Certain Acts in Connection with its Adoption.

14. Part Two of Act No. 123/2008 Coll., Amending Act No. 99/1963 Coll., Civil Procedure Code, as Amended, Act No. 97/1963 Coll., on Private International and Procedural Law, as Amended, and Act No. 549/1991 Coll., on Court Fees, as Amended.

15. Part Fifteen of Act No. 7/2009 Coll., Amending Act No. 99/1963 Coll., Civil Procedure Code, as Amended, and Other Related Acts.

16. § 4 paragraph 2, and Part V of Act No. 216/1994 Coll., on Arbitration and Enforcement of Arbitral Awards.

17. Article I Part Four and Article II Section Twelve of Act No. 191/1950 Coll., on Bills of Exchange and Cheques.

18. Part One of Act No. 409/2010 Coll., Amending Certain Acts in Connection with Adoption of Act on Financial Collateral Security.

19. Part III of Act No. 28/2011 Coll., Amending Act No. 40/1964 Coll., Civil Code, as Amended, and Other Related Acts.

This Act shall enter into force as of 1 January 2014.