LA OBLIGACIÓN AUT DEDERE AUT IUDICARE
Y SU CUMPLIMIENTO EN ESPAÑA*

1. La importancia de esta obligación en la cooperación internacional destinada a hacer efectiva la lucha contra la impunidad ya quedó reconocida en la época de Hugo Grocio quien enunció el principio aut dedere aut punire. Su formulación actual, aut dedere aut iudicare, resulta más adecuada y conforme con los estándares derivados del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

2. El tratamiento de la regla aut dedere aut iudiciare no era nuevo para la CDI ya que cabe considerar, como indica la propia Comisión, que la obligación de extraditar o juzgar estuvo englobada dentro de la «Jurisdicción con respecto a delitos cometidos fuera del territorio nacional», que figuraba en la lista provisional de catorce temas seleccionados en el primer periodo de sesiones de la Comisión en 1949 y fue abordado al hilo de la elaboración del Proyecto de Código de crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad de 1996, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 66.º periodo de sesiones, del 5 de mayo al 6 de junio y del 7 de julio al 8 de agosto de 2014, Asamblea General. Documentos oficiales. 66.º periodo de sesiones, Suplemento núm. 10, (A/69/10), Capítulo VI: La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), p. 153.

3. Véase Informe preliminar, de 7 de junio de 2006 (A/CN.4/571); Segundo informe, de 11 de junio de 2007 (A/CN.4/585); Tercer informe, de 10 de junio de 2008 (A/CN.4/603), y Cuarto informe, de 31 de mayo de 2011 (A/CN.4/648).

4. Véase Informe de la Comisión de Derecho internacional sobre la labor realizada en su 66.º periodo de sesiones (A/69/10), cit., nota 2, párrs. 57-64.

5. Véase Remiro Brotons, A., Derecho Internacional. Curso General, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 824.

6. Sobre esta cuestión véase Orihuela Calatayud, E., La jurisdicción universal en España. Discurso leído el 27 de enero de 2016 en el acto de recepción como Académica de Número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia, Murcia, 2016, p. 126.

7. Gaceta de Madrid, de 8 de abril de 1931.

8. Véanse arts. 8 y 9.

9. Sobre las diferentes posiciones en torno al término crimen internacional y la posible clasificación de estos, véase ad. ex., Bassiouni, M. Ch., «International Crimes: The Ratione materiae of International Criminal Law», en Bassiouni, M. Ch., International Criminal Law, vol. 1, 3.ª ed., Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, pp. 129-203; Sánchez Legido, A., Jurisdicción universal penal y Derecho internacional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 57-65; Terje, E., The concept of universal crimes in international law, Oslo, EPublisher, 2012. También es posible encontrar referencias a las distintas posiciones sobre el alcance del término crimen internacional o a la forma en que lo entienden los autores en algunas obras generales relacionadas con el Derecho internacional penal. En este sentido, véase Boister, N., An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 3-8; Cassese, A., International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 23-25; Cryer, R., Friman, H., Robinson, D. y Wilmshurst, E., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 3.ª ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 3-8; Werle, G., Principles of International Criminal Law, La Haya, Asser Press, 2005, pp. 25-27.

10. BOE núm. 34, de 8 de febrero de 1969.

11. En el asunto de la Aplicación del Convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro), la CIJ puso de manifiesto que la obligación de enjuiciar este crimen solo afecta al Estado en cuyo territorio se hubiera cometido, CIJ, Reports, 2007, párr. 442.

12. BOE núm. 308, de 25 de diciembre de 1969. Este convenio ha sido modificado por el Protocolo de 4 de abril de 2014 que todavía no ha entrado en vigor y al que nuestro país aún no ha manifestado el consentimiento. Véase http://www.icao.int/secretariat/legal/Status of individual States/spain_es.pdf (consultada el 13 de junio de 2016).

13. El convenio faculta al Estado en cuyo territorio se encuentre el delincuente a su detención a los efectos del inicio del procedimiento penal o de la extradición, si las circunstancias lo justifican y se dan las condiciones requeridas para ello (art. 13), por lo que no existe una obligación de enjuiciar en todo caso. El enjuiciamiento y la extradición parecen constituir opciones alternativas de carácter facultativo que el Estado puede barajar y, además, puede estimular la solicitud de extradición ya que el convenio obliga al Estado que procede a la detención a comunicar esta circunstancia a los Estados interesados, entre los que se encuentran el de la matrícula de la aeronave y el de la nacionalidad de la persona detenida.

14. Véase art. 49 del Convenio (I) para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, BOE de 23 de agosto de 1952; art. 50 del Convenio (II) para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, BOE de 26 de agosto de 1952; art. 129 del Convenio (III) relativo al trato de los prisioneros de guerra, BOE de 5 de septiembre de 1952, y art. 146 del Convenio (IV) relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, BOE de 2 de septiembre de 1952.

15. En virtud de lo establecido en su art. 85.1, BOE núm. 177, de 26 de julio de 1989. Este tratado, al regular las cuestiones relativas a la asistencia judicial en materia penal, insta a las partes a tomar debidamente en consideración la solicitud presentada por el Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción alegada (art. 88.2).

16. BOE núm. 13, de 15 de enero de 1973.

17. Convenio de Montreal, de 23 de septiembre de 1971, sobre represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación (art. 7), BOE núm. 9, de 10 de enero de 1974, complementado por el Protocolo de Montreal, de 24 de febrero de 1988, para la represión de actos de violencia ilícitos cometidos en aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, BOE núm. 56, de 5 de marzo de 1992; Convenio, de 10 de septiembre de 2010, para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, llamado a sustituir al Convenio de Montreal de 1971 y al Protocolo de 1988 (art. 10). Este convenio aún no ha entrado en vigor ni ha sido ratificado. Véase http://www.icao.int/secretariat/legal/Status of individual States/spain_es.pdf (consultada el 13 de junio de 2016).

18. Convención de Roma, de 10 de marzo de 1988, para la represión de los ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (art. 10.1), BOE núm. 99, de 24 de abril de 1992, y Protocolo de Roma, de 10 de marzo de 1988, para la represión de ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas situadas en la plataforma continental, BOE núm. 99, de 24 de abril de 1992. Estos textos han sido modificados por sendos Protocolos de 14 de octubre de 2005 (BOE núm. 170, de 14 de julio de 2010, en el que se puede consultar el texto refundido del convenio). En virtud de lo establecido en el art. 1, al Protocolo relacionado con la seguridad de las plataformas se le aplica lo dispuesto en el art. 10 de la Convención de Roma citada anteriormente que es el que recoge la obligación aut dedere aut iudicare.

19. Convención de Viena, de 3 de marzo de 1980, sobre protección física de los materiales nucleares (art. 10), BOE núm. 256, de 25 de octubre de 1991.

20. Convención de Nueva York, de 14 de diciembre de 1973, sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (art. 7), BOE núm. 33, de 7 de febrero de 1986; Convención de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1994, sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y del personal asociado (art. 14), BOE núm. 124, de 25 de mayo de 1999.

21. Convención de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1997, para la represión de los atentados terroristas con bombas (art. 8.1), BOE núm. 140, de 12 de junio de 2001; Convenio de Nueva York, de 9 de diciembre de 1999, para la represión de la financiación del terrorismo (art. 10.1), BOE núm. 123, de 23 de mayo de 2002; Convención, de 13 de abril de 2005, para la supresión de actos de terrorismo nuclear (art. 11.1), BOE núm. 172, de 19 de julio de 2007.

22. Convención de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1984, contra la tortura y otras penas o tratos crueles o degradantes (art. 7.1), BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 1987; Convención, de 20 de diciembre de 2006, sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2011, a los que cabe añadir la Convención de Nueva York, de 17 de diciembre de 1979, contra la toma de rehenes (art. 8), BOE núm. 162, de 7 de julio de 1984.

23. A esta fórmula se adaptaron los negociadores del Protocolo II, de 26 de marzo de 1999, de la Convención de La Haya, de 12 de agosto de 1954, sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (art. 17.1), BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2004.

24. Sobre las diferencias de estas cláusulas véase Orihuela Calatayud, E., op. cit., nota 6, pp. 59-72.

25. Cit., nota 7.

26. Véase el art. 36.2.a) iv) del Convenio, de 30 de marzo de 1961, único sobre estupefacientes, BOE núm. 96, de 22 de abril de 1966, modificado por el Protocolo, de 26 de marzo de 1972, BOE núm. 39, de 15 de febrero de 1977; el art. 22.2.a) iv) del Convenio, de 21 de febrero de 1971, sobre sustancias sicotrópicas, BOE núm. 218, de 10 de septiembre de 1976, y el art. 6.9 de la Convención de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1988, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, BOE núm. 270, de 10 de noviembre de 1990; los arts. 15.3 y 16.10 de la Convención de las Naciones Unidas, de 15 de noviembre de 2000, contra la delincuencia organizada transnacional, BOE núm. 233, de 29 de septiembre de 2003, aplicable a sus Protocolos en virtud de lo establecido en sus arts. 1 (Protocolo, de 15 de noviembre de 2000, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2003; Protocolo, de 15 de noviembre de 2000, contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que completa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2003, y Protocolo de Nueva York, de 31 de mayo de 2001, contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que completa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007), y el art. 44.11 de la Convención de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2003, contra la corrupción, BOE núm. 171, de 19 de julio de 2006.

27. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2002. En su art. 5.5 se dispone que: «Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a que se refiere el párrafo 1 del art. 3 y el Estado requerido no la concede o no desea concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese Estado adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento».

28. Véanse los arts. 22.1 y 22.2.a) iv) del Convenio, de 21 de febrero de 1971, sobre sustancias sicotrópicas, cit., nota 26; arts. 3 y 5.2 del Convenio de Montreal sobre represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación, cit., nota 17; arts. 2 y 3.2 de la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, cit., nota 20; arts. 2 y 5.2 de la Convención contra la toma de rehenes, cit., nota 22; arts. 7.2 y 8.2 de la Convención sobre protección física de los materiales nucleares, cit., nota 19; arts. 4 y 5.2 de la Convención contra la tortura, cit., nota 22; arts. 5 y 6.4 de la Convención para la represión de los ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y arts. 1 y 3.4 del Protocolo para la represión de ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas situadas en la plataforma continental, cit., nota 18; arts. 3 y 4.2 de la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, cit., nota 26; arts. 9.2 y 10.4 de la Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y del personal asociado, cit., nota 20; arts. 4 y 6.4 de la Convención para la represión de los atentados terroristas con bombas, cit., nota 21; art. 15.2 del Protocolo II sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, cit., nota 22, al igual que los Convenios de Ginebra la competencia de los tribunales de los Estados partes viene conferida por el propio tratado; arts. 4 y 7.4 del Convenio para la represión de la financiación del terrorismo, cit., nota 21; arts. 3 y 4.3 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de los niños en la pornografía, cit., nota 27; arts. 5, 6, 8 y 15.3 de la Convención contra la delincuencia organizada transnacional, cit., nota 26; arts. 3 y 4.3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, cit., nota 25; arts. 1 y 6 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, cit., nota 25; arts. 1 y 5 del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cit., nota 26; arts. 15-27, 42.3 y 4 de la Convención contra la corrupción, cit., nota 25; arts. 5 y 9.4 de la Convención para la supresión de actos de terrorismo nuclear, cit., nota 21; arts. 4, 7 y 9.2 de la Convención sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, cit., nota 22; arts. 1.5, 3 y 8.3 del Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, cit., nota 17.

29. BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2011.

30. De tercera alternativa habla la CDI, véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 66.º periodo de sesiones (A/69/10), cit., nota 2, p. 166.

31. Esta es la postura que mantiene el Relator Especial para el tema de los crímenes de lesa humanidad, Sean D. Murphy, pues en su Segundo Informe sobre los crímenes de lesa humanidad, de 21 de enero de 2016 (A/CN.4/690) ha incluido un proyecto de art. 9 que bajo la rúbrica aut dedere aut judicare ha redactado de la siguiente forma: «1. Si una persona que presuntamente haya cometido uno de los delitos a los que se hace referencia en el proyecto de artículo 5, párrafos 1 y 2, es hallada en cualquier territorio bajo la jurisdicción o el control de un Estado, ese Estado someterá el asunto a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, salvo que extradite o entregue a la persona a otro Estado o tribunal penal internacional competente. 2. Si el Estado somete el asunto a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, esas autoridades decidirán si proceden al enjuiciamiento y el modo de enjuiciar de la misma manera en que lo harían por cualquier delito común de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado».

32. BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 1987. Su art. 7.1 establece: «El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el art. 4, en los supuestos previstos en el art. 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento».

33. Sobre la extensión de la interpretación efectuada respecto de la Convención contra la tortura a otros convenios internacionales que contienen cláusulas de este tipo se decanta también el Estudio de la Secretaría de la CDI titulado Examen de las convenciones multilaterales que pueden resultar pertinentes para la labor de la Comisión de Derecho Internacional sobre el tema «La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare)», de 18 de julio de 2010 (A/CN.4/630), pp. 69-70, párr. 131.

34. En su decisión, el CAT puso de manifiesto que «la obligación de enjuiciar al presunto autor de actos de tortura no depende de la existencia previa de una solicitud de extradición del mismo. Esta alternativa que se ofrece al Estado parte en virtud del art. 7 de la Convención existe solo si se ha formulado efectivamente dicha demanda de extradición, y puesto, por ende, al Estado parte, en la situación de escoger entre a) proceder a esa extradición o b) someter el caso a sus propias autoridades judiciales para iniciar la acción penal, ya que la disposición tiene por finalidad evitar la impunidad de todo acto de tortura».

35. En palabras de la Corte: «Le paragraphe 1 de l’article 7 impose à l’État concerné l’obligation de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, indépendamment de l’existence, au préalable, d’une demande d’extradition à l’encontre du suspect [...] En revanche, si l’État sur le territoire duquel se trouve le suspect est saisi d’une demande d’extradition dans l’un des cas prévus par les dispositions de la convention, il peut se libérer de son obligation de poursuivre en faisant droit à la demande d’extradition. Il en résulte que le choix entre l’extradition et l’engagement des poursuites, en vertu de la convention, ne revient pas à mettre les deux éléments de l’alternative sur le même plan. En effet, l’extradition est une option offerte par la convention à l’État, alors que la poursuite est une obligation internationale, prévue par la convention». Véase asunto relativo a las Cuestiones relativas a la obligación de perseguir o extraditar (Bélgica c. Senegal), CIJ, Recueil, 2012, párrs. 94- 95.

36. Sobre la posible formación de una norma consuetudinaria que contenga la obligación de extraditar o juzgar, véase el exhaustivo trabajo de Sosa Navarro, M., Aut dedere aut judicare, crimen de lesa humanidad y Corte Penal Internacional, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, Colección electrónica, núm. 7, 2016.

37. Véase Sánchez Legido, A., Jurisdicción universal..., op. cit., nota 9, pp. 254-255, y Bassiouni, M. Ch. y Wise, E. M., Aut dedere aut judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995, pp. 20-69, en las que se hace un análisis de las posiciones doctrinales existentes al respecto. Sobre las distintas posiciones doctrinales, véase Mitchell, C., Aut dedere, Aut judicare: The Extradite or Prosecute Clause in International Law, eCahiers, 2009, núm. 2, párrs. 20-85.

38. Posición que en la doctrina española defienden Abad Castelos, M., La toma de rehenes como manifestación de terrorismo y el Derecho internacional, Madrid, Ministerio del interior, Secretaría General Técnica, 1997, pp. 153-154 y p. 376, nota 187; Abellán Honrubia, V., «La responsabilité internationale de l’individu», R. des C., t. 280, 1999, pp. 249 y 362, y Pueyo Losa, J., «Un nuevo modelo de cooperación internacional en materia penal: entre la justicia universal y la jurisdicción internacional», en Álvarez González, S. y Remacha y Tejada, J. R., Cooperación jurídica internacional, Madrid, Colección Escuela Diplomática, 2001, núm. 5, p. 193. Por lo que respecta a la doctrina extranjera, esta es la posición mantenida por Cassese, A., International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 301; Cryer, R., Prosecuting International Crimes. Selectivity and the International Criminal Law Regime, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 110-116; Maison, R., «Les premiers cas d’application des dispositions pénales des Conventions de Genève par les juridictions internes», EJIL, vol. 6, 1995, p. 270, nota 32; Plachta, M., «Contemporary problems of extradition: human rights, grounds for refusal and the principle aut dedere aut judicare», 114th International Training Course, Visiting experts papers, Resource material series, 2001, núm. 27, pp. 64-86, en p. 73; Randall, K., «Universal Jurisdiction under International Law», Texas Law Review, 1988, p. 833; Robertson, G., Crimes against Humanity, Nueva York, Penguin, 1999, p. 366; Sunga, L., The Emerging System of International Criminal Law, La Haya-Londres-Boston, Kluwer Law International, 1997, pp. 254-255 y 272; Tomuschat, Ch., «La Cristallisation Coutumière», en Ascensio, H., Decaux, E. y Pellet (eds.), Droit International Penal (2.ª ed.), París, Pedone, 2012, p. 29; Weller, M., «On hazards of foreign travel for dictators and other international criminals», International Affairs, vol. 75, 1999, pp. 608-609.

39. Posiblemente sea Bassiouni, M. Ch., el máximo exponente de esta posición doctrinal. Véase en este sentido, International Extradition: United States Law and Practice, 1987, p. 22, y Crimes against Humanity, Dordrecht-Boston-Londres, Martinus Nijhoff, 1992, pp. 499-510. La misma posición mantienen David, E., Principes de droit des conflits armés, Bruselas, Bruylant, 1994, pp. 667-668; Roht-Arriaza, N., «Nontreaty Sources of an Obligation to Investigate and Prosecute», en Roht-Arriaza, N. (ed.), Impunity and Human Rigths in International Law and Practice, Nueva York-Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 41. En España esta posición es la mantenida por Alcaide Fernández, J., Las actividades terroristas ante el Derecho internacional contemporáneo, Madrid, Tecnos, 2000, pp. 134-136, en relación con el terrorismo.

40. En este sentido, véase Jurdi, N. N., The International Criminal Court and National Courts. A Contentious Relationship, Farnham, Ashgate, 2011, pp. 24-31, para quien la regla es costumbre, aunque advierte que no hay acuerdo sobre si su cristalización alcanza a todos los crímenes o solo a los más graves. En su opinión existe consenso respecto de los crímenes prohibidos por normas de ius cogens. El carácter obligatorio de la regla aut dedere aut iudicare respecto de estos crímenes de ius cogens también ha sido afirmado por Bassiouni, véase Bassiouni, M. Ch., «Universal jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice», en Bassiouni, M. Ch., International Criminal Law. Vol. II: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms, 3.ª ed., Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, pp. 153-199.

41. Una posición contraria a la existencia de esta norma consuetudinaria fue la mantenida por cuatro de los jueces que formaron la mayoría que rechazó la solicitud libia de adopción de medidas cautelares en el asunto Lockerbie. Véase la declaración conjunta de los jueces Evensen, Tarassov, Guillaume y Aguilar Mawdsley en el asunto Cuestiones de interpretación y de aplicación de la convención de Montréal de 1971 resultante del incidente aéreo de Lockerbie (Jamahiriya árabe Libia c. Estados Unidos) y Cuestiones de interpretación y de aplicación de la convención de Montreal de 1971 resultante del incidente aéreo de Lockerbie (Jamahiriya árabe Libia c. Reino Unido) (medidas provisionales), CIJ, Recueil, 1992, párr. 2. Frente a ellos, los jueces Weeramantry y Ranjeva, disidentes en la decisión de la Corte que rechazó las medidas cautelares solicitadas por Libia en el asunto Lockerbie, mantuvieron la posición contraria, véase CIJ, Recueil, 1992, pp. 179 y p. 72, párr. 2, respectivamente. Por su parte la jueza ad hoc Ch. van der Wijngaert se pronunció en el mismo sentido en la declaración que hizo respecto de la decisión de 8 de diciembre de 2000 en el asunto Orden de arresto de 11 de abril de 2000 (República Democrática del Congo c. Bélgica) (medidas cautelares), CIJ, Recueil, 2000, pp. 230-231, párr. 6.

42. TPIY, asunto Blaskic, caso núm. IT-95-14, Sentencia de 29 de octubre 1997 relativa a la solicitud de la República de Croacia de examinar la decisión de la Sala de primera instancia II de 18 de julio de 1997, párr. 29.

43. La Corte entendió que en el momento de la interposición de la demanda no se había evidenciado la existencia de una controversia sobre el incumplimiento por parte de Senegal de obligaciones impuesta por normas de Derecho consuetudinario y que, por tanto, no tenía competencia para pronunciarse sobre las demandas de Bélgica relacionadas con esta cuestión. Véase el asunto Cuestiones relativas a la obligación de perseguir o extraditar (Bélgica c. Senegal), Sentencia de 20 de julio de 2012, CIJ, Recueil, 2012, párrs. 54-55. Posición abiertamente criticada por el juez ad hoc Serge Sur en su opinión disidente, CIJ, Recueil, 2012, p. 610, párrs. 17-18.

44. Véase Cuarto Informe sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare) (A/CN.4/648), pp. 20-21.

45. La posición de la CDI puede resultar decepcionante si tenemos en cuenta que la Comisión pretendía con su informe ayudar a los Estados en la aplicación de la citada regla y que es precisamente la determinación del carácter consuetudinario o no de la misma lo que suscita dudas y controversia.

46. Véase Informe de la Comisión de Derecho internacional sobre la labor realizada en su 66.º periodo de sesiones (A/69/10), cit., nota 2, pp. 172-173, párrs. 49-54.

47. En este sentido, véase Abellán Honrubia, V., op. cit., nota 38, p. 245; Abad Castelos, M., La toma de rehenes..., op. cit., nota 38, p. 376, nota 187, y Cryer, R., Prosecuting International..., op. cit., nota 38, p. 113.

48. Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción universal, BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2014.

49. Sobre esta reforma véase el Ágora dedicada por el SYIL, en su vol. 18 (2013-2014), con contribuciones de Abad Castelos, M., «The End of Universal Jurisdiction in Spain?», pp. 223-230; Chinchón Álvarez, J., «The Reform(s) of Universal Jurisdiction in Spain: For Whom the Bells Tolls?», pp. 231-237; Bollo Arocena, M. D., «The Reform of the Universal Jurisdiction in Spain», pp. 239-247; Pérez González, C., «Some Comments on Article 24(4) (M) of Spain’s Organic Law of the Judiciary: Universal Jurisdiction over Trafficking in Human Beings Offences?», pp. 249-254; Escobar Hernández, C., «Universal Jurisdiction in Spain: Substantial Change of Model or Implied Repeal?», pp. 255-265. El Profesor Sánchez Legido también dedicó su atención a esta reforma, Sánchez Legido, A., «El fin del modelo español de jurisdicción universal», REEI, 2014, núm. 27. Véase también Orihuela Calatayud, E., op. cit., nota 6.

50. La competencia de los tribunales españoles queda condicionada a que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

51. En relación con la tortura y las desapariciones forzadas la competencia de los tribunales españoles queda condicionada a que el procedimiento se dirija contra un español, o la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.

52. La competencia de los tribunales españoles respecto de los delitos de terrorismo cometidos en el extranjero varía en función del lugar de comisión de los hechos. Si el delito se comete en espacios marinos, nuestra LOPJ no impone ninguna condición, pero si se cometen en cualquier otro lugar, la competencia de los tribunales españoles queda supeditada a que el supuesto encuentre encaje en los recogidos en el apartado e).

53. Al igual que ocurre con el terrorismo, la competencia de los tribunales españoles para conocer de los delitos relacionados con el tráfico de drogas cometidos en espacios marinos no se encuentra sujeta a ninguna condición adicional, pero en el caso de que se cometan en cualquier otro lugar, la actuación de nuestros tribunales queda limitada a aquellos supuestos en los que el procedimiento se dirija contra un español o cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español.

54. La competencia de los tribunales españoles para conocer de los delitos relacionados con la seguridad de la navegación marítima no está sometida a ningún límite o condición.

55. Según la regulación establecida en este apartado, la actuación contra los responsables de la comisión de estos delitos está condicionada a que el delito se haya cometido por un español o contra una aeronave que navegue bajo pabellón español (sic).

56. Respecto del enjuiciamiento de estos delitos, la LOPJ no impone ninguna condición.

57. En este caso la competencia de los tribunales españoles queda limitada a aquellos delitos que hayan sido cometidos por un ciudadano español.

58. Según esta disposición, los tribunales españoles son competentes para conocer de los delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión.

59. En relación con estos delitos los tribunales españoles serán competentes cuando el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España; o el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España.

60. Nuestros tribunales son competentes para conocer de estos delitos cuando el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.

61. Convención en la que se hace referencia a: a) la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida; b) la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad; c) la amenaza de cometer tal atentado; d) la tentativa de cometer tal atentado, y e) la complicidad en tal atentado.

62. En la que se consideran delitos contra el personal de las Naciones Unidas y su personal asociado: la comisión intencional de: a) un homicidio, secuestro u otro ataque contra la integridad física o la libertad de cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas o el personal asociado; b) un ataque violento contra los locales oficiales, la residencia privada o los medios de transporte de cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas o del personal asociado, que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad; c) una amenaza de tal ataque con el objetivo de obligar a una persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto; d) una tentativa de cometer tal ataque, y e) un acto que constituya la participación como cómplice en tal ataque o tentativa de ataque o que suponga organizar u ordenar a terceros la comisión de tal ataque.

63. Entre quienes han comentado y valorado la reforma operada por esta ley véase Esteve Moltó, J. E., «Causes and initial effects of the Spanish Organic Law 1/2009 reforming the principle of universal Jurisdiction in Spain», SYIL, 2010, núm. 16, pp. 19-53, y «La aplicación por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de los nuevos límites a la jurisdicción universal: un paso hacia la impunidad», REDI, 2010-2, vol. 62, pp. 321-325; Ferrer Lloret, J., «The Principle of Universal Criminal Jurisdiction in Spanish Practice (2003-2009)», SYIL, 2009, vol. 15, pp. 63-106; Márquez Carrasco, C. y Martín Martínez, M., «El principio de jurisdicción universal en el ordenamiento jurídico español: pasado, presente y futuro», Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 2011, vol. 11, pp. 251-303, y Pigrau Solé, A., La jurisdicción universal y su aplicación en España: La persecución del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad por los tribunales nacionales, RxDH: Col·leció Recerca per Drets Humans, 03, Barcelona, 2009.

64. La referencia a este delito se encontraba en el apartado d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) y allí se mantuvo hasta la reforma de 2009. Véase BOE núm. 157, de 2 de julio de 1985; BOE núm. 104, de 1 de mayo de 1999, en el que se publicó la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VII del Libro II del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre; BOE núm. 163, de 9 de julio de 2005, respecto de la Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007, en el que se publicó la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. Sobre estas reformas, véase Orihuela Calatayud, E., op. cit., nota 6.

65. Según lo establecido en esta disposición, se considera delito la comisión intencionada de: a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispensar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa, o es probable que cause, la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales; b) hurto o robo de materiales nucleares; c) malversación de materiales nucleares o su obtención mediante fraude; d) un acto que consista en la exacción de materiales nucleares mediante amenaza o uso de violencia o mediante cualquier otra forma de intimidación; e) una amenaza de: i) utilizar materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales; ii) cometer uno de los delitos mencionados en el apartado b) a fin de obligar a una persona física o jurídica, a una organización internacional o a un Estado a hacer algo o abstenerse de hacer algo; f) una tentativa de cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a), b) o c), y b) un acto que consista en participar en cualquiera de los delitos mencionados en los apartados a) a f).

66. Este apartado, tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, prevé la competencia de nuestros tribunales en los siguientes supuestos: 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o se encuentre en España o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español, o con un extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de un delito de terrorismo; 3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España; 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; 5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española; 6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España; 7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español, o 8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados. A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles.

67. En la citada sentencia, el Tribunal Supremo advierte que no se aprecia que la redacción del art. 23.4.a) de la LOPJ vulnere los Convenios de Ginebra (FD 27) y que, según lo establecido en dicha disposición, «los Tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero, salvo en los supuestos en que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas» (FD 29). Una conclusión que hace extensiva a otros procedimientos, lo que ha tenido repercusión en el caso Couso, pues el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional dictó, el 9 de junio de 2015, auto en aplicación de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo declarando concluso el sumario y su remisión a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Auto de 9 de junio de 2015, Juzgado Central de Instrucción núm. 1, AN, Sumario 27/2007).

68. FD 27.

69. Obligación contenida en los arts. 49, 50, 129 y 146 de los Convenios de Ginebra I, II, III y IV, respectivamente.

70. Como puede ser el caso de los convenios relacionados con la protección de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, pues la denuncia no motivada de los mismos con arreglo al art. 56 de la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969, BOE núm. 142, de 13 de junio de 1980, puede encontrar oposición por alguna de las partes en los doce meses siguientes a su notificación al resto de partes. Además, no debemos olvidar que ya existen pronunciamientos de los órganos de vigilancia de algunos de ellos sobre la inadmisibilidad de denuncias en aplicación de las cláusulas convencionales que las habían previsto. En este sentido, véase Remiro Brotons, A., op. cit., nota 5, p. 323.

71. Esta era la razón que según el legislador motivó la reforma de 2014. Véase la exposición de motivos de la Ley 1/2014, de 13 de marzo, BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2014.

72. En mi Discurso de incorporación como Académica de Número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la región de Murcia, op. cit., nota 6, pp. 160-167, se pueden consultar los motivos que me llevan a una valoración negativa de la reforma operada en 2014.